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Estado

Detienen a criminales, y los dejan ir

De la Redacción | Viernes 09 Noviembre 2018 | 05:53 hrs

Cortesía |

Presuntos y peligrosos líderes del narcotráfico, “puchadores”, sicarios y homicidas gozan de la libertad a pesar de que en su momento, estuvieron en las manos de la policía, como resultado de averiguaciones mal integradas, de acuerdo con la percepción de abogados.

“Una buena carpeta de investigación no va a generar impunidad”, consideró ayer el penalista Héctor Villasana, y agregó: “Lo más fácil es decir que (el inculpado) se encontraba en posesión de droga o de armas, se le detiene y luego le imputan otro tipo de delitos.

"La mayoría de estos casos obedece a negligencia del Ministerio Público y policías investigadores; primero detienen y luego llevan a cabo la investigación".

En los últimos dos años, casos que han sido anunciados por el gobierno como “fuertes golpes a la delincuencia” se han venido abajo, mientras la Fiscalía responsabiliza a la “puerta giratoria” del Sistema Penal y los jueces acusan falta de integración en las averiguaciones.

La liberación de René Gerardo Santana Cruz, alias “El 300” en el 2017, o de Roberto González Montes, alias “El Mudo” en el 2016, permitieron que delitos de alto impacto continuaran ocurriendo.

Al primero, las autoridades lo señalaron desp u és como presunto responsable de asesinatos a policías, al segundo del enfrentamiento ocurrido en Las Varas, municipio de Madera, que dejó más de una decena de muertos.

Para el abogado Héctor Villasana, las causas que impactan en la liberación están relacionadas de manera directa con la integración de las averiguaciones y la inobservancia de los procesos establecidos durante una detención.

“En la mayoría de los casos es porque se viola el procedimiento y los derechos humanos de la persona al momento de llevar a cabo su detención, pues se les arresta sin una orden de aprehensión o se simula una flagrancia”.

Esto provoca, subrayó, que cuando el inculpado está ante el juez y ejerce su derecho de defensa, logra demostrar que no fue detenido de la manera en que los oficiales lo detallaron en su parte informativo y el juez dicta la nulidad.

“Muchas veces se ingresa a los domicilios o se aseguran vehículos indebidamente, a las personas se les tortura o consiguen pruebas de forma ilícita”, ejemplificó el penalista.

En ese escenario, consideró, lo más fácil para la parte acusadora es culpar al juez por liberarlos, cuando la responsabilidad en su totalidad, recae en las fiscalías o procuradurías.

“Incluso pasa lo mismo con las sentencias absolutorias. Cuando se dicta una, nos sorprendemos, pero resulta que todas las pruebas presentadas por el MP eran ilícitas, hubo alguna violación a los derechos humanos, se realizaron actos de tortura contra el detenido, etc.

“Todo eso, cuando llega al juez no queda más que decretar la nulidad de los actos de detención. El sistema (juicio oral) nada tiene qué ver, son los vicios y la falta de capacitación de los policías y agentes investigadores, la escasez de recursos para llevar a cabo una investigación sólida y el exceso de trabajo.

El sistema no los pone en libertad o los juzga –enfatizó—, el problema son los operadores del sistema”.

La salida de “El Mudo”

Roberto González Montes, alias “El Mudo” e identificado como líder del grupo criminal “La Línea” en la región de Madera, fue detenido el 9 de diciembre de 2016 en el kilómetro 31 de la carretera a Juárez.

Se le capturó junto con cuatro personas más, ya que portaban un arsenal de grueso calibre, así como dos envoltorios de cristal y cocaína.

Según trascendió, el presunto delincuente intentó sobornar a los agentes con dos millones de pesos para su liberación. Trece días d espu és fue liberado por el Poder Judicial Federal, tras depositar una fianza por el delito de portación ilegal de arma de fuego de grueso calibre.

Supuestamente la Fiscalía no presentó elementos suficientes para lograr la consignación ni la prisión preventiva. En esa ocasión, el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, expuso que su liberación recaía en el Poder Judicial y desestimó que se debiera a un error en la integración de la carpeta de investigación.

“Nosotros presentamos los hechos, los casos y el Poder Judicial es el que en el ámbito de su responsabilidad tiene la atribución de establecer si reúnen o no los elementos para continuar con una vinculación a proceso”, dijo el funcionario a la prensa.

