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Estado

Ausencia de vigilancia acaba con los bosques

Heriberto Barrientos | Domingo 29 Mayo 2016 | 11:33 hrs

Archivo |

Chihuahua,Chih.- Las diputadas locales María Ana Pérez Enríquez y Miriam Marlen Rodríguez, solicitaron a la Fiscalía General de Estado (FGE), la creación urgente de la Unidad Especializada en el Combate y Persecución de los Delitos Medioambientales, así como la asignación presupuestaria correspondiente.

Lo anterior, debido a que a pesar de que tanto la Conafor como la Profepa, son las autoridades encargadas a nivel federal de vigilar e inspeccionar el correcto aprovechamiento de los recursos forestales, éstas no cuentan con el personal suficiente para enfrentar ese problema, denunciaron en la máxima Tribuna del Congreso.

“De ahí que las autoridades de investigación, en especial la Fiscalía General del Estado, deben contar con personal especializado en el combate y persecución de los delitos medioambientales, ya que este tipo de actividades delictivas afecta al medio ambiente y ya se observa un deterioro importante en los bosques de Chihuahua”, expresaron.

Entre los delitos medio ambientales mas preocupantes, señalaron en la iniciativa que presentaron ante el Poder Legislativo, se encuentran: la tala ilegal de árboles, destrucción de estos y demás vegetación, así como la comercialización ilegal de la madera, delitos que en la actualidad por ser de índole estatal, no son perseguidos por la Conafor y la Profepa, dejando la percepción entre la población afectada, principalmente de la sierra de Chihuahua, que la autoridad no hace nada para combatir este fenómeno.

En la presentación de la iniciativa, el pasado jueves, se sumaron el resto de los legisladores, pero además, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, añadieron un punto de acuerdo, con el cual convocan también a las delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, a la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, así como a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, para que destinen los recursos necesarios para realizar una tarea más eficaz en materia de inspección y vigilancia de las actividades forestales.

De la misma forma se intensifiquen las acciones de coordinación, con el objetivo de prevenir, y detener la tala y la comercialización ilegal de recursos maderables que afecta los ejidos y comunidades con vocación forestal de la sierra chihuahuense.

Hace una semana, la Diócesis de la Tarahumara a través de un escrito, exigió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al gobernador César Duarte y a quien resulte electo para ese cargo publico, poner un alto a la tala ilegal e impunidad ambiental que hay en la Sierra .

En una carta abierta, y signada por los sacerdotes Celestino Villa, delegado diocesano, así como los vicarios Javier Campos, Juan Manuel González, Benjamín Romo, Enrique Urzúa, Jesús reyes, Gabriel Parga y el coordinador del presbiterio Héctor Martínez, demandaron que se investigue el hecho y se sancione a los responsables.

Señalan que en la actualidad, “más que en todos los años anteriores, se ve una explotación irracional del bosque, inconsciente, criminal y seguramente irreversible en gran parte de la Sierra Tarahumara por sus consecuencias en el entorno, especialmente en la captación del agua que nutre las cuencas hidrológicas que abastecen gran parte de los Estados de Chihuahua, Sinaloa, Sonora y la del Río Conchos hacia el Golfo de México”.

Recordaron que hace más de 16 años denunciaron su inconformidad,  ante el atentado contra la vida que sufrían todos los habitantes de la Sierra Tarahumara, una preocupación que sigue vigente debido a la explotación irracional del bosque.

En aquel tiempo señalaron, que se llegaba al punto de no retorno, es decir, si se daba un paso más allá en esa situación de desgaste ecológico no se podrá nunca más detener la desertificación “y ahora lo estamos constatando a pesar de los esfuerzos que se han hecho.”

Los sacerdotes subrayaron que se acrecentó la explotación del bosque de una manera intensa y se ve  por los caminos de la Sierra. “Ya se perdió la vergüenza y la discreción al hacer lo ilícito”, dijeron.

Vemos con gran dolor -agregaron- que de manera descarada se da la explotación sin ningún control de los recursos forestales, burlando todas las medidas legales que antaño regulaban la tala de pinos para evitar la devastación del bosque, hasta llegar al colmo con los incendios provocados por manos criminales para ocultar su saqueo.

Señalaron que aunado a esta realidad de devastación ambiental que exponen, el Sistema Ejidal ofrece escasa protección al territorio ancestral y a los bienes naturales, los bosques, plantas, animales silvestres y agua de los cuales los pueblos tarahumar (rarámuri) y tepehuán (ódame) han vivido.

La impunidad ambiental ha llevado a que la delincuencia se adueñe de predios y aserraderos, y la madera extraída  circule amparada con permisos ilegítimos, sentenciaron.

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