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-Otra historia pudo ser la del mercado
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martes, 22 enero 2019 | 01:10-Otra historia pudo ser la del mercado
-Monumentos a la corrupción ahora son azules
-Viene aumento sin justificación alguna
A capricho se mueven las piezas en el Poder Legislativo, desde la cómoda mayoría coyuntural lograda a golpe de prebendas y canonjías como en los mejores tiempos de los cañonazos de a 50 millones en el PRI post-revolucionario.
El PAN cumplió su amenaza, y en apenas seis días, de pronto le cayó el 20 de la austeridad y el gasto eficiente, y decidió, con el voto de sus aliados Rocío Sarmiento, Rubén Aguilar, Misael Máynez, René Frías, Jesús Velázquez y Alejandro Gloria, desaparecer la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales.
Con panistas de cepa como Hugo Gutiérrez -de sangre muy azul, exsecretario de gobierno con Pancho Barrio-, los primeros dos años, y una efímera Olivia Franco, el PAN y sus aplaudidores, jamás se dieron por enterados de las letanías de buen gobierno de las cuales está plagado el dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria, con el cual, dan golpe de estado y arrebatan la única posición de Morena, que hoy se duele de traición por sus antiguos compañeros de coalición.
El PAN, con una mayoría adquirida en subasta, pasa por encima de Morena, cuyo delegado, Juan Carlos Loera, ni se tibia ni acusa recibo alguno, desde una complacencia y omisión muy natural, de connivencia con palacio estatal.
Curioso que Loera haga un escandalazo por el nombramiento de un delegado federal, orqueste manifestaciones de rompe y rasga, y en el caso del Congreso ni siquiera asome la cabeza. Una tibia, muy tibia, presencia con unas cuantas gentes en la plaza y nada más.
Con esta jugada inescrupulosa, la mayoría panista recupera la comunicación social y la operación jurídica en todos los frentes, que el año pasado había cedido a una coalición morenista sumamente fuerte, que se desinfló en unos meses por los apachurrones que le dio justamente Loera en su concertacesiones con el gobernador.
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Los locatarios enardecidos exigían muy de madrugada, el pasado domingo, sacar sus pertenencias y productos del mercado de la segunda.
“Este no sabe lo que hace”, gritaban airados ante un César Jáuregui Moreno, que ni se inmutaba.
Cigarro en la mano, con su peculiar estilo, el Secretario del Ayuntamiento, fue tajante: “lo primero son las personas. No dejen entrar a nadie”.
Por poco se hace tumulto y los locatarios entran, con el grave riesgo sobre el techo que apenas resistió, tras el intenso incendio iniciado pasadas las cuatro.
La conflagración consumió más de la mitad del concurrido mercado, donde se perdió ropa y alimentos en cantidades millonarias, todo a costa de los locatarios, que luego se supo no tenían seguro. De ahí su desesperación.
Al final sólo quedaron escombros. Las llamas consumieron todo a su paso. Pero no hubo un solo herido. Las miradas y el pensamiento se trasladan a Tlahuelilpan, en Hidalgo.
La cifra inicial era de 71, ayer era de 89 y subiendo, con medio centenar de heridos graves y muy graves en nosocomios incluso del extranjero.
Las comparaciones son odiosas, pero aleccionadoras. Otra pudo ser la historia este domingo pasado si no hubiera sido por un funcionario muy madrugador.
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Una joya la decisión adoptada ayer en el Congreso para bajar los dictámenes en que se señalaban irregularidades contra Pensiones Civiles del Estado e Ichisal, entre otros organismos públicos y privados, que cargaban pesada losa de responsabilidad civil, administrativa e incluso penal.
La decisión fue fundada en que debía dárseles más tiempo para dar respuesta a las observaciones. Veamos el caso del Ichisal, en un documento que puede ser consultado en la página del Congreso.
Tal vez haya razón en ello, darles tiempo, porque hay que cuadrar la ausencia de contratos para prestar servicios o comprar insumos por cantidades millonarias; hay diferencias en los sueldos pagados, pequeños errores que en el caso de un solo empleado, Felipe Acosta, es por 139 mil pesos, o en el de Brenda Ibarra, por 94 mil.
Y aún da para más: hay adjudicación directa sin acreditar fehacientemente la urgencia o cualquier otra excepción de la Ley de Adquisiciones. Ni esa molestia tuvieron.
El caso de Egro, la compañía vinculada al anterior Secretario de Salud, Ernesto Ávila, es un monumento a la corrupción, con sobre precios hasta de un 178 por ciento, y contratos directos millonarios. Es más, Ichisal hasta pagaba un auxiliar administrativo en las mismitas oficinas de Egro.
Todo ello en un legajo de 31 páginas que fue devuelto así como vino a la Comisión de Fiscalización, para esperar mejores tiempos, sin pudor alguno.
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En el Periférico de la Juventud, la zona de mayor crecimiento y plusvalía comercial de la ciudad de Chihuahua, hay un prietito en el arroz.
Esas empresas funcionan gracias a miles de empleados, que todos los días, los menos en carros y los más en autobús, llegan a cumplir con sus labores.
Entran temprano y salen tarde, ya oscurecido. Pero resulta que no pueden regresar como debiera a sus hogares tras el arduo trabajo.
No sólo tienen que lidiar con la falta de puentes peatonales adecuados y suficientes, sino que los camiones de diversas rutas hacen caso omiso de las paradas de autobús. Pasan de largo cuando la gente les hace el llamado para que se detengan.
Esos reclamos son continuos sin que sean atendidos realmente por el Departamento de Transporte, cuyos agentes son célebres por recibir detrás de las licencias el dobladillo de a 100 para hacerse de la vista gorda.
Encima de todo se plantea un nuevo incremento al transporte urbano, con unidades viejas y destartaladas.
Un incremento que dudamos mucho que se justifique.
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