El 6 de julio de 2017, el comisionado estatal de Seguridad, Óscar Aparicio, señaló a “El Mudo” como el responsable del enfrentamiento en Las Varas, donde al menos 15 personas quedaron sin vida, y responsabilizó a la “puerta giratoria” del sistema penal de su liberación, un año antes.

La Doña de Camargo

El 19 de marzo de 2017, después de una persecución y detonaciones de armas de fuego, la Policía Estatal dio a conocer el arresto de Irene G. P. alias “La Doña”, de 68 años, y originaria de Camargo, a quien se le identificó como una de las principales distribuidoras de cristal en la zona norte de la ciudad de Chihuahua.

La mujer fue arrestada junto con Abner A. V. alias “El Abner”, de 41 años, quien ya contaba con antecedentes por delitos contra la salud.

Sobre su proceso o consignación no se brindaron informes posteriores, pero dos meses más tarde, la madrugada del 26 de mayo, “La Doña” y su nieta de 18 años fueron asesinadas en su domicilio ubicado en la calle Sosa Vera, de la colonia Chihuahua 2000. Las versiones apuntaron a que la pareja de otra mujer que vivía con ellas fue la responsable de cometer el doble homicidio.

El primer arresto y liberación de “El 300”

René Gerardo Santana Cruz, alías El 300, fue detenido por primera vez la madrugada del 15 de septiembre de 2017, en las inmediaciones de un hotel ubicado en el parque industrial Omega, en Ciudad Juárez.

El operativo especial que derivó en su arresto, fue realizado por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, según dio a conocer en esa fecha la propia fiscalía. Al presunto líder criminal se le atribuían desde entonces las amenazas que existían contra los cuerpos policiacos, así como de ser el presunto autor intelectual del homicidio de un elemento de la Agencia Estatal de Investigación.

De acuerdo con las autoridades, a Santana Cruz le incautaron una pistola, un cargador abastecido con una decena de tiros y más de 100 envoltorios con cocaína.

Se indicó que además, tenía alrededor de 250 personas que realizaban actividades de venta de droga, cobro de cuotas y sicariato. Su detención fue celebrada por el gobernador Javier Corral, quien dijo que el presunto delincuente era un a pieza importante en la estructura criminal.

Sin embargo, el 19 de diciembre, Santana, identificado por las autoridades como “matapolicías” y líder de la pandilla ‘Los Aztecas’, fue liberado.

“El 300” jamás enfrentó cargos por la presunta comisión o participación en crímenes. Sólo fue procesado por la posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y 100 dosis de cocaína.

La Fiscalía no le formuló cargos p or delitos del fuero común porque no le pudieron comprobar su participación en los hechos.

Siete presuntos sicarios...

El domingo 28 de enero de 2018, el juez de Control Alejandro Legarda Carreón ordenó la liberación de siete presuntos sicarios, arrestados tres días antes en el municipio de Cuauhtémoc, presuntamente porque el Ministerio Público falló en acreditar la legal detención.

El día del arresto, el gobernador Javier Corral durante la rueda de prensa que ofreció junto con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en la Ciudad de México, había destacado la captura de la banda en el marco del “ejemplar combate al crimen organizado” en el estado.

El grupo de presuntos criminales fue señalado por las autorida des estatales como responsables de un enfrentamiento con policías federales en Namiquipa, con saldo de un civil muerto.

La Fiscalía los detuvo a bordo de vehículos con reporte de robo y en posesión de armas de alto poder; sin embargo, durante la audiencia de Control y Formulación de Cargos, el MP no acreditó la legal detención ni la participación del grupo en el enfrentamiento, ya que no incluyó el ‘parte’ de la Policía Federal en el que se daba cuenta del enfrentamiento.

Tras la liberación, a través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado demeritó el criterio y la decisión del juez, asegurando que el arresto estuvo plenamente justificado y acreditado.

La muerte del tendero

El pasado fin de semana, un juez especializado para Menores Infractores dejo en libertad a dos adolescentes de 15 y 17 años, quienes fueron acusados de asaltar y asesinar a puñaladas al propietario de una tienda de abarrotes en la colonia Valle Dorado, la madrugada del primero de noviembre.

El juzgador consideró que no se cumplieron los supuestos que establece la Ley para los casos de detención en flagrancia, pues la Policía Municipal los detuvo sin que obrara alguna orden de aprehensión.

En la audiencia, el juez determinó que no se reunieron los requisitos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) con respecto a la flagrancia, por lo que fueron puestos en libertad el mismo día del homicidio. 

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