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Niegan pago a constructoras de Ciudad Judicial

Heriberto Barrientos/El Diario | Martes 16 Octubre 2018 | 07:45 hrs

Gabriel Ávila/El Diario |

Chihuahua.- La Segunda Sala Civil de lo Contencioso, Administrativo y Fiscal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) falló en contra de cinco constructoras que participaron en la edificación de la “Ciudad Judicial” y que desde 2016 demandaron al Gobierno del Estado, por incumplimiento de pago por la cantidad de 330 millones de pesos.

En el juicio de oposición número 272/2016, se declaró el sobreseimiento al considerar que los argumentos presentados por las compañías no se validaban en las cláusulas legales así como los tiempos en que interpusieron sus reclamos sobre obras ya realizadas.

Una de las empresas demandantes es “Ingeniería y Diseño Van, S.A. de C.V.” donde César Jáuregui Robles, meses antes de asumir el cargo como secretario general de Gobierno –el 4 de octubre de 2016— fungió como coadyuvante en el despacho del exprocurador Arturo Chávez Chávez, quien era representante jurídico de dicha compañía.

Las otras cuatro empresas que también demandaron a la Secretaría de Hacienda estatal y a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) son “Desarrollos Alianza S.A. de C.V.”,  “Afirma Inmobiliaria S.A. de C..V.”, “Arve Constructora S.A. de C.V.” y el particular Jorge Arturo Moreno Torres.

El Diario tuvo acceso a la versión pública de dicha resolución, misma que aparece en Internet en la página oficial www.stj.gob.mx y en la cual, la referida sala estableció que los demandantes alegaron que hubo un “silencio administrativo” que habría implicado una “afirmativa ficta” de pagar los contratos por parte de las entidades estatales, sin embargo, las cláusulas de los mismos y el incumplimiento de actos de petición previos, por parte de las compañías, fueron tomados en consideración para el sobreseimiento.

El fallo estuvo a cargo del magistrado de la Segunda Sala Civil de lo Contencioso, Administrativo y Fiscal, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, también titular de la Cuarta Sala Familiar, quien fue suspendido por acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE) el 8 de diciembre de 2017 por una investigación en su contra por el supuesto desvío de 7 millones de pesos durante su gestión como presidente del Poder Judicial, sin embargo, el 11 de febrero del presente año, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa ordenó su restitución dentro del juicio de amparo 1859/2017.

“En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, este Tribunal resuelve: Primero. Se sobresee el juicio de oposición promovidos por las partes (empresas contratistas), dejándose a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que corresponda.

“Segundo.- Se sobresee la reconvención (contrademanda) planteada por la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ambas de Gobierno del Estado.

“Tercero.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 404 del Código Fiscal, no se hace condenación de costas.

“Notifíquese personalmente a las opositoras y por oficio a las autoridades demandadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 408 del Código Fiscal del Estado.

Así lo resolvió y firma el magistrado de la Cuarta Sala Familiar del TSJ, licenciado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, ante la Secretaria de Acuerdos, licenciada Margarita Herrera Quintana, con quien actúa y da fe. Doy Fe”, indica textualmente la sentencia.

 

Un Centro de Justicia que costó mas de 2 mil mdp e inauguró Peña Nieto

 

El Centro de Justicia ubicado en pleno centro histórico en el “Barrio San Pedro”, sobre las calles Niños Héroes, Ocampo, Juárez y 14, inició su construcción el 1° de noviembre de 2012 con la colocación de la primera piedra, ceremonia que estuvo encabezada por el entonces gobernador César Duarte Jáquez, y el extinto magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Javier Ramírez Benítez.

De 101 mil metros cuadrados de construcción fue inaugurado casi tres años después, el 30 de octubre de 2015 por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Tuvo un costo superior a los dos mil millones de pesos y alberga 64 salas para juicios orales, 32 salas penales así como 32 salas para las ramas Civil y Familiar. Recibe diariamente en promedio, de mil 500 a 2 mil visitantes.

El Centro cuenta además con 13 elevadores, así como un moderno centro de tecnología y monitoreo con transferencia de voz, imagen y datos.

Con respecto a las oficinas, éstas representan más de 50 mil metros cuadrados y su estacionamiento tiene capacidad para albergar mil 300 cajones de vehículos.

 

Contratistas demandaron en agosto de 2016 al gobierno estatal por 330 mdp

 

Fue el 30 de agosto de 2016 cuando se recibió en la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia, el juicio de oposición 272/2018, promovidas por las empresas constructoras “Ingeniería y Diseño Van, S.A. de C.V.” (la mas grande de todas), “Desarrollos Alianza S.A. de C.V.”, “Afirma Inmobiliaria S.A. de C..V.”, “Arve Constructora S.A. de C.V.” y el particular Jorge Arturo Moreno Torres.

Según archivos periodísticos, la empresa “Ingeniería y Diseño Van S.A de C.V.” de Jorge Rodrigo Valles Morales fue la encargada de construir los edificios sur, norte, central, la plaza y los sótanos del Centro de Justicia.

Los costos de estas obras fueron pactados inicialmente en mil 158 millones 998 mil 410 pesos en junio de 2013 y 313 millones pesos más en agosto de 2015 para el edificio norte.

