Manuel Quezada/El Diario

jueves, 26 agosto 2021 | 10:19

Chihuahua.- Los organismos que representan al sector automotor en México solicitaron audiencia al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con objeto de analizar las repercusiones de la regularización de vehículos ilegales, informó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles.

Señaló que al margen de la buena fe en la que pudieron incurrir quienes poseen vehículos ilegales, no se puede dejar de observar que la introducción y comercialización de los mismos, es un delito que beneficia a organizaciones criminales.

Precisó que en lo que respecta a la utilización de vehículos en los actos criminales es notoria la utilización de vehículos con condiciones mecánicas que les aseguren su objetivo y proceden generalmente del robo de unidades de modelo reciente que son fácilmente desechados después de su uso.

Mediante un oficio dirigido al presidente de México, la AMDA señaló que la introducción y comercialización de vehículos usados procedentes de Estados Unidos sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero es un delito que se ha pretendido resolver sin éxito mediante disposiciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, como lo acreditan los 19 procesos de regularización en el periodo de 1979 a 2011.

Señalaron que la importación de vehículos usados es factible realizarse de conformidad al Decreto por el que se modifica y prorroga el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado por sus instrucciones en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2020.

Es fundamental recordar que la importación es permitida cuando se cubren los requisitos previstos por la Ley, sin embargo, se convierte en un grave problema para el mercado interno y para los propietarios de un vehículo en regla cuando los vehículos usados introducidos a territorio nacional presentan pésimas condiciones mecánicas, indicó AMDA. 

Los autos catalogados por las aseguradoras estadounidenses como salvage, pérdida total o chatarra, no pueden seguir siendo introducidos al mercado mexicano por elemental seguridad además de representar un grave riesgo tanto a los propietarios como a terceros.

Subrayó que si bien la movilidad eficiente y segura es un derecho de cualquier ciudadano, es un falso dilema considerar que sólo mediante la posesión de un vehículo particular se puede garantizar dicho derecho, aún a costa de la violación sistemática y concertada de la ley.

La regularización de vehículos ilegales afectará en primer término el patrimonio de los ciudadanos propietarios de vehículos en el país, quienes cumplen con sus obligaciones fiscales, al disminuir el valor de los mismos ante la saturación de la oferta que se dará con la regularización.

Por ello es necesario contar con un Registro Público Vehicular eficiente y moderno, asignatura pendiente en el país en virtud de la obsolescencia tecnológica e insuficiencia jurídica del Repuve, así como el cumplimiento estricto de la prohibición para circular sin placas de identificación.

La legalización del contrabando sólo dará pauta a la exacerbación del fenómeno, por eso es imprescindible atacar el problema de la presencia de vehículos ilegales en determinadas zonas del país, a través del cumplimiento de las leyes vigentes planteadas para velar por el bien común de las y los mexicanos.

Agregó que la regularización de los vehículos que se encuentran en calidad de contrabando será la oportunidad para incrementar la basura automotriz circulando en el país, y para introducir tantos o más vehículos de los que actualmente circulan ilegalmente. 

Señalaron que eso ha ocurrido en los procesos anteriores y es previsible que suceda nuevamente ante el ofrecimiento de condiciones laxas en comparación con las contempladas en el Decreto de importación y las Reglas Generales de Comercio Exterior que lo complementan.

Reiteraron el compromiso de trabajar de manera conjunta con el Gobierno de México,  y pidieron a las Entidades involucradas a que se tome en cuenta que la regularización de vehículos ilegales es una contradicción al principio referido. 

Por lo antes expuesto, más las implicaciones que tendrá para la seguridad, el medio ambiente y la economía en general, le pidieron a Andrés Manuel López Obrador les conceda audiencia y en su caso se deje sin efecto la regularización de vehículos ilegales.

Indicó que sería lamentable que en plena crisis económica y sanitaria se busquen instrumentos que hieran no sólo al mercado interno sino al estado de derecho y al patrimonio de los mexicanos.

Otra regularización, cuya experiencia histórica demuestra el círculo pernicioso, en nada coadyuva al interés general y al objetivo de contar con un parque vehicular respetuoso de normas medioambientales, de eficiencia energética además de tener mayores espacios de seguridad vial, concluyó.