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Nacional

“3de3 era única en el mundo”; piden fortalecer vigilancia a funcionarios

Excélsior | Sábado 25 Junio 2016 | 07:53 hrs

Excélsior |

CIUDAD DE MÉXICO.- En caso de que la Ley de Responsabilidades Administrativas hubiera quedado como fue aprobada por el Congreso, habría sido la primera en su tipo a nivel mundial.

Sin embargo, de acuerdo con expertos consultados por Excélsior, el hecho que sea única no significa que sea la mejor opción para combatir la corrupción.

Por el contrario, si en verdad se desea que el sector empresarial tome un papel más fuerte en el combate de la corrupción, lo que debe reformarse es la Ley de Adquisiciones y de Obra Pública, pues el esquema de presentar la declaración fiscal, patrimonial y de intereses para este grupo da una “sensación de venganza”, aseguró Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Consideró que en casos en los que pudiera existir conflicto de interés entre la relación empresa y gobierno “ahí el hilo conductor va a empezar en la declaración de intereses del servidor público”.

Mencionó que, al menos de su conocimiento, no existe una dinámica a nivel mundial similar a la aprobada para las declaraciones de particulares y, por tanto, si se  trata de innovar, solicitó que al menos se determinen las justificaciones para proceder de dicho modo.

Si el afán no es vengarse, si el afán es construir sistemas de integridad, el meollo están en esas legislaciones (Adquisiciones y Obra Pública) más que en el 3de3 del sector privado”, manifestó.

Si somos el primer país en implementar una mala idea, no me parece algo de lo que nos debamos orgullecer; si somos el primer país habrá que preguntarnos ¿por qué nadie más lo ha hecho? Las declaraciones de intereses y patrimoniales de los servidores públicos son una regla casi generalizada en la enorme mayoría de las democracias avanzadas del mundo y jóvenes de América Latina”, dijo.

Recordó que, actualmente, los empresarios entregan, como contribuyentes cautivos, la declaración fiscal para cumplir con las leyes tributarias. Además, el SAT tiene la evolución patrimonial de todos, en función de la información de ingresos que entregan  año con año.

La mejor salida para resolver el problema de la corrupción es la interacción entre las autoridades y el sector privado”, mencionó.

Por su parte, Marcos Fernández, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa, afirmó que en el mundo no existe quién aplique un mecanismo igual al aprobado para obligar a los particulares a hacer públicas sus declaraciones.

El único país en donde uno puede ver los impuestos de todos y los patrimonios de todos, públicos y privados, es Noruega, pero no ocurre, como sí quieren que pase en el caso mexicano, que lo público de los servidores no exista, prácticamente se quede opaco”, argumentó.

Critican PAN y PRD veto; fue insuficiente, acusan

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados lamentó que el Presidente solamente vetara el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y no aprovechara la oportunidad de corregir también el artículo 29, para dar máxima publicidad a las declaraciones de la ley 3de3.

El coordinador de Acción Nacional en San Lázaro, Marko Cortés, dijo que con esa decisión el Ejecutivo le dio la espalda a más de medio millón de ciudadanos que exigieron total apertura en las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses.

En tanto, el dirigente nacional del PRD, Agustín Basave, expresó que el veto a la llamada ley 3de3 “llega tarde y es insuficiente”.

Es claro que “la presión del sector empresarial surtió efecto” en el jefe del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a pesar de que éste y el PRI habían convenido vincular a los empresarios en el tema de la rendición de cuentas cuando recibieran dinero público.

En contraste, el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, celebró la decisión del Presidente de revisar algunos artículos de la ley 3de3, para que sean corregidos.

Senado alista ya periodo extra

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República citará el miércoles próximo a sus integrantes para acordar la fecha que propondrán a la Comisión Permanente a fin de celebrar el próximo periodo extraordinario y llevar a cabo la corrección a la llamada ley 3de3.

En dicho periodo se revisarán las observaciones que el jefe del Ejecutivo hizo a la Ley de Responsabilidades Administrativas en sus artículos 3 fracción VIII, 4 fracción III, 27 tercer párrafo, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81.

El presidente de la Jucopo, Emilio Gamboa, destacó la voluntad de la Cámara alta para corregir la ley, la cual obligaba, además de personas físicas y morales, a becarios y beneficiarios de programas sociales, a presentar declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses.

Ayer, el Senado informó de la recepción del documento en el que el Presidente argumenta que la obligación para que los particulares presenten estas declaraciones “constituye una intromisión indebida en la esfera jurídica de las personas físicas y morales”.

Ejecutivo: la ley violaba privacidad

Humberto Castillejos, consejero Jurídico del Ejecutivo federal, afirmó que el presidente Enrique Peña Nieto vetó el artículo 32 incisos b y c de la Ley General de Responsabilidades Administrativas por considerar que “hacía inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción y porque violaba la vida privada y datos personales de las personas”.



Humberto Castillejos Cervantes, consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, explicó que el veto tuvo un razonamiento constitucional. Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

 

Señaló que este artículo refiere que “cualquier persona física, individuo o cualquier empresa que contrate con el gobierno o que reciba recursos públicos tenían que hacer declaración patrimonial y de intereses”.

Explicó que como estaba redactado llevaba esa interpretación, ya que las millones de personas que reciben apoyos de algún programa social como Prospera o que recibe una beca de Conacyt tendrían que presentar su declaración patrimonial. También lo tendrían que hacer los trabajadores de una empresa que contrate con el gobierno.

“De conformidad con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había un injerencia excesiva y arbitraria a los datos personales y a la vida privada de los mexicanos y extranjeros que trabajan en México y en el extranjero con las empresas que contratan con el gobierno”, dijo.

En entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, Humberto Castillejos afirmó que el veto presidencial no fue una actitud discrecional sino que tiene un razonamiento constitucional.

Aclaró que con este veto no se exime a las empresas que hagan negocios con el gobierno de hacer sus declaraciones fiscal y de intereses, pero se tendrá que hacer caso por caso y contrato por contrato.

“Todas las personas individuos o empresas tienen que hacer su declaración fiscal ante las autoridades hacendarias... en relación con la declaración de intereses, lo que trae la Ley General de Responsabilidades Administrativas es que cuando contraten con el gobierno, caso por caso tendrán que declarar que no existe conflicto de interés en relación con ese contrato y en relación con las personas que participan en ese contrato”, expresó.

En el caso de la declaración patrimonial, explicó que no existe fundamento constitucional para que un particular dé a conocer a la autoridad su patrimonio, porque la evolución patrimonial es un concepto que fue creado para el servidor público.

Comentó que con la Ley General de Responsabilidades Administrativas se imponen obligaciones nuevas a los empresarios, como hacer un protocolo de actuación para intervenir en las contrataciones públicas.

El consejero Jurídico del Ejecutivo Federal consideró que la ley 3de3 no está acotada,  ya que el Comité Ciudadano va a determinar qué debe contener la declaración patrimonial y la declaración de intereses de cada servidor público y qué se puede hacer público.

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