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Nacional

Listos, protocolos contra violencia a mujeres en QR

El Universal | Viernes 12 Agosto 2016 | 22:06 hrs

Tomada de Internet | Fotografía Ilustrativa

Cancún.- El gobierno de Quintana Roo tiene listos tres de los cuatro protocolos que deberán operar en la entidad como medida de protección a las mujeres, de acuerdo con las 11 recomendaciones contenidas en el Informe del Grupo de Trabajo coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres (Conavim).

Tras detectar la ausencia de protocolos en el estado para guiar la actuación de las autoridades en las investigaciones sobre Feminicidios, Violencia Sexual, Mujeres Desaparecidas (conocido como ALBA) y Órdenes de Protección, el Grupo de Trabajo instó al gobierno del gobernador, Roberto Borge, a subsanar dicha omisión, a propósito de la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) presentada por organizaciones civiles el cuatro de diciembre del 2015.

La administración del gobierno de Borge Angulo aceptó adoptar las 11 recomendaciones del Grupo de Trabajo de la Conavim, con el compromiso de cumplirlas en un lapso de seis meses, a partir de su respuesta, es decir, de mayo pasado.

Los protocolos terminados -para la Investigación de Feminicidios, Violencia Sexual y el de Mujeres Desaparecidas- fueron presentados a organizaciones civiles el 28 de julio pasado en la sede de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQROO), ubicada en la ciudad de Cancún, junto con los avances del protocolo sobre Órdenes de Protección.

La Fiscalía tiene a cargo la elaboración de los protocolos sobre Investigación de Feminicidios y Violencia Sexual; la Secretaría de Seguridad Pública del estado, el Protocolo ALBA; y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la entidad, el de Órdenes de Protección, que lleva un 60 por ciento de avance, indicó la titular de la Comisión, Karla Rivero González.

Las órdenes de protección son un mecanismo contenido en la Ley de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, y busca inhibir la cercanía del agresor, hacia su víctima.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la funcionaria informó que los días 25 de agosto en Cancún y el 26 de agosto en Playa del Carmen y Cozumel se reunirán nuevamente con las organizaciones de la sociedad civil para recibir observaciones sobre los borradores de protocolos que les fueron presentados.

“Tres protocolos ya están terminados y sólo el de Órdenes de Protección reporta un 60 por ciento de avance porque ese lo estamos construyendo a través de mesas interinstitucionales; en el caso de los otros, las dependencias los trabajaron a nivel interno”, explicó.

Sobre el Protocolo ALBA, resaltó que se diseña con base en la experiencia de Chihuahua, que modificó y reestructuró dicho instrumento a partir de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en contra de México, respecto al caso del “Campo Algodonero”, el 16 de noviembre del 2009, cuando solicitó la aplicación de un programa de búsqueda y localización de mujeres ausentes o desaparecidas, que ya operaba en Ciudad Juárez desde el 2003.

A nivel nacional el Protocolo ALBA entró en operación el 25 de julio del 2012, con base en la experiencia de Ciudad Juárez; sin embargo, Quintana Roo ha carecido desde entonces de dicho instrumento, lo mismo que del de Investigación de Feminicidios, pese a que el delito penal existe desde el 2013; en la entidad han asesinado a un promedio de 97 mujeres de 2010 a abril de 2016.

Tampoco hay un protocolo sobre Violencia Sexual, aunque Quintana Roo encabeza desde 2010, la lista de entidades con más casos de violaciones en agravio de niñas y mujeres, en todo México.

Rivero González detalló que la importancia de los protocolos estriba en que marcan una “ruta clara” sobre cuál debe ser la actuación de los funcionarios públicos, en el marco de respeto a los derechos humanos, respecto de los temas que abordan. Facilitan la comprensión de lo que dicta la norma o ley.

“Los cuatro protocolos están basados en experiencias nacionales; derivan de lineamientos que se establecen de la Conferencia de Fiscalías; en el caso del Protocolo Alba, se basa en la experiencia de Chihuahua, que sabemos que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en el caso de órdenes de protección se basa en experiencias locales. No estamos partiendo de cero”, subrayó.

En lo referente al Protocolo de Órdenes de Protección, una vez avalado por el Poder Ejecutivo, será sometido a evaluación durante dos meses para probar su eficacia –dijo- y su contenido tendrá que ser socializado al interior de las dependencias responsables y también entre la ciudadanía.

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