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Estado

Desdeñan diputados observaciones en gasto de municipios

Jaime Armendáriz
El Diario | Miércoles 07 Noviembre 2018 | 08:51 hrs

Francisco López/El Diario |

Las seis primeras cuentas públicas revisadas por la nueva legislatura, en funciones desde el primero de septiembre pasado, fueron aprobadas sin ninguna observación, aún y cuando la Auditoría Superior del Estado (ASE) estableció una serie de anomalías administrativas y económicas. Éstas fueron las de Buenaventura, Huejotitán, Julimes, La Cruz, Manuel Benavides y Satevó.

Los documentos se avalaron en sentido positivo ayer en sesión ordinaria del Congreso, propuestos por la comisión de Fiscalización, presidida por el coordinador de Morena, Miguel Ángel Colunga, acompañado en la secretaría por la panista Rocío Sáenz, y Misael Máynez (PES), Rocío Sarmiento (MC) y Omar Bazán (PRI) como vocales.

En los 6 dictámenes reconocen que la Auditoría señala de forma reiterada una serie de operaciones que podrían generar responsabilidades de carácter administrativo y en particular de carácter económico y como consecuencia supuestos daños o perjuicios.

Sin embargo, los diputados añaden que “no compartimos tal criterio”, y no consideran como causante de daño patrimonial la falta de tabuladores de sueldos, falta de contratos en los procesos de adquisición, montos adquiridos en exceso a lo establecido en el contrato sin precisar si los bienes y servicios fueron debidamente recibidos, entre otras.

Los dictámenes están basados en el Informe Técnico de Resultados enviado por la ASE, sin embargo no están publicados en el portal de la Auditoría ni en el del Congreso local.

La justificación de los diputados es que “no se desprende que los pagos realizados por concepto de sueldos, salarios y compensaciones no corresponda a empleados y funcionarios que realmente hayan prestado sus servicios al ente, entre otros aspectos, mismos que a juicio de los suscritos, no resultan suficientes para iniciar un procedimiento de responsabilidades, ya sea civil, penal o administrativa”.

La ASE funciona como órgano técnico del Congreso y envía a éste los documentos para su fiscalización. Los diputados tienen obligación de determinar si existen responsabilidades y ordenar procedimientos ante la Secretaría de la Función Pública, los Ayuntamientos u órganos de control correspondientes, Ministerio Público, o cualquier otra.

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