El Diario de Chihuahua


Nostalgia por el fantasma soberanista


Armando Sepúlveda Sáenz | Jueves 13 Septiembre 2018 | 00:01 hrs


Con el cambio a suceder de gobierno federal hay algunos actores que se presumen como futuras autoridades, que desde ya empiezan a externar sus concepciones de política exterior. Son consistentes con la retórica del presidente electo, saturada de añoranzas por un pasado que supuestamente era mejor, si no glorioso.

La conducta gubernamental ha sido en el pasado todo menos consecuente o rigurosa en cuanto a los parámetros explícitos de la política exterior. La autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía de los estados se aplicó con discrecionalidad absoluta, “a como pintara el panorama”, tanto interno como externo.

Hay un sinnúmero de episodios que así lo demuestran. Los gobiernos emanados de la “Revolución”, eran celosos de la soberanía nacional, pero entrometidos en los asuntos de otros estados cuando así convenía. Propugnar por una política exterior pasiva para proteger las decisiones internas de las intromisiones “injerencistas” de otros estados les acomoda cuando se quiere hacer y deshacer con los derechos y libertades de los conciudadanos. Y este es un riesgo, cuando la retórica se quiere convertir en formulación de política.

Los añorantes creen que los ejes de la política exterior que redactó Genaro Estrada están como principios constitucionales desde 1930; mas no es así. Hace poco menos de treinta años que el gobierno presidido por De la Madrid se encargó de inscribirlos en la fracción X del artículo 89. Mismo que se modificó durante el gobierno de Calderón, para complementarlo con el “respeto, la protección y promoción de los derechos humanos”.

La política exterior de Echeverría se destaca por su activismo, aunque fuera “tercermundista” y de corte economicista (de ahí el proyecto frustrado de la “Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados”), en el contexto favorable de la Guerra Fría y de la apertura política interna. Pero me parece más extraordinaria la culminación del proceso del multilateralismo y de incorporación plena a la comunidad internacional e iberoamericana al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos (base jurisdiccional de la Organización de los Estados Americanos) y de los Pactos Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos y del Pacto sobre los Derechos Económicos Sociales y Culturales (principales columnas del Sistema Internacional de Derechos Humanos) por el Gobierno de López Portillo, en plena crisis económica (la penúltima de factura nacional) y en el contexto de la “Disputa por la Nación” (1981). Recuérdese que ante la fuga de capitales, el presidente clamaba que “defendería al peso como perro”. Los mexicanos tuvimos que pagar las consecuencias durante décadas, de sus extravíos y los de Echeverría en materia de políticas económicas  (incluyendo las fiscales y monetarias). Sin embargo se le debe reconocer que tuvo el arrojo, pese a las presiones en contrario, de suscribir dichos magnos tratados que sirvieron de cimientos para el desarrollo ulterior del sistema de derechos humanos nacional. No le quiso dejar la oportunidad o el costo político a De la Madrid. El multilateralismo comercial, cultural y de salud de éste, se hubiera redondeado con esos tratados internacionales en materia de derechos humanos.

A partir de este somero bosquejo de la política exterior, cabe preguntarse qué pasado es el que añoran las huestes del próximo gobierno.

La apertura al exterior la prosiguió Zedillo, y en materia de multilateralismo y derechos humanos tanto al exterior como al interior los gobiernos de la alternancia fueron pródigos. Tendencia que siguió el gobierno saliente.

Hoy el Estado mexicano está plenamente inserto en el orden internacional, no sólo por las disposiciones del marco jurídico interno, sino también por los Tratados Internacionales suscritos, que por la reforma constitucional de 2011 reconoció como instrumentos jurídicos con la misma jerarquía normativa que la Constitución. Todo mundo es testigo de que numerosas instituciones y organizaciones internacionales y nacionales de la sociedad civil promueven el respeto a los derechos humanos. Del mismo modo que personas, organizaciones de la sociedad civil y estados integrantes de la comunidad de las Naciones Unidas pueden ante las Comisiones y comités de la Organización denunciar las violaciones en México de los derechos humanos y las libertades fundamentales por los gobiernos de todo orden, El gobierno mexicano tiene el deber con respecto de otros estados de procurar el respeto de los derechos humanos. La comunidad internacional comparte valores, principios y derechos, como obligaciones y deberes.

No se puede ser pasivo ante los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, la crisis humanitaria y la violación sistemática de las libertades fundamentales en Venezuela, entre otros muchos casos en el orbe.

El aislacionismo soberanista no sólo sería imprudente, sino que ya no es factible.