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Reclaman abusos de CBP vs 13 residentes fronterizos

El Diario de El Paso | Miércoles 18 Mayo 2016 | 12:37 hrs

El Diario de El Paso |

El Paso, Tx.- Organizaciones de derechos civiles emplazaron inconformidades contra agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que operan en la región de El Paso, a nombre de 13 residentes fronterizos que documentaron diversos abusos a los que fueron sometidos en meses pasados.

El documento fue dirigido al Departamento de Seguridad Interna (DHS) y al CBP, sobre el comportamiento de agentes en cruces internacionales de El Paso y Santa Teresa, Nuevo México.

Al respecto, CBP aseguró que se encuentran en comunicación con los activistas y que no toleran la discriminación o malos tratos y que recibe las quejas, que incluyen las alegaciones hechas el 17 de mayo del 2016.

Entre los casos de abuso se cuenta el de la juarense Amanda Rodríguez Varela, activista de derechos de las mujeres en Ciudad Juárez, a quien en octubre y septiembre del año pasado agentes del CBP la señalaron como una sexoservidora, la llamaron prostituta, y además insinuaron que la afectada padecía una enfermedad de transmisión sexual justo antes de detenerla en el cruce internacional Paso del Norte en El Paso.

“Después de aproximadamente 10 horas de intimidación y de humillantes revisiones, agentes de CBP coercionaron a la señorita Rodríguez para firmar formas que ella no entendía, e incluyeron una interrogación falsa para justificar la revocación de su visa, y una prohibición de 5 años para ingresar a los Estados Unidos”, se lee en el documento de la inconformidad.

La queja emplazada al CBP comprende casos registrados en el año 2015 en diferentes cruces internacionales de la sección de El Paso, documento que es firmado por la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU, por sus siglas en Inglés), y el Centro Regional por los Derechos Fronterizos de Nuevo México (RCBR), ACLU Fundación de Texas (ACLU-TX) y la Coalición de Comunidades de la Frontera del Sur (SBCC).

“Cada día, miles de estudiantes, trabajadores y turistas cruzan los puertos de entrada para realizar negocios o visitar a sus familias”, refiere Cynthia Pompa, organizadora de campo de la RCBR.

En la queja se detalla uso excesivo de fuerza por parte de los agentes, así como abuso verbal, revisiones humillantes e intimidación para coercionar individuos para renunciar a sus derechos legales.

De acuerdo al documento presentado, en múltiples casos residentes fronterizos dijeron al RCBR que oficiales de CBP los desanimaron o fallaron en informarles cómo levantar un reporte.

Ante el emplazamiento de la queja, El Diario de El Paso contactó a la oficina local de CBP, que respondió refiriendo al reportero a las oficinas centrales, así como con los enlaces correspondientes para levantar una denuncia por maltrato o abuso de sus oficiales.

La Oficina de Relaciones con los Medios del CBP, respondió en una declaración que había recibido el documento de la queja, y que trabajaba en su revisión junto al Departamento de Seguridad Interna (DHS), la Oficina del Inspector General y la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS.

Daniel Hetlage, vocero del CBP, respondió a los requerimientos de información de El Diario de El Paso sobre los hechos que integran la queja interpuesta por las organizaciones civiles.

“El CBP provee continuo entrenamiento en servicio al público y profesionalismo en los niveles de ingreso, y durante de la carrera de los oficiales, y tiene un robusto programa de Administración de Servicios con Profesionalismo, dedicado a los oficiales que cubren todos los entornos operativos”, sostuvo el vocero.

Hetlage, a nombre del CBP, destacó que en los últimos 2 años el CBP ha innovado, modernizado y mejorado las formas en que CBP interactúa con el público, y pone como ejemplo la creación del Centro de Información del CBP (CIC) en idioma español, entre otra medidas.

En septiembre del 2014, el comisionado R. Gil Kerlikowske, al cumplir sus primeros 100 días frente a la CBP, hizo pública la versión revisada del manual de política de uso de fuerza, así como el estudio de consulta del Foro Policial Ejecutivo de Investigaciones (PERF).

“Llevamos a cabo revisiones internas y externas sobre el uso de fuerza con el fin de mejorar nuestro desempeño y responsabilidad con el público, con el fin de utilizar fuerza sólo cuando es necesario,” dijo el comisionado.

“La publicación de nuestra política y aún más importante, los cambios en el entrenamiento representan el principio de una revisión continua de nuestra responsabilidad de usar la fuerza sólo cuando se trate de proteger a la población”, afirmó Kerlikowske en un comunicado.

Otros casos

El 15 de enero del 2015, oficiales de CBP en turno en el puerto de entrada Ysleta-Zaragoza de El Paso, acusaron falsamente a  Raúl Humberto Cadena Castillo de intentar ir a vivir con su novia en los Estados Unidos, así como intentar buscar empleo, esto a pesar de que Cadena les mostró pruebas de estar inscrito para cursar una ingeniería en su universidad, y comprobantes de empleo.

Sin embargo, tras 9 horas de cuestionamientos, de reírse al leer los mensajes de texto de Cadena y su novia, los oficiales del CBP lo coercionaron para firmar documentos falsificados, y a estar de acuerdo para que se le prohibiera la entrada en un período de 5 años a los Estados Unidos.

El 19 de septiembre de 2014 un oficial de CBP detuvo a Pamela Morales, ciudadana estadounidense, quien manejaba con dirección al Sur a través del puente De las Américas, cuando el oficial golpeó el vidrio de su ventanilla para que se detuviera.

Cuando Morales le preguntó al oficial por su primer nombre y le manifestó su intención de levantar una queja, el oficial la detuvo y la forzó a hablar con un supervisor del CBP, quien la amenazó y al final le revocó su pase SENTRI en represalia por preguntar para levantar una queja.

En otro caso del 2014, agentes del CBP forzaron a Michelle Fierro, de 25 años y con ocho meses de embarazo, a esperar en un auto durante 6 horas en el paso fronterizo de Santa Teresa, Nuevo México, mientras su cuñado era interrogado.

El cuñado tenía una visa vigente, pero a Fierro, ciudadana estadounidense, se le negó agua, comida y el uso de su celular.

“Fierro sufrió diabetes gestacional y después su médico le diagnosticó deshidratación como resultado de la prolongada detención”, se relata en el recuento de dicho caso.

Este es un espacio de opinión abierto, sin embargo, los comentarios no deberán contener lenguaje soez ni ataques personales, de lo contrario serán eliminados.






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