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Estado

Quitan al Estado casos de Gutiérrez y Tarín

Heriberto Barrientos/El Diario | Viernes 16 Febrero 2018 | 07:10 hrs

Tomada de internet |

Chihuahua.- El juez de Control Federal, Gerardo Moreno García, resolvió ayer en audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte en la Ciudad de México, asumir la instrucción del proceso penal por peculado agravado, que jueces locales instruyeron el año pasado en contra del exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y del exdirector del Comité de Adquisiciones en la pasada administración estatal, Antonio Enrique Tarín García.

Lo anterior por el presunto desvío de 250 millones de pesos que salieron de la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte (hoy SEyD) y que a decir de las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua, fueron destinados a financiar campañas políticas del PRI a nivel nacional durante el último año de mandato del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez.

En el recurso de inhibitoria, el juez federal determinó que el juez del fuero común “no es competente de llevar el proceso penal” del político y empresario coahuilense, quien fue detenido mediante orden de aprehensión el 21 de diciembre de 2017 en la ciudad de Saltillo; ni de Tarín García ambos dentro de la causa penal 780/2017 ya que dichos recursos presuntamente desviados “eran de origen federal comprometidos para el ramo educativo y que supuestamente fueron enviados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al gobierno de Chihuahua, a través de un convenio denominado 'Subsidio para el Fortalecimiento Financiero' que se sujetan a las leyes de carácter federal”.

“El carácter federal de los recursos públicos de los subsidios no se pierde por la transferencia a los gobiernos de las entidades federativas”, resolvió el juzgador.

El abogado Antonio Collado Mocelo, abogado defensor del empresario Alejandro Gutiérrez, actualmente recluido en el Cereso número 1 del municipio de Aquiles Serdán, calificó de positiva esta resolución.

Lo anterior, explicó a EL DIARIO, por las denuncias y quejas por actos de tortura que han promovido en la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ante otras instancias.

En el caso de Alejandro Gutiérrez, cuenta con una segunda vinculación a proceso que le dictó el juez local Alejandro Legarda Carreón, el 3 de enero de este año por el delito de peculado agravado, por el desvío de 1.7 millones de pesos durante los días 20 y 23 de diciembre de 2015.

Específicamente por dos pagos por servicios inexistentes que salieron de la Secretaría de Hacienda durante el sexenio “duartista” y que recibieron directamente sus empresas identificadas como “Promotora de Mantenimiento Integral S. A. de C. V.” y “Jet Combustibles S. A. de C. V.”, en las que su hijo Alejandro Gutiérrez Gómez aparece como representante legal de las mismas.

A su vez, Antonio Enrique Tarín ha recibido otras cuatro vinculaciones a proceso impuestas por jueces locales, por diversas causas penales, también por presuntos actos de corrupción.

Estas diversas causas penales evitarían un posible traslado en lo inmediato de ambos al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, según trascendió ayer extraoficialmente en la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que esta nueva resolución se refiere exclusivamente a la causa 780/2017 por el desvío de 250 millones de pesos.

Gerardo Moreno García es el mismo juez que instruye el proceso penal en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

La audiencia celebrada este jueves fue a solicitud de las defensas de Gutiérrez y Tarín, quienes presentaron sus respectivas peticiones para inhibir por incompetencia de fuero esa causa y donde el juzgador fijó un plazo de cinco días a la Fiscalía de Chihuahua para que entregue la carpeta de investigación y las copias de la causa penal 780/2017, pues de no hacerlo le impondría una multa.

Hasta antes del cierre de esta edición, la FGE ni el gobernador Javier Corral Jurado emitían un posicionamiento al respecto, a través de sus departamentos y medios de comunicación oficiales y/o redes sociales.

Solamente trascendieron declaraciones del fiscal estatal, César Peniche, quien ante medios informativos en la capital del país, indicó que “vemos una resolución muy forzada” y apuntó que: “Estamos analizando el contenido de la resolución. En principio, sostenemos que la competencia corresponde al Estado de Chihuahua por ser recursos que legalmente fueron transferidos al Estado”.

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