En el contrato de construcción número (DOP/A-26-13) participaron “Afirma Inmobiliaria S.A de C.V.” de Jorge Romero Barraza y “Arve Constructora S.A de C.V.” de Arturo Velázquez Herrera, mientras que a título personal Jorge Arturo Moreno, cuyas compañías se encargaron de la construcción de algunos edificios así como el patio.

Este contrato se firmó el 23 de mayo de 2013, y especificaba que la obra iniciaría el 6 de junio de ese mismo año y debían concluirse a mas tardar el 11 de septiembre de 2014. Las empresas concursaron en una licitación pública, pero se extendieron en los tiempos.

Otro contrato existente es el (DOP/A-63/13) que indica que en la adjudicación directa el arquitecto Francisco Alonso Escárcega García se encargó de realizar una adecuación del proyecto.

En un tercer contrato, autorizado por Hacienda y la SCOP se acordó que la empresa “Laboratorio y Consultoría” del ingeniero Francisco Ubaldo Ramírez Luján se encargaría de la supervisión y control de calidad, realizándose una adjudicación directa.

Según notas publicadas, en el contrato número “144-OP-066/15 DOP-OBRA”, firmado el 3 de agosto de 2015, se aprobó otorgarle 313 millones 30 mil 92 pesos más a la empresa “Ingeniería y Diseño Van”, también a Jorge Arturo Moreno y a la empresa “Afirma Inmobiliaria” pero en lugar de la empresa “Arve Constructora”, incluyeron a “Urbanissa”, de  Luis Balderrama Neder.

 

Improcedente la demanda de empresas: Sentencia

 

A juicio del Tribunal, dice textualmente la sentencia, “deviene improcedente la afirmativa ficta demandada por las opositoras (empresas), en virtud de que no se actualiza el silencio administrativo, toda vez que del análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados y de los documentos acompañados, se evidencia que no acudieron ante la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Comunicaciones, ambas de Gobierno del Estado, bajo el amparo de su derecho de petición, que es el que se encuentra protegido mediante la respuesta ficta, sino que lo hicieron, como ellas mismas lo expresaron en su ocurso (escrito) inicial, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley, así como de las obligaciones contenidas en las cláusulas del multicitado contrato... A fin de obtener las contraprestaciones en él pactadas, por lo que la sola presentación de las estimaciones y actualización de costos para cobro no constituye per se una petición no resuelta por autoridad”, se justifica en la resolución.

 

No hubo finiquito por conclusión de la “Ciudad Judicial”

 

La sentencia añade que, con relación a la omisión en la elaboración del finiquito, no obstante de que fue entregada la obra solicitada (la Ciudad Judicial), esa circunstancia también es materia de un incumplimiento contractual, pues en las constancias que obraron en autos no se observó que se hubiera llevado a cabo dicho procedimiento contenido en la Ley de obras aplicable, como en el multicitado contrato... Por consiguiente, deviene necesario que las opositoras (empresas) primeramente soliciten a las autoridades demandadas que se realicen los trámites correspondientes. Y en caso de no recibir respuesta, es que se estaría en posibilidad de que se produzca el silencio administrativo, precisando además, que en esta etapa de compensación, es factible solicitar el pago de las estimaciones y ajustes de costos que las opositoras consideren se les adeudan”, continuó el fallo.

En los efectos de la sentencia, también se menciona que la reconvención y/o contrademanda que hizo en respuesta la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, “lo procedente es sobreseer”.

 

Interpuso ASE denuncia penal por desvíos de 300 mdp en la construcción

 

El Auditor Especial de Normatividad y Seguimiento de la Auditoria Superior del Estado (ASE), Jesús Raymundo Mata Cárdenas, acudió el 15 de agosto del presente año a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) a interponer una denuncia penal y dejó una caja con el resultado de las auditorías practicadas durante el ejercicio fiscal 2016 al Tribunal Superior de Justicia.

Según dijo el citado funcionario entrevistado por El Diario, había observaciones presumiblemente constitutivas de varios delitos por más de 300 millones de pesos, que involucraban a exfuncionarios de la pasada administración, por lo que se procedería a solicitar a la FGE que iniciara una carpeta de investigación en contra de quien resulte responsable.

Pese a los cuestionamientos, Mata Cárdenas no quiso revelar el nombre y el número de exfuncionarios presuntamente implicados en los desvíos millonarios.

La denuncia fue presentada como resultado de las observaciones no solventadas de la cuenta pública del Poder Judicial, y del que el Congreso del Estado ordenó iniciar los procesos civiles, penales y administrativos, por las irregularidades encontradas en el TSJ, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

El auditor Jesús Raymundo Mata, entregó los expedientes para que se iniciara con las investigaciones y explicó que podrían presentarse varios delitos como peculado, irregularidades en los procesos de licitación, actos simulados y compras a sobreprecio, entre otros.

La ASE, en cumplimiento con el Programa Anual de Auditoría de 2017, y en términos de lo dispuesto por el artículo 7 fracción X de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, emitió el Informe Técnico de Resultados, donde se encontraron elementos suficientes que indican la presencia de irregularidades cometidas por diversos servidores públicos señalados, incumpliendo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con independencia de sus deberes y derechos laborales, se informó posteriormente en un comunicado de prensa.

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