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Estado

Acusan ante juez a 4 duartistas por delitos electorales

El Diario | Sábado 24 Junio 2017 | 07:40 hrs

El Diario |

Chihuahua— El exgobernador César Duarte Jáquez no llegó ayer a Chihuahua a la primera cita que tenía con la justicia federal por acusaciones que le fincó la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade).



Quienes sí atendieron el citatorio que les hizo el juez de Distrito fueron el exsecretario de Hacienda del Estado, Jaime Herrera Corral; el exdirector de Egresos, Jesús Olivas; el exjefe de Control de Pagos, Miguel Ángel Mezquitic Aguirre, y el secretario de Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Pedro Mauli Romero Chávez.



Los cuatro se presentaron a la audiencia en la que fueron acusados formalmente por el agente del Ministerio Público federal de haber participado en la retención indebida de un porcentaje del sueldo de cientos de empleados estatales durante la pasada administración, y canalizar todos esos recursos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para el proceso electoral de 2015-2016.



Contrario a lo que se esperaba, los exfuncionarios no recibieron medidas cautelares al término del procedimiento jurídico, debido a que los ministerios públicos adscritos a la Fepade y que vinieron exprofeso desde la Ciudad de México no las pidieron al juez.



El próximo martes 27 de junio a las 09:00 horas se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso en la que se resolverá la situación jurídica de los acusados, quienes solicitaron la duplicidad del término constitucional.



Pasadas las 3 de la tarde los exfuncionarios “duartistas” comparecieron ante el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Eduardo Javier Sáenz Torres, dentro de la causa penal 457/2017.



Los otros ausentes en la sala oral del edificio del Poder Judicial Federal de las calles Mirador y Washington, además del exgobernador Duarte –actualmente prófugo de la justicia y esperando una visa de residencia de negocios en los Estados Unidos– fue la diputada local y expresidenta del CDE priista Diana Karina Velázquez Ramírez, quien envió a varios abogados en su representación.



Tampoco acudieron el excoordinador administrativo de Hacienda, Adrián Dozal Dozal y por causas desconocidas no fue llevado al estrado federal el exdirector administrativo Gerardo Villegas Madriles, quien permanece recluido en el Cereso número 1 de Aquiles Serdán bajo proceso penal por peculado.



Durante las casi dos horas que duró la diligencia el exsecretario de Hacienda Herrera Corral no soltó de sus manos un rosario que introdujo a la sala.



La secretaria de la Función Pública estatal, Stefany Olmos, intentó ingresar como coadyuvante de la representación social federal, sin embargo el juez le negó la petición y tuvo que presenciar la audiencia desde el área del público.



Casi al finalizar la audiencia, alrededor de las 17:00 horas, los agentes del Ministerio Público de la Fepade, en un hecho inusual, tampoco solicitaron al juez Sáenz Torres que tanto a Duarte, Dozal, Velázquez –con fuero legislativo– como a Villegas se les declarara sustraídos de la acción de la justicia, como establecen los protocolos jurídicos.



Ante ello, el juez finalmente estableció con respecto a los acusados que no asistieron que en breve en audiencia privada se resolvería lo conducente.



En el caso de la legisladora priista, debido a su fuero constitucional el Ministerio Público federal deberá primero solicitar al Congreso del Estado el inicio de juicio de desafuero para posteriormente buscar procesarla penalmente.



Fue el mismo juez de Distrito –originario de Monterrey–, quien emitió las órdenes de presentación en semanas anteriores para que los ocho exservidores públicos respondieran por delitos específicos innominados en la Ley General de Materia en Delitos Electorales.



Esto son referentes a quien “destine, utilice o permita la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado”.



La Fepade los señaló inicialmente como presuntos responsables del desvío de 14 millones de pesos del erario a las campañas del PRI en la elección federal de 2015.



Los recursos provenían presuntamente de la retención ilegal de entre 5 y el 10 por ciento del sueldo de 700 empleados estatales, los cuales eran entregados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) pero sin registros oficiales de que hubieran ingresado a ese partido.



Los agentes del Ministerio Público federal en la audiencia de ayer fueron reiterativos en sus argumentos en contra de los indiciados, sobre por qué no vigilaron y se opusieron a que les retuvieran esos recursos.



Al salir de la audiencia, la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, calificó como “un hecho histórico” la comparecencia de los acusados, ya que –dijo– se está actuando en contra de descuentos que se les hacían a los empleados de manera sistematizada.



Agregó que en total fueron 79 millones de pesos los que se desviaron de las retenciones a los empleados estatales, pero esa cantidad se irá acumulando en las distintas denuncias

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