El Paso

Festejan ‘dreamers’: falla a su favor Corte Suprema

Máximo tribunal da revés a Trump en intento por cancelar programa DACA

Sabrina Zuniga / El Diario de El Paso

viernes, 19 junio 2020 | 07:32

El Paso.- Con júbilo, así fue recibida el jueves por más de 650 mil ‘dreamers’ y activistas pro inmigrantes a nivel nacional, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de bloquear el intento del gobierno de Donald Trump de poner fin a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Se trata de un programa de la administración de Obama que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes traídos a los Estados Unidos cuando eran niños –los llamados ‘dreamers’– y que cumplen con ciertos requisitos como realizar estudios universitarios, trabajar, pertenecer a las Fuerzas Armadas y no tener historial delictivo.

“Ha sido un día muy emotivo para muchos de nosotros. Tengo un profundo agradecimiento a todos por el apoyo que nos han brindado los últimos tres años. Ahora a seguir luchando. ¡Arriba el pueblo, abajo el fascismo!”, declaró en redes sociales, Roberto Valadez, activista y recipiente de DACA en El Paso.

Valadez nació en Juárez pero llegó a El Paso siendo un niño. Gracias a DACA pudo cursar una licenciatura y una maestría en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) y se ha destacado por su activismo a favor de los ‘dreamers’.

“¡Este es nuestro hogar! y el mundo por el que soñamos es uno lleno de solidaridad, amor y dignidad. La lucha sigue”, señaló Claudia Ioli, una ‘dreamer’ nacida en Venezuela pero criada en El Paso –donde graduó de UTEP– que se ha dedicado al trabajo político, primero en esta ciudad y ahora en Austin.

La decisión, 5-4, fue escrita por el presidente de la Corte Suprema John Roberts y se unió a los jueces Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan, Stephen Breyer y Sonia Sotomayor. Se trata del segundo revés judicial a la administración Trump en una semana, en medio de la campaña por la reelección; hace unos días la Corte Suprema falló en contra de la discriminación laboral a la comunidad LGBT.

“La decisión de la Corte Suprema es una victoria para cientos de miles de jóvenes inmigrantes y para el futuro del sueño americano”, declaró Verónica Escobar, congresista federal por el Distrito 16 de Texas, que incluye a El Paso. “Durante años, los ‘dreamers’, que son tan estadounidenses como todos nosotros, han estado luchando para convertirse en el papel y por la oportunidad de continuar contribuyendo al tejido rico y hermoso de nuestra nación. Esta decisión honra su lucha al afirmar que el odioso intento del presidente Trump de terminar con DACA fue arbitrario y caprichoso”, agregó Escobar.

La Cámara de Comercio Hispana en El Paso expresó que los beneficiarios de DACA son una parte crítica de la economía del estado y nación. “Sólo en Texas, la decisