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Estado

Casi seis años preso… y aún no lo sentencian

Blanca Carmona/El Diario | Viernes 13 Octubre 2017 | 08:28 hrs

El Diario de Juárez |

Ciudad Juárez.- Agustín Leyva Martínez lleva casi seis años preso en espera de sentencia pese a que un tribunal oral lo declaró inocente del homicidio que se le imputaba.



Cuenta que tras el fallo emitido en febrero del 2015, el Ministerio Público apeló y su caso sigue hasta ahora sin resolverse.



Desde su ‘habitación’ en el polémico Centro Estatal de Arraigo, donde está recluido desde hace dos años y ocho meses, tras haber estado en el Cereso, Leyva indica que luego del recurso interpuesto por el MP, solicitó un amparo que asegura le fue concedido. Por eso no se explica por qué sigue preso.



“Gané el juicio oral, metí un amparo porque el MP apeló el juicio oral. Me concedieron el amparo, la ley me protegió, el MP metió una reclamación y hasta la fecha no tengo más información, no sé qué está sucediendo conmigo, no sé qué es lo que tengo qué hacer yo para conseguir mi libertad si ya se demostró en los tribunales mi inocencia”, expresó.



Leyva Martínez es uno de los 17 internos que aún están en el Centro Estatal de Arraigo, la ‘cárcel clandestina’ por la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió en agosto pasado una recomendación al gobernador de Chihuahua y al Tribunal Superior de Justicia.



Leyva estuvo tres años preso en el Cereso estatal 3 de Ciudad Juárez y lleva dos años y ocho meses recluido en el Centro Estatal de Arraigos.



En febrero del 2015 un Tribunal de Juicio Oral unitario, presidido por Maurilio Ríos Neave, absolvió a Leyva de la acusación formulada en su contra por parte del Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía estatal y relativa al asesinato de María Alejandra Callero.



Después de esa resolución, que recayó en el juicio oral 252/14, el Ministerio Público (MP) interpuso un recurso y actualmente el proceso penal continúa en trámite.



Monitoreados día y noche



La habitación que ocupa Leyva en el edificio habilitado como centro de arraigos, ubicado en la calle Barranco Azul, está en la planta alta donde también viven otros seis internos distribuidos en un área para ocho habitaciones.



Cada cuarto cuenta con dos sencillas literas de metal equipadas con una colchoneta, en las esquinas superiores se instalaron cámaras de seguridad y en la parte posterior aparatos de aire lavado.



Los reos que tienen la posibilidad cuentan con televisor, refrigerador, microondas, mesa y sillas, como se observó en un recorrido realizado ayer por El Diario



Dicha ‘cárcel’ registra la más baja población desde su apertura y tras la recomendación emitida en agosto pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).



El organismo derecho-humanista determinó que es ilegal el funcionamiento de estos espacios como centros carcelarios pues no están previstos en la ley; consideró que el enviar a los procesados a esas instalaciones es prolongar indebidamente la prisión preventiva.



La ley establece que la prisión preventiva sólo debe estar en vigor por máximo de dos años y al concluir no debe imponerse ninguna cautelar privativa de libertad.



A raíz de la recomendación, el Tribunal de Enjuiciamiento apresuró la emisión de sentencias y al día de ayer quedaban 17 internos en ese inmueble, 10 a disposición de jueces de Distrito y que no pueden ser trasladados a otro lugar por disposición de la Ley de Amparo.



“En el Centro de Arraigos a mí se me trata bien, yo estoy bien en lo que cabe, en lo que es normal, una cárcel es cárcel yo no me voy a quejar del trato, de ninguna cosa; me quejo de mi libertad porque ya son muchos años y yo sigo aquí y ya no encuentro de qué manera demostrar mi inocencia, ya no sé qué hacer”, dijo Leyva.



José Luis Báez, es otro de los internos ‘varados’ en el Centro debido a que también interpuso un amparo que no se ha resuelto.



“Tengo un año y medio en el Centro de Arraigo. Ya tengo mi proceso de juicio oral, me hallaron culpable pero soy inocente de ese delito y de hecho estoy peleando. En casación se confirmó la sentencia condenatoria e interpuse un amparo que no se ha resuelto; lleva cinco meses”, dijo.



“El juicio oral fue en diciembre del 2016 y voy a pelear hasta donde pueda”, señaló José Luis Báez, acusado de un feminicidio en el 2009.



Deporte, la única actividad



El encargado del Centro de Arraigo señaló que en ese lugar está permitido el ingreso de los familiares directos, quienes pueden introducir comida, aparatos y otros artículos, así como la entrada de los abogados. Pero no hay actividades laborales, ni educativas, tampoco programas deportivos. Cada quien sale a practicar deporte cuando lo decide.



La actividad diaria consiste en levantarse, limpiar las habitaciones y los pasillos de su área, desayunar, salir a hacer deporte, regresar a bañarse y esperar la comida y la cena.



“Como no hay un reglamento estipulado y esta es una extensión de su domicilio, no están presos, se les permite un televisor, un refrigerador y una parrilla por si quieren cocinar algo especial. Lo único que no ingresa aquí son armas de fuego, navajas u objetos punzocortantes”, indicó el comandante en turno quien pidió la reserva de su nombre.



Sin embargo, son pocos los internos que reciben visita.



El interno Leyva Martínez, señaló que “a raíz de la acusación que se me formuló, mi familia me abandonó, yo no tengo quién me ayude, a quién recurrir porque gracias a la acusación que me está haciendo la Fiscalía mi familia me ha rechazado”.



“¿Por qué razón esto se encuentra estancado, no tengo soluciones, no sé qué hacer. ¿Qué tengo que hacer?, si gané un juicio oral, demostré mi inocencia, recurro a un amparo federal, lo gano y no me dejan salir. ¿Qué más debo de hacer o qué quiere la Fiscalía?”, expresó desesperado.



“Yo quisiera que me ayudara alguien con mi caso”, concluyó.

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