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El_Paso

Rechazan policías de EP actuar vs inmigrantes

Juliana Henao/El Diario | Sábado 25 Febrero 2017 | 07:22 hrs

El Diario de El Paso |

El Paso La expansión del programa 287(g), o Comunidades Seguras, anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional, enfrenta la resistencia de municipalidades y condados, como es el caso de El Paso, que se ha declarado en contra de que sus policías apliquen leyes federales de Inmigración.



Tanto el Departamento de Policía como la Oficina del Sheriff del Condado han expresado públicamente que no están de acuerdo con la implementación de operaciones para ejercer como oficiales migratorios.



Richard Wiles, sheriff del Condado de El Paso, dijo que si sus oficiales hicieran operativos migratorios atentarían contra la confianza y las relaciones que han logrado construir por años de servicio y apoyo conjunto.



‘Hemos invertido una gran cantidad de recursos y de tiempo construyendo la confianza entre la comunidad y nosotros, que somos las agencias del orden público. Queremos que los residentes del condado den un paso adelante cuando se convierten en víctimas o en testigos de un crimen, sin importar su estatus migratorio’, dijo Wiles.



La Policía de El Paso explicó a través de un correo electrónico que sus oficiales se encargan de hacer “cumplir las leyes del Código Penal de Texas y no tenemos autoridad, ni capacitación para hacer cumplir las leyes de inmigración. Además, nuestros recursos son escasos y limitados. Cualquier tarea extra en el momento no es posible”.



Verónica Escobar, juez del Condado de El Paso, explicó que una de las razones principales por las que El Paso es reconocida repetidamente entre las ciudades más seguras del país, es porque los residentes confían en las agencias del orden público a nivel local. 



“Las políticas que obligan a la Policía local a hacer cumplir las leyes de inmigración acabarán con esa confianza y eso sería un desastre para nuestra comunidad”, dijo Escobar.



De acuerdo con la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, en El Paso residen cerca de 60 mil inmigrantes sin un estatus legal definido y podrían verse afectados.



Organizaciones también expresan repudio



Al hacerse públicas las nuevas directivas migratorias, organizaciones defensoras de la comunidad migrante manifestaron su rechazo y alarma.



A pesar de que, desde DHS (Departamento de Seguridad Nacional, Department of Homeland Security), funcionarios enfatizaron en que lo último que se busca son deportaciones masivas, distintas organizaciones manifestaron su preocupación por el elevado grado de discreción con el que van a actuar los agentes de inmigración y los cuerpos policiales que se sumen al programa Comunidades Seguras.



Robert Heyman, director de políticas de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, asegura que la aplicación de controles migratorios por parte de las autoridades a nivel local  aumentará las probabilidades de que las personas sientan temor de denunciar crímenes ante la posibilidad de ser deportados.



Ali Noorani, director del Foro Nacional de Inmigración (NIF), dijo que las órdenes ejecutivas difundidas convertirán a casi todos los inmigrantes indocumentados en una prioridad en la aplicación de la ley, distrayendo valiosos recursos legales de las verdaderas amenazas contra la seguridad pública, como los criminales violentos.



“Las órdenes abatirán los esfuerzos de la Policía local para crear confianza y mantenernos a todos seguros. Los trabajadores estadounidenses resultarán dañados, lo mismo que los dueños de negocios de los que dependen los inmigrantes y habrá muchas familias separadas”, advirtió.



María Elena Hincapié, del National Immigration Law Center, dijo que la comunidad no se debía engañar puesto que el Gobierno había ordenado un cambio radical que apuesta por las deportaciones a escala masiva.



 



Ya se emplea en Houston y otras dos ciudades



En la actualidad, existen 37 agencias policiales en 16 estados con acuerdos activos con el programa Comunidades Seguras, o 287 (g), según un reporte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).



En Texas, los condados de Harris (con sede en Houston), Jackson y Lubbock hacen parte de dicho programa así como el Departamento de Policía de Carrolton, un suburbio de Dallas.



De acuerdo con ICE, desde enero de 2006 hasta septiembre de 2015, el Programa 287 (g) condujo a la identificación de más de 402 mil extranjeros deportables, principalmente, a través de encuentros en cárceles locales.



“Capacitar a los organismos estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley federal de inmigración es crítica para una estrategia de aplicación efectiva de las leyes migratorias del país”, dicta el memorando publicado ayer por la Casa Blanca comunicando la expansión de 287(g). 



Para maximizar la participación de las jurisdicciones estatales y locales en las leyes de inmigración a través de la frontera sur del país el gobierno instruyó al comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el director de ICE para que se comprometa de inmediato a trabajar y a capacitar con todos las agencias del orden público calificadas y dispuestas a participar en 287(g).

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