Pablo González defiende la justicia selectiva

Jaime García Chávez
2018-10-14

El gobierno de Chihuahua y el país debe conocer –lo obliga el derecho a la información– los acuerdos a que han llegado Javier Corral Jurado y César Augusto Peniche con los corruptos políticos del gobierno anterior, específicamente el pactado con Jaime Ramón Herrera Corral, el informante principal en torno al cual gira la operación Justicia para Chihuahua.
En el fondo, esa sería la base para demostrar a plenitud de la justicia selectiva que Unión Ciudadana ha reclamado como un procedimiento que propicia la impunidad con ropajes de legalidad.
El tema de la justicia selectiva no es parte de una agenda metafísica, teológica, teorética. Se trata de un tópico que tiene historia y particularmente posee una concreción similar a la más sólida estructura de hormigón armado. Como noticia a este texto, señalo como antecedente que la reforma constitucional federal al artículo 21, dispuso como facultad para el ministerio público “considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley”, según se puede leer en esa parte del código básico. De tal manera que el debate nada tiene que ver con la vigencia de esa norma, tan alta que está en la cima de nuestro orden jurídico. Así se desprende, además, del Código Nacional de Procedimientos Penales (Artículo 256).
Sostengo que detrás de la supuesta innovación legislativa hay una claudicación del papel del Estado y el gobierno frente a la delincuencia, que pasa así a formar parte del combate de sí misma. En otras palabras: el gobierno pacta con delincuentes para perseguir a los delincuentes, lo que habla de un agotamiento del famoso Ius puniendi del Estado, que en materia de combate a la corrupción debiera ser una facultad soberana, irrenunciable e indelegable. Pero no perdamos de vista que la Constitución dice “el ministerio público podrá”; es decir, concede una facultad potestativa, atrás de la cual debe estar, cuando se emplea, una decisión absolutamente responsable y fundada. La discrecionalidad aquí no es admisible, en especial por involucrar al interés público.
El gobierno de Corral ha pactado con cabezas importantes del gobierno de Duarte. En la realidad les ha concedido beneficios que la ciudadanía chihuahuense detestaría en grado mayor si los conociera a detalle. Entonces, varias preguntas están a la vista, por evidentes: ¿estos sujetos de la protección ya repararon y garantizaron los daños que causaron en corresponsabilidad con Duarte?, ¿cuánto reintegraron al erario?, ¿acaso no fueron autores intelectuales?, ¿cuáles datos novedosos aportaron que no pudieran ser obtenidos por otras vías si se actuara diligentemente y con profesionalismo?, ¿el delito del protegido es acaso menos grave o su participación menor a la del tirano prófugo?
Pienso que las respuestas son obvias. Duarte ciertamente estaba en la cima del poder corrupto y corruptor, pero a los que se han protegido en esencia formaban una especie de mafia para defraudar el patrimonio de Chihuahua y desde cierta mirada se conducían como pares en la tarea del pillaje que los benefició.
Con este antecedente, me resulta una obviedad que el ministerio público no tenía necesidad de concederles prerrogativas; al contrario, su responsabilidad era ejercer en su contra la acción penal, más si nos hacemos cargo de que el principal implicado ni siquiera fue aprehendido a partir de las delaciones detectivescas, pues como se sabe (es hecho público y notorio) se sustrajo al brazo de la justicia, haciendo mucho más obvia la selectividad negligente del fiscal y del gobernador.
No está de más asomarse al diccionario para ver la definición del verbo “seleccionar”, que no es otra cosa que la acción y el efecto de elegir, en este caso a una o varias personas, para separarlas y preferirlas. En el tema que me ocupa, se le ha dado al ex secretario de Hacienda un carácter preferente en premio a la información proporcionada, que por lo visto no ha sido eficiente ni eficaz para capturar y procesar al pez más gordo, y los análogos, en la especie, el mismo delator. De lo que hemos sido testigos es, ni más ni menos, de que la escalera de la corrupción se está barriendo de abajo para arriba, manteniendo bajo proceso y en prisión a delincuentes con un perfil menor de peligrosidad, no por ello menos punibles.
Así las cosas, en esto parece aplicarse una selección natural burdamente darwiniana, en el que los más fuertes y poderosos salen ilesos, mientras a otros se les aplica un rigor exterminatorio, sin duda posible, pero al fin y al cabo exhibiendo el privilegio que da la ventaja a los fuertes frente a los débiles, violentando el principio de igualdad ante la ley. Esto significa que el Estado es impotente para hacer justicia y acude al auxilio de los que debiera perseguir por las razones obvias que aquí se suponen.
En el debate estatal sobre el carácter selectivo de esta justicia, no se trata de examinar si los ángeles tienen o no alas. El tema es concreto, tiene nombre y apellido, está en boca de todos, hay un reclamo ciudadano muy extendido que debe ser tomado en cuenta de manera inexcusable.
Todo esto viene como una derivación de opiniones que circulan a través de los medios y que produjo Pablo González Villalobos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante las cuales afirma (habrá qué ver a detalle su disertación en el encuentro corralista) lo siguiente: “Todo el derecho penal, absolutamente todo, es selectivo. No hay formas de investigar y procesar todas las conductas delictuosas. El problema no es que sea selectivo o no, el problema es cómo se selecciona; pero no hay ministerio público, fiscalía en el mundo, que sea capaz de procesar todos los delitos que se cometen, por lo tanto, siempre hay selección”.
Lamentable declaración de un personaje del mundo judicial que presume de vasta cultura jurídica y conocimientos filosóficos y que en su afán de hacer la defensa de la visión corralista, produce lo que se llama “argumento nulo”. O un eufemismo en favor de su empleador. O de plano mera abstracción para deslindar (y deslindarse, llegado el momento) al nuevo orden quinquenal que mira, si a objetivos irrelevantes vamos, hacia el 2021. Si así piensa la cabeza de un poder, imaginemos el mensaje que manda hacia sus subalternos, a los jueces y sobre todo a una sociedad que quiere ver liquidada la impunidad. Y a ese propósito vale hacer esta pregunta: ¿quién selecciona?, para darse cuenta del despropósito de estas palabras.
Pero no me extrañan. Si se examina la trayectoria de González Villalobos encontraremos que durante el sexenio anterior, es decir, el de Duarte y Herrera, era casi normal verlo llegar presuroso y diligente a las oficinas del Ejecutivo para desahogar consultas, trabar compromisos y adoquinar escalones en la búsqueda insaciable de poder que lo caracteriza, conducta que a decir de no pocos, “es enfermiza”. Y lo que son las cosas, se vende bien como filósofo, jurista, medievalista, escolástico y otras lindezas. Con ellas ha pavimentado el ascenso en su carrera.
Lo dicho hasta aquí es un probete. Habrá que leer su disertación y hacerlo con lupa, pues con representantes del Poder Judicial de esta ralea, poco, por no decir nada, se puede esperar.