'Sexting', delito sin sentencias

Luz del Carmen Sosa/ El Diario de Juárez
2019-01-09

Ciudad Juárez- A 19 meses de que el “sexting” fue tipificado como delito en el Código Penal de Chihuahua, el Ministerio Público no ha obtenido una sola sentencia contra probables agresores, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

De 195 carpetas de investigación iniciadas desde mayo de 2017 –cuando el Congreso del Estado aprobó las modificaciones al Código Penal para reconocer ese delito–, el Ministerio Público judicializó siete carpetas y 165 se encuentran aún en etapa de investigación.

Impunidad prevalece en el ‘sexting’

Aunque la FGE coadyuvó con legisladores en la elaboración de la iniciativa que presentaron en el Congreso al exponer que la práctica de enviar o intercambiar mensajes, fotos, videos o audios de contenido sexual por medio de dispositivos electrónicos con mutuo consentimiento de los participantes, en el 84 por ciento de los casos denunciados, la representación social aún mantiene las carpetas bajo investigación.

En cinco casos la autoridad judicial otorgó la suspensión de proceso a prueba, una alternativa prevista en el CP para evitar la cárcel y en uno de los casos judicializados aquí en Juárez, la juez de control dictaminó el auto de no vinculación a proceso por un error del MP en el debido proceso.

En el resto de las investigaciones el MP resolvió que el 3.5 por ciento de las carpetas se fueran al archivo temporal; uno por ciento quedó sin ejercicio de la acción penal por inexistencia del delito; en el 4.6 por ciento la víctima otorgó el perdón y el 2.5 por ciento de casos no se inició la investigación al no acreditarse el delito.

El fiscal general César Augusto Peniche Espejel, dijo que la investigación de este delito corresponde básicamente a la Policía Cibernética.

“Es un tema poco explorado y no hay todavía una cultura de la denuncia, que es un elemento indispensable para la integración de la carpeta”, refirió el abogado.

¿Qué es el sexting?

Este delito es la práctica que comprende el intercambio, la difusión o publicación  de mensajes, fotos, videos o audios de contenido sexual por medio de dispositivos electrónicos y de las redes sociales.

Desde mayo del 2017 está contemplado en el Código Penal del Estado de Chihuahua en el artículo 180  Bis, que establece sanciones de uno a cuatro años de prisión y de 100 a 200 días de multa a quien sin consentimiento tenga derecho a otorgarlo y en perjuicio de alguien, revela, divulgue o utilice indebidamente imágenes de contenido erótico o sexual.

La iniciativa fue presentada desde el 2014 y argumentaba que “desde una perspectiva de derechos humanos y de derechos de las mujeres y las niñas, el ‘sexting’ es una forma de violencia en la comunidad, debido a que los actos individuales o colectivos transgreden derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito público, propiciando así su denigración, discriminación, marginación o exclusión”.

“Se basa en el uso de estereotipos discriminatorios sobre las mujeres y sus cuerpos. Lo que refleja el sexting y la impunidad sobre la cual se desarrolla, es una concepción del cuerpo de la mujer; que no le pertenece, que puede ser usado, agredido, y vejado por los hombre, tal como sucede en todas las agresiones, y cuya imagen tampoco le pertenece, por lo que pueden ser fotografiadas, filmadas y difundidas sin su consentimiento”, menciona.

“Es otra forma de despojo de la autonomía de las mujeres y de control de su cuerpo, que como algunos casos lo sugieren, se conecta directamente con otras formas de violencia contra las mujeres como el feminicidio y/o las agresiones sexuales.

El no denunciar ni poner en evidencia que esta violencia hacia las mujeres no es normal, fomenta las divisiones simbólicas entre las buenas y las malas mujeres, callamos porque “las malas” merecían lo que les pasó, cita la iniciativa.

