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Estado

Hereda Fiscalía hasta ¡cadáveres!

Heriberto Barrientos/El Diario | Martes 15 Noviembre 2016 | 08:04 hrs

Archivo/El Diario |

ChihuahuaLa Fiscalía General del Estado heredó además de adeudos al nuevo Gobierno, unos 200 cadáveres sin identificar en el Semefo local, arrojó una revisión.



Los pagos pendientes con proveedores son por casi 400 millones de pesos, mientras que en el Servicio Médico Forense (Semefo) permanecen 200 cadáveres que no pueden ser inhumados porque no se les identificó oportunamente, denunció el fiscal César Augusto Peniche Espejel.



Mencionó que el nuevo Gobierno estatal encontró instalaciones que no han recibido el mantenimiento adecuado.



“El caso del Semefo de Ciudad Juárez ha traído como consecuencia que tengamos un gran problema, no solamente en lo que respecta al Semefo, sino a otras instalaciones estratégicas como el C-4 y la Unidad de Servicios Periciales”, dijo.



Expresó que el 50 por ciento de las cámaras están inoperantes, “algo que es indispensable para las funciones de seguridad pública”.



Además, agregó, se desconoce el paradero de mil 473 bienes con valor de 22 millones de pesos, que están reportados como parte del patrimonio de la Fiscalía, pero que no han sido encontrados.



“Tan solo de gasolina encontramos un adeudo superior a los 20 millones de pesos”, dijo al tiempo que explicó que mil 831 vehículos, el 71 por ciento del parque vehicular de la FGE, requieren reparación urgente y mantenimiento, por lo tanto se encuentran inoperantes.



“El costo estimado para la reparación de estos vehículos es de alrededor de 31 millones de pesos”, abundó Peniche Espejel.



En conferencia de prensa en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno y acompañada de otros funcionarios,  Rocío Reza, el fiscal detalló las irregularidades que dijo encontrar en la institución que encabeza desde hace un mes.



Mencionó que hay un déficit cercano a los 100 millones de pesos en el presupuesto de este ejercicio fiscal para poder concluir, y se trata de obligaciones estrictamente de operatividad de la FGE.



“Alrededor del 30 por ciento de la ocupación laboral dentro de la Fiscalía está bajo un esquema de eventuales y honorarios, esto es grave por que son áreas que se consideran estratégicas”, dijo.



Abundó que a la fecha se tiene un adeudo con proveedores cercano a los 400 millones de pesos, lo que significa una gran cantidad de contratos incumplidos por parte de la Fiscalía y donde se  ha dejado de pagar la contraprestación respectiva.



Señaló que a los trabajadores de la FGE se les descontaba de su sueldo un porcentaje para el Centro de Desarrollo Familiar (Cedefam), recursos que por más de un año no han sido entregado al fideicomiso.



“Adicionalmente tenemos que las áreas de informática, como servidores y red de comunicaciones, no han recibido el mantenimiento debido desde hace varios años, por lo que hay riesgo de que se pueda perder gran parte la información que esta alojada en las bases de datos”, denunció.



El fiscal declaró que hay una gran cantidad de obras pactadas y pagadas a los proveedores que no se encuentran realizadas o los bienes no están suministrados.



“Encontramos obras y trabajos que fueron contratados y ejecutados en los que tenemos que el costo real es inferior hasta en un 50 por ciento en el precio contratado y pagado. Esto lo vemos de manera sistemática en muchos bienes y servicios que fueron contratados por la FGE, donde los costos están inflados y en algunos casos son el doble o tripe de lo que realmente costaron”.



Señaló que un gran rezago es el área de expedición de licencias de conducir, donde al proveedor de suministros a lo largo de mas de un año no ha recibido un solo pago. “Tenemos a la fecha un adeudo superior con él cercano a los 50 millones de pesos”.



Peniche Espejel indicó que hay muchas compras y adquisiciones que se hicieron sin la documentación correspondiente, sin que estuvieron debidamente presupuestadas ni con los contratos.



“Esos adeudos que hasta el momento no hemos reconocido por la falta de evidencia como documentación, tanto de su prestación, rebasan los 63 millones de pesos en los ejercicios 2014, 2015 y 2016”, expresó.



“El hecho de que la Ley Administrativa establece un plazo para formular observaciones a las actas de entrega y recepción, no libera a los responsables de su obligaciones y a responder por las omisiones que hayan tenido durante su gestión, nos referimos a los servidores públicos salientes”, subrayó.



El fiscal abundó que también encontraron irregularidades en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, donde en años anteriores las entonces autoridades de la FGE no los ejercieron adecuadamente por falta de planeación, “debido a que a su vez el Gobierno estatal no daba la coparticipación  correspondiente. Hay un subejercicio de alrededor de 400 millones de pesos que están en riesgo de perderse por esa falta de planeación oportuna”, precisó.

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