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Nacional

Pidió auxilio el Alcalde de Guerrero ejecutado

Reforma | Lunes 25 Julio 2016 | 08:49 hrs

Reforma |

Chilpancingo, Gro.- Desde noviembre del 2015, el Edil de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, ejecutado la noche del sábado, había denunciado amenazas de un grupo que formó parte de Los Caballeros Templarios.

En ese fecha incluso acudió a las oficinas nacionales de su partido, el PRD, donde se dijo dispuesto a renunciar ante el amago de criminales.

En enero de este año, Soto recibió nuevas amenazas de muerte por parte de delincuentes que le exigían el pago de una "cuota" mensual de 3 millones de pesos.

Informó de esto al Comisionado de la Policía Federal, Francisco Galindo Ceballos.

El 7 de julio, después de ser levantado y asesinado su primo y chofer, Sebastián Soto Rodríguez, el Alcalde decidió andar armado para defenderse en caso de un atentado.

La noche del sábado, el Edil fue ejecutado a balazos en la carretera que conecta Ciudad Altamirano -cabecera municipal de Pungarabato- con Huetamo, Michoacán.

También el sábado fue asesinado el Alcalde de San Juan Chamula, Chiapas, junto con cuatro personas más.

El senador Miguel Barbosa acusó que autoridades federales no hicieron nada para garantizar su seguridad de Ambrosio Soto, pese a las advertencias.

"Hablamos con Renato Sales, entonces Coordinador Nacional de Secuestros, hoy Coordinador Nacional de Seguridad; hablamos con la Secretaría de Gobernación en dos ocasiones y no nos dieron respuesta. Hoy Ambrosio Soto está asesinado", indicó el coordinador de los senadores del PRD.

El legislador dijo que las amenazas en contra de Soto fueron porque se negó a pagar derecho de piso a bandas del crimen.

"Había sido amenazado por el crimen organizado por no admitir el pago del derecho de piso, por impedir que se comerciara con carne robada, por impedir la siembra de amapola. Estaba en contra del crimen organizado y no se dejó amedrentar", dijo el legislador.

Barbosa exigió a las autoridades investigar y localizar a los responsables, así como que sean instancias federales las que se hagan cargo del caso.

"En Guerrero, el Estado mexicano está rebasado. Guerrero es la entidad federativa fallida", apuntó el perredista, quien exigió garantías de vida para los familiares de Soto.

Por su parte, el también perredista Jesús Zambrano, presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que además de las denuncias de hace un año, recientemente Soto había declarado que sufrió nuevas presiones de Los Caballeros Templarios para incorporar a sicarios a la nómina de la Alcaldía y pagar derecho de piso.

"Tenía medidas cautelares, por cierto, de la Policía Federal, porque había sido denunciado el asunto ante el Gobierno federal, y pues parece que las medidas cautelares simple y sencillamente o no se establecieron en los hechos o fueron violadas, superadas por el crimen organizado", señaló.

El Fiscal General de Justicia de Guerrero, Xavier Olea Peláez, dijo que solicitará a su homólogo de Michoacán que la PGR ejerza su facultad de atracción para que investigue el asesinato.

El funcionario señaló que a la Fiscalía de aquella entidad le corresponde realizar las investigaciones porque los hechos ocurrieron en su territorio.

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