Aunque la FGE coadyuvó con legisladores en la elaboración iniciativa que presentaron en el Congreso al exponer que la práctica de enviar o intercambiar de mensajes, fotos, videos o audios de contenido sexual por medio de dispositivos electrónicos con mutuo consentimiento de los participantes, en el 84 por ciento de los casos denunciados, la representación social aún mantiene las carpetas bajo investigación.

Denunció, pero errores en la investigación ‘tumbaron’ el caso

En uno de los casos judicializados, aquí en Juárez, la juez de control dictaminó el auto de no vinculación a proceso por un error del MP en el debido proceso, ya que la etapa de integración se rompió la cadena de custodia de las fotografías que fundamentaron la denuncia.

La cadena de custodia de una prueba es un procedimiento controlado en el que se registra quién entrega y recibe la prueba desde su localización, fijación, recolección, embalaje y traslado para no alterar o contaminar la evidencia y al no cumplirse, no existía elemento de prueba acusatoria, se explicó en la audiencia donde el acusado quedó en libertad.

El archivo periodístico refiere que Adel Ali Ibrahim –nacido en Arabia, nacionalizado mexicano y también naturalizado estadounidense– fue acusado de divulgar el 26 de octubre del 2017 fotografías de contenido sexual de su expareja sentimental sin su consentimiento.

Una agente del Ministerio Público (MP) de la Fiscalía de la Mujer señaló en la audiencia de imputación que el material fue distribuido en la maquiladora donde laboraba la víctima, cuya identidad quedó bajo reserva judicial.

Al presentar la denuncia, la víctima refirió que el gerente le mandó hablar y le mostró tres fotografías de ella desnuda.

También explicó que en el texto que acompañaba las imágenes se leía el nombre de la víctima luego el mensaje “independiente, servicio completo, hotel, motel y domicilio. Pareja y baile, servicio completo, previa cita” y se agregaba un número telefónico.

En otras tres hojas enviadas a la maquiladora presuntamente por Ali Ibrahim se mostraban los datos personales de la víctima, como el nombre, edad, su domicilio, el correo y la escuela donde estudia, además de señalar que es ninfómana.

La afectada también indicó que en agosto de 2015 laboró con Ali Ibrahim y un mes después inició una relación sentimental con él. Posteriormente Ali le prestó 29 mil pesos y cuando terminó la relación –entre abril y mayo del año pasado– él le mostró las hojas que fueron enviadas a la maquiladora y le dijo que si le veía la cara y no le pagaba las iba a hacer públicas.

El abogado defensor del acusado dijo que su representado no envió el paquete a la maquiladora, que no había un documento que así lo acreditara y también evidenció que la cadena de custodia de las fotografías se rompió, lo que le permitió la libertad.

Las estadísticas

La FGE dio a conocer que en todo el estado se han registrado 200 víctimas femeninas en edades de los 11 a los 49 años; 45 corresponden al año 2017 y 155 del primero de enero al 30 de noviembre del 2018.

Juárez es el municipio que ocupa el mayor número de víctimas registradas desde mayo del 2017 hasta el mes pasado con 100 casos; Chihuahua se encuentra en segundo lugar con 62 y Parral en tercero con 8 ofendidas. Las víctimas femeninas se encuentran principalmente en el grupo de edad de los 18 a los 29 años con 90 agraviadas, seguido del grupo conformado por adolescentes de los 12 a 17 años con 53 casos y en tercer lugar de los 30 a 34 años con 25 víctimas.

En el caso de víctimas masculinas el grupo de edad más afectado se encuentra entre los 30 a 34 años con dos ofendidos.

En el caso de los probables agresores el grupo de edad más denunciado están en edades de los 18 a 29 años con 35 imputados, es la misma edad establecida entre las mujeres denunciadas como probables agresoras.  La FGE informó que el Ministerio Público actualmente trabaja en coordinación con la Unidad Estatal de Delitos Electrónicos e Informáticos y otras áreas técnicas “para fortalecer la asesoría e integración de las carpetas de investigación penal”.