Manuel Quezada/El Diario

martes, 01 marzo 2022 | 07:00

Chihuahua, Chih.- La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y sus asociaciones estatales tienen en marcha su decisión de hacer uso del sistema de protección de la justicia federal en contra de lo que consideran afectaciones del decreto que fomenta la regularización de autos de procedencia extranjera, dijo ayer el presidente nacional, Guillermo Rosales Zarate.

Apuntó que el proceso de regularización es doloroso para el sector y tendrá serias consecuencias, las cuales, con base en procesos de regularización de hace más cinco años, se puede proyectar que se dejarían de vender unas 200 mil unidades nuevas como pasó en ese entonces.

Señaló que no se puede proyectar algo más cercano porque no tienen seguridad de que se vuelvan a realizar adecuaciones al decreto y qué tantas más unidades puedan entrar durante los siguientes meses, dado que se amplió el plazo de vigencia del proceso a dos entidades más donde se puede regularizar y omitió la colaboración de las agencias aduanales.

En rueda de prensa virtual conjunta con José Zozaya y Fausto Cuevas, presidente y director de Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, respectivamente, del director de la Industria Nacional de Autopartes, Alberto Bustamante, asó como Miguel Elizalde -director de Asociación Nacional de productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones-, destacaron que con las modificaciones al decreto se releja todo control y alienta la continuidad a la internación ilegal de autos.

Señaló que el problema de la introducción del contrabando automotriz surge por la falta de políticas públicas para promover un desarrollo urbano integral en las diversas ciudades para que sea el eje de la movilidad de las personas y mercancías y, por el contrario se ha promovido el uso de vehículo particular, aun y cuando era materia de contrabando.

La justificante de la autoridad es que es necesario regularizar los vehículos ilegales porque ya están en el país y los utilizan las familias más necesitadas, y porque corresponde a una prioridad de ordenamiento dado que son utilizados en la comisión de los delitos.

Sin embargo, Guillermo Rosales cuestionó la manera de excluir la responsabilidad primaria que tienen los órdenes de gobierno para promover la seguridad pública, infraestructura y dotación de servicios públicos.

“Lo que más se ha resaltado para justificar la regularización, es justo la utilización de los autos chuecos, en la comisión de delitos”, dijo.

Sobre las adecuaciones al Decreto de Regulación, el presidente de AMDA informó que el gobierno federal incluyó a estados de Sinaloa y Zacatecas para que también entren al proceso de regularización de vehículos internados de contrabando al país, por lo que se suman a los autorizados desde octubre pasado, es decir, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

Asimismo, se amplió la vigencia de la regularización automotriz, dijo, hasta el 20 de septiembre del 2022, cuando originalmente era a julio del presente año.

Señaló que los riesgos los enfrenta no sólo el mercado automotor, sino la legalidad de los procedimientos instaurados por la autoridad para regularizar los autos.

El presidente de AMDA indicó que de acuerdo al artículo 6 del nuevo Decreto, para realizar la regularización, el propietario del vehículo usado de procedencia extranjera debe presentar al Registro Público Vehicular (Repuve) a través de medios electrónicos o módulos de inscripción instalados para tal efecto, la manifestación bajo protesta de decir verdad en el formato que se anexa, con los documentos que correspondan, así como la constancia de pago del aprovechamiento de dos mil quinientos pesos, a que se refiere el artículo 3, fracción V de este Decreto y que se realizará mediante el formulario múltiple de pago de comercio exterior que se encuentra en la siguiente dirección electrónica http:// omawww.sat.gob.mx/aduanasportal/paginas/index.html#!/mupea_formulario_multiple.

Una vez que el Registro Público Vehicular reciba los documentos a que se refiere el párrafo anterior, de forma inmediata los remitirá vía electrónica a la Agencia Nacional de Aduanas de México. Con el solo envío de la documentación referida en el párrafo anterior, se tendrá por acreditada la importación y legal estancia en el país de los vehículos a que se refiere el presente Decreto, para los efectos legales a que haya lugar.

Subrayó que lo anterior da la pauta para poder indicar que el procedimiento carece del mínimo elemento del control por parte del Estado Mexicano para asegurar que los autos que regularizará no cuentan con reporte de robo o de condiciones extremas en cuanto a la calidad mecánica que evite su circulación.

También se deja de lado cualquier consideración de llevar a cabo la verificación de emisiones contaminantes dijo.

“Se exime de cualquier participación y control al sistema de Aduanas de México y el rol que juega el paquete aduanal, y no se menciona en ningún momento la figura de contar con algún pedimento de importación que acredita la legal estancia en el país de cualquier mercancía extranjera.

Esta omisión, no sólo vulnera el marco jurídico mexicano, sino que abre la puerta a que los vehículos que siguen entrando en calidad de contrabando se incremente en el número, es decir, el compromiso asumido por el presidente Andrés Manuel López, de que sólo se regularizarían las unidades que estaban en el país hasta el pasado 19 de octubre del 2021, no ocurrirá.

Apuntó que con el nuevo Decreto se abre la oportunidad para que los autos que entran en forma irregular al país en este momento, también se puedan regularizar, ya que no hay dentro del procedimiento que se hace a través del Repuve no hay forma alguna de acreditar su fecha de internación, cosa que sí se hubiera hecho a través de la responsabilidad solidaria de los agentes aduanales y agencia nacional de aduanas de México.

“El Repuve no tiene facultades para llevar cabo el procedimiento de regularización como se pretende con el nuevo Decreto”.

Guillermo Rosales dijo que “a todas luces no estamos solamente ante un procedimiento viciado, sino que las consecuencias que tendrá repercutirán en el número de vehículos que se les conceda la regularización y con ello estaríamos en la condición de afectación al mercado formal de vehículos usados y nuevos”.

Además, explicó, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al Registro Público Vehicular establecer módulos de registro y solicitó a las entidades federativas establecer condonaciones en impuestos para su emplacamiento para facilitar la regularización prometida, dejando en 2 mil 500 pesos el costo de cada regularización vehicular.