• Jueves 15 Noviembre 2018
  • 11:06:36
  • Tipo de Cambio $18.25 - $19.10
  • 9°C - 49°F
  1. Jueves 15 Noviembre 2018
  2. 11:06:36
  3. Tipo de Cambio $18.25 - $19.10
  4. 9°C - 49°F
  5. Siguenos en Facebook - eldiariodechihuahua.mx
  6. Siguenos en Twitter - eldiariodechihuahua.mx

Local

La minería, sus desastres y el impacto ambiental en el estado de Chihuahua

Salud Ochoa/El Diario | Miércoles 11 Julio 2018 | 16:08 hrs

El Diario |

El Diario |

Chihuahua.- El 4 de junio de 2018, la presa de jales de la minera Río Tinto ubicada en la comunidad de Cieneguita Lluvia de Oro, municipio de Urique Chihuahua, se reventó y los desechos mineros se derramaron  a lo largo de 30 kilómetros llegando hasta el río Fuerte en Sinaloa y finalmente a la presa “Huites” que abastece a más de 100 mil hectáreas agrícolas de riego en ese estado.

El evento dejó personas lesionadas, muertas y desaparecidas que a poco más de un mes de la tragedia, no han sido localizadas. Pero también, ocasionó la presencia de químicos como cianuro y arsénico en el agua con niveles superiores a lo normal, según lo establece el reporte que el laboratorio IBC Analytic México de la Universidad Autónoma de Occidente, de Los Mochis, envió al vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa –CEAPAS- el 12 de junio, ocho días después de los hechos.

Sin embargo, a pesar de las vidas perdidas, el daño ecológico y la contaminación generada (no reconocida), apenas un mes después de los hechos, nadie habla ya de lo ocurrido. Tanto la compañía minera como las autoridades ambientales –PROFEPA, SEMARNAT y CONAGUA- asumieron como tarea prioritaria la negación. “No hay contaminación de mantos acuíferos”, aseguraron en diferentes comunicados emitidos prácticamente de manera inmediata al desastre.

Lo anterior generó que ambientalistas de Sinaloa y Chihuahua coincidieran en que el dictamen de inexistencia de contaminación del agua a causa del derrame de la citada presa, emitido por la Comisión nacional del Agua -CONAGUA- fue apresurado y sin esperar siquiera a tener los resultados de los estudios de laboratorio.

Organismos como “Voces Unidas por el Agua”, señalaron la “rapidez” por parte de la autoridad para dictaminar que todo estaba normal, cuando se debía investigar a fondo el incidente. El presidente de esa agrupación, Sergio Escutia  Zúñiga, hizo un llamado tanto a la CONAGUA como al resto de autoridades ambientales para que actuaran con prudencia en el caso, pues aunque la intención podría haber sido calmar el temor en la población, no es posible dar dictámenes serios a tan corto tiempo.

Escutia  Zúñiga indicó que el derrame de jales en la mina de Chihuahua fue un suceso lamentable por las pérdidas humanas, que además pudiera tener consecuencias fuertes también para el medio ambiente ya que, si esos “jales mineros” estaban resguardados en una represa, lo lógico es que fuera así porque tenían alguna especie de contaminante, pues de otra forma no hubiese existido motivo para retenerlos.

Por su parte, la Fundación Río Conchos de Chihuahua, coincidió en que la CONAGUA se adelantó en el dictamen sin medir lo que la sociedad civil podía argumentar al respecto.

“La conservación y el cuidado de los ecosistemas de agua es nuestra prioridad pero aún no sabemos ni la cantidad, ni la calidad de los tóxicos vertidos. La defensa de los sistemas ribereños es nuestra prioridad pero todavía no tenemos elementos para hablar de la magnitud del daño”, dijo Víctor Ortiz presidente de esa agrupación.

En este contexto, el ambientalista Arturo Limón, hizo hincapié en la necesidad de conformar una comisión de expertos en la materia que no estuvieran comprometidos con ninguna de las partes para que así pudiera emitirse un dictamen imparcial.

“Urge que haya un arbitraje imparcial sobre la situación. Que se evalúe el hecho sin interés particular alguno. Que no sea de ninguna de las partes interesadas el que lo haga para que se puedan dilucidar causas, responsabilidades y alcances de lo ocurrido, de otro modo pareciera que solo es darle “carpetazo” al tema”, apuntó.

Dijo que sin duda alguna los daños humanos son los más lamentables, sin embargo, hay afectaciones ambientales que deben atenderse ya que es muy común que se atente contra la naturaleza y no se le dé la remediación necesaria.

“La experiencia nos ha enseñado que se hacen verdades históricas y resulta que al final no fueron lo que dijeron. Después de la recuperación de las víctimas y la reparación del daño a sus familias, la recuperación de la parte afectada es impostergable, y remediar el impacto ambiental. Nuestras instituciones no pueden hacer las cosas así, no se puede decir que algo que ocasionó un impacto evidente, no exista”, puntualizó.

