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Opinion

Estado nacional y autonomía indígena

Armando Sepúlveda Sáenz | Miércoles 10 Octubre 2018 | 01:51 hrs
Sobre la realidad de los pueblos indígenas chihuahuenses se tienen perspectivas diversas y en consecuencia se da la pasividad o se organizan las acciones de la sociedad civil o de los gobiernos.

La mirada distante sobre la sociedad indígena hace que los vean como pueblos ajenos que sobreviven penosamente la adversidad de su medio geográfico y su capacidad productiva  e imaginan que terminarán por desaparecer. Se les ve en la mayor parte de las ciudades como individuos en extrema pobreza a los que hay que socorrer como a cualquier mendicante, con limosna. A lo sumo se piensa que como pueblos se les debe atender en cuanto acciones de gobierno. Alfabetizarlos en español para habilitarlos como parte de la sociedad hegemónica y que se incorporen a todos los procesos sociales, económicos y culturales de ésta. La expectativa es que en el largo plazo terminarán por desaparecer como sociedades indígenas, pues de hecho la desaparición paulatina de sus lenguas así lo indica.

¿Qué se debe hacer entonces? La más socorrida de las actitudes es estudiarlos como fenómenos culturales, como usos y costumbres en desaparición. La preservación en los libros y registros antropológicos e históricos,

En un pasado no demasiado lejano, las políticas públicas respondían más o menos a esta concepción de los sistemas normativos indígenas como objeto social. Se trataba de un proceso civilizatorio o de homogenización social por medio de políticas públicas.

Por otro lado, los sistemas sociales indígenas estaban en contacto permanente con el sistema social que los circundaba. Los pueblos indígenas sustentan su reproducción social en un lenguaje oral que se trasmiten en el uso continuo en el medio familiar y comunitario. Del mismo modo que por esta vía transmiten conocimientos productivos, creencias, crónicas o narraciones, regulaciones sociales y familiares de conducta cotidiana o moral. El ejercicio práctico de las artes y técnicas productivas se complementan con el lenguaje. La práctica no expresa todos los conocimientos que involucran el contenido del proceso productivo. Algunas veces el conocimiento, trasciende a las creencias religiosas, trasciende lo meramente material.

A este arreglo la Constitución Política Federal lo denomina sistema normativo o formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural (Apartado A fracción I. del Artículo 2º.). El desarrollo del marco jurídico internacional y las luchas de los pueblos indígenas cristalizaron en que la “Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía”, desde que se promulgaron las políticas públicas que corresponden a la garantía del derecho colectivo del que son sujetos activos los pueblos indígenas.

En cuanto a sus idiomas, específicamente reconoce: “Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad” (Fracción V del apartado A citado).

El Estado ha impulsado una diversidad de políticas públicas en los periodos gubernamentales; que en general han considerado que el Estado tiene el conocimiento y el talento suficiente para al margen de la opinión de las comunidades indígenas determinar el contenido y el modo de instrumentación de políticas que les afectan.  Por otra parte, los agentes de la sociedad comparten en todo o en parte la visión oficial. Al final terminan por definir las necesidades y los requerimientos de los indígenas, normalmente con un enfoque paternalista, unilateral y asistencialista.

Esto no significa que todas las políticas instrumentadas se puedan calificar de inapropiadas, como es el caso de la alfabetización bilingüe (Inea) que tampoco es fruto de la consulta y la voluntad previa e informada de los indígenas. Sin embargo, me consta que los instrumentos pedagógicos tanto como la estrategia han sido no sólo aceptados sino bienvenidos.

Todo lo anterior aparentemente no satisface a cierta corriente de académicos que piensan que se deben impulsar políticas de permanencia de usos y costumbres del idioma indígena.

En otra corriente pensamos que la recuperación oral del lenguaje puede ser útil como medida de emergencia en los casos en que la pérdida del idioma sea casi total. Creemos que la alfabetización bilingüe es congruente con las necesidades de fortalecer la permanencia y desarrollo del marco normativo interno y del idioma, sobre todo considerando las condiciones adversas y desventajosas en que se vinculan con el sistema hegemónico en sus componentes económicos, políticos, sociales y culturales.

No se debe perder en la perspectiva evaluativa, el dato de que se trata, por un lado, de derechos colectivos reconocidos a los pueblos indígenas por la normativa vigente, entre ellos el derecho a ser consultados y por el otro, de derechos de los que somos sujetos todos los mexicanos, como el de educación obligatoria y a la protección de la salud (“al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). No se requiere mucho esfuerzo para imaginar que sería impráctico que la formación escolar se impartiera oralmente.

Este es un espacio de opinión abierto, sin embargo, los comentarios no deberán contener lenguaje soez ni ataques personales, de lo contrario serán eliminados.


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