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Estado

Abre PGR investigación vs Duarte por peculado

José Pérez Espino/El Diario | Miércoles 14 Junio 2017 | 06:48 hrs

Archivo/El Diario |

Ciudad de MéxicoLa Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación y solicitó el ejercicio de la acción penal en contra del exgobernador César Duarte Jáquez por delitos electorales.



El titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, indicó que es acusado de desviar recursos públicos al PRI para campañas.



El funcionario dijo que la indagatoria inició por una denuncia de la Secretaría de la Función Pública del estado de Chihuahua, sobre la retención ilícita de parte del sueldo a más de 700 servidores de diversas dependencias.



“¿Qué es lo que hacían? Se les quitaba entre 5 y 10 por ciento de los salarios a todos los trabajadores respecto a una compensación que se les tenía que dar, y ese dinero era filtrado a partir de una cuenta, en la cual se expedía un cheque que era cobrado en efectivo y entregado a las oficinas de la tesorería del PRI en el Estado de Chihuahua”, explicó.



“Es una aportación que viola la Ley General de Partidos Políticos, en donde se señala que ni la Federación, ni los estados, ni los municipios pueden hacer aportaciones en dinero o en especie a los partidos políticos”, afirmó.



“Y este era un caso muy claro dónde el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua hacía una transferencia de carácter mensual por los montos de los 79 millones”, agregó el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la PGR.



Expuso que “a partir de ahí estamos iniciando otro proceso de investigación, en este se ejerció la acción penal en contra del señor César Duarte, extendemos, como se ha hecho público, la audiencia el día 23 de junio, no puedo dar más datos en virtud del sigilo de la carpeta de investigación, solamente lo que fue hecho público por el gobernador de Chihuahua”.



El citatorio es a las 15:00 horas del 23 de junio por la causa penal 457/2017.



“El punto central es que se trata de dinero que no era reportado ante el Instituto Nacional Electoral, se trata de dinero que se quedaba en el Partido Revolucionario Institucional, en el estado de Chihuahua, que se utilizaba para las campañas electorales y que evidentemente es una transgresión a las normas de financiamiento por varias vías”, indicó en una entrevista con Radio Fórmula.



Nieto Castillo señaló que “son varias conductas delictivas, la primera es la coacción a los subordinados y en este caso tenemos más de 60 testimonios de trabajadores que decían que habían sido coaccionados por parte de sus superiores jerárquicos para que dieran esta aportación”.



“Segundo –añadió–, se trata de la recepción de dinero a un partido político cuando existe una prohibición legal, esto es la prohibición establecida por el artículo 15 de la Ley General en materia de Delitos Electorales, que esto es con independencia de la coacción”.



Y, tercero, “los dirigentes partidistas también están cometiendo una conducta delictiva al no haber reportado este gasto ante el Instituto Nacional Electoral y haberlo recibido de forma ilícita”.



El próximo 23 de junio “se tendrá la audiencia para efectos de determinar la situación jurídica por parte del juez, del señor César Duarte y los demás implicados en el caso”, dijo.



El pasado lunes, el gobernador Javier Corral Jurado dijo que un juez federal citó a Duarte Jáquez, actualmente prófugo de la justicia, para que responda por las acusaciones de la Fepade.



La actual secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos Loya, indicó que además del exgobernador Duarte, el citatorio a comparecer es para la diputada Karina Velázquez y exdirigente estatal del PRI, así como el tesorero del mismo partido Pedro Mauli Romero.



Explicó que los tres son acusados de haber cometido delitos electorales, participar en la retención ilegal de una parte del sueldo de los trabajadores para ser entregada al PRI.



“¿Por qué es relevante este caso?, porque además de todos los casos de corrupción que se han acreditado ante jueces locales, en esta ocasión, una autoridad federal es la que presentó ante el juez, todas las evidencias para demostrar que se cometieron delitos electorales y que se entregaron de manera ilegal, 80 millones de pesos al PRI”, manifestó Olmos.

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