El dirigente de “Voces Unidas por el Agua” indicó que actualmente la minería representa apenas el 1 por ciento del Producto Interno Bruto de Sinaloa, mientras que las actividades agropecuarias, que se pudieran ver afectadas por la minería, son más importantes para el desarrollo del estado, y derrames como el ocurrido en Chihuahua pueden afectar el agua que nutre a esos valles, generando enormes pérdidas económicas y provocar riesgos para los humanos.

Según la CONAGUA, los valles agrícolas de aquella entidad que utilizan agua de la presa Huites, a donde llegaría el contaminante a través del río Tubares, suman alrededor de 100 mil hectáreas de riego. Por tanto, lo que pase en Chihuahua y/o Durango resulta de gran importancia.



Podrían estar protegiendo los intereses de la empresa, únicamente

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) publicó en su página oficial, un documento a través del cual exigió el cierre inmediato e irreversible de la mina Río Tinto en Urique así como la implementación de medidas enérgicas de rendición de cuentas, control y reparación de los daños causados en la región.

En dicha publicación, el organismo demandó que se diera aviso de forma inmediata a la población de la zona sobre los peligros y riesgos que sufrirá debido a la derrama de jales tóxicos que descienden por el río Tubares mismo que descarga sus aguas en el río Fuerte, el cual, tiene tres presas en los municipios de Chóix (Luis Donaldo Colosio), El Fuerte (Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz de Domínguez) que irrigan y abastecen de agua todo el norte de Sinaloa (Valles del Fuerte, Carrizo).

La exigencia se extendió a la PROFEPA y CONAGUA para que dejaran de enviar información falsa  encaminada a proteger los intereses de la empresa.

“No es la primera, ni será la última vez que REMA suba la voz en contra del Modelo Extractivo Minero que debe ser desechado como propuesta de “Progreso y Desarrollo”, si en realidad deseamos un país que transite en armonía con la vida y una sociedad justa, y no basada en negocios espurios y oscuros de quienes imponen una forma de trabajo que indigna por los niveles de destrucción que genera. Los particulares y empresas extranjeras, se han enriquecido gracias al despojo, el desplazamiento forzado de los pueblos y el saqueo de nuestros bienes naturales, de tal manera que su negocio es redondo, porque técnica y financieramente es imposible que puedan incorporar el costo de los daños que ocasionan a la salud, al ambiente, la naturaleza, a la cultura, a la comunidad y la vida de los pueblos”, dijo.

Apuntó que el discurso del “no pasa nada” es común al igual que la impunidad como expresión de la injusticia. “Estamos ciertos de que ahora, a esta trama de horror, se ha sumado ya el desgastado, negligente, tenue y demás tonterías de: “no contaminó y todo está controlado”, que suele acompañar el discurso de la “institucionalidad”, encabezada por las autoridades ambientales y los diferentes niveles de gobierno, así como el resto de las instituciones federales serviles a los intereses de los empresarios y de este modelo minero extractivo depredador. Anunciarán una supuesta “restitución de los daños”, con lo cual nuevamente la impunidad será la gran expresión de injusticia”, manifestó.

De acuerdo con información publicada en el periódico digital “Línea Directa” de Los Mochis, Sinaloa, habitantes de comunidades serranas aledañas a las márgenes del arroyo Grande, como La Sierrita, El Realito, El Chorro y La Cañita, denunciaron la llegada del líquido contaminante, mismo que describieron como “un agua blanca tornasol y espesa”.

Según la publicación, los quejosos aseguraron que fue una gran cantidad de material tóxico el que escurrió a lo largo de varios kilómetros del cauce, en donde se hicieron 3 represas y las tres cayeron debido a la presión.

Sin embargo, a pesar de lo ocurrido, calificado por los ecologistas como “una muestra de la pus de la corrupción existente”, trabajadores y comerciantes de Cieneguita de Oro acudieron el 12 de junio al Palacio de Gobierno de Chihuahua para pedir que la minera Río Tinto continuara operando ya que se corría el riesgo -argumentaron- de que todo el municipio se quedara sin fuente de ingresos.

Pero además, el presidente de la cooperativa de trabajadores, Ramiro Díaz Gutiérrez, descartó que existieran afectaciones ambientales, asegurando que “si los químicos que salieron de la presa fueran nocivos para la salud y el medio ambiente, los empleados rescatados no habrían sobrevivido.



Palmarejo y Ocampo son ejemplos de daños al medio ambiente

El derrame de jales de la minera Río Tinto no es el primero ni el único caso ocurrido en el estado de Chihuahua que -junto con Zacatecas, Coahuila, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Colima y  Sonora- ha abierto las puertas para que las empresas extranjeras exploten los recursos mineros, principalmente en la región serrana donde el daño ecológico ha ido de menor a mayor.

Según ambientalistas, los problemas de contaminación en la Mina Palmarejo Silver and Gold, en Agua Salada y Palmarejo (municipio de Chínipas) persisten en la actualidad a pesar de que desde hace años se han hecho denuncias. De acuerdo con la agrupación “Defiende la sierra”, en el 2011 surgieron en ese punto una serie de conflictos medioambientales reportándose incluso la mortandad de fauna, afectación a seres humanos, daños a parcelas y ganado. La causa aparente ha sido los diversos derrames de cianuro por parte de la mina, desde la presa de jales y del tanque de beneficio, contaminantes que de alguna manera ha llegado hasta el Río Chínipas.

En 2007, ejidatarios de Ocampo bloquearon las actividades de la minera Gammon Lake impidiendo por tres días el paso de material explosivo y químicos, para exigir la reparación de daños por 11 millones de dólares, con lo que pretendían recuperar el valor de 29 hectáreas de bosque que fueron arrasadas, la afectación de otras 700 en las que se reportó muerte de ganado y venados por contaminación de arroyos y montes así como cuarteaduras en viviendas.

La Secretaría de Economía, manifestó su mayor preocupación en ese momento, por el riesgo en el que se ponía a la inversión extranjera.

El pasado 20 de marzo de 2018, indígenas asentados en territorios de Guazapares, Urique, Uruachi y Ocampo, entre otros, denunciaron que padecen una fuerte agresión ambiental por parte de la minería extranjera, misma que no toma en cuenta el bienestar de estas comunidades a las que están dañando.

Advirtieron que se corre el riesgo de contaminar la tierra y el agua dejando solo desolación a los pueblos y comunidades indígenas que no son beneficiadas, por el contrario son invisibilizadas por los caciques, ejidos y comunidades agrarias.

Según el ambientalista Arturo Limón, a nivel nacional son 300 mil kilómetros cuadrados los que se tienen concesionados a las mineras, lo que significa una extensión territorial mayor a la del propio estado de Chihuahua, el más grande del país con alrededor de 275 mil kilómetros cuadrados de superficie.

“¿Qué autoridad está capacitada para reglamentar y ordenar todo esto?”, cuestionó.



El 27% del territorio estatal está concesionado o asignado a la minería

Según información del Clúster minero de Chihuahua, el 27 por ciento de la superficie del estado, está concesionada o asignada a la actividad minera por lo que actualmente, en la entidad hay 4,149 títulos que abarcan 3 millones 487 mil 514 hectáreas, 17 asignaciones mineras con una superficie de 3 millones 162 mil 990 hectáreas y 9 zonas de reservas con 11mil 120 hectáreas.

Chihuahua se perfila así como el tercer productor de oro a nivel nacional además de ocupar el segundo puesto en producción de plata plomo y zinc, y el cuarto productor de cobre.

Según datos de la Secretaría de Economía, hay 16 operaciones de gran minería en el estado, 64 compañías con proyectos en exploración de la cuales el 80 por ciento son canadienses. Además, destaca que solo el 27 por ciento del territorio estatal esta denunciado.

Tan sólo entre 2015 y 2016, se detonaron 12 proyectos mineros con una inversión aproximada de 3 mil 900 millones de dólares.

En lo que respecta a la pequeña minería, hay un padrón importante principalmente en los municipios de Parral, Balleza, Guadalupe y Calvo, Matamoros, Cusihuiriachi, Aldama, Ascensión y Moris.

_

cuadro ______________

En corto…

*El 29 de mayo de 2017, se anunció con bombo y platillo la reactivación de la minería en la sierra de Chihuahua con la expansión de empresas ya establecidas

*Compañías canadienses y australianas las de mayor presencia

*La minería genera el 3 por ciento del PIB estatal según la Dirección de Minería

*La reactivación de mineras se ha dado en municipios como: Guadalupe y Calvo, Morelos, Batopilas, Chínipas y Guazapares

*En la zona de Ascensión existen proyectos de exploración y barrenación en busca de elementos como plomo, cobre y zinc

*Minas que anunciaron su expansión: Palmarejo, Dolores y Pinos Altos, a consecuencia del alza de precios de los metales preciosos e industriales a nivel mundial

*La instalación de la minera San Julián se anunció en 2014, indicando que tendría una capacidad para procesar 12 mil toneladas diarias de material para la obtención de oro y plata

Este es un espacio de opinión abierto, sin embargo, los comentarios no deberán contener lenguaje soez ni ataques personales, de lo contrario serán eliminados.






Estás utilizando AdBlocker D: Quizás te interese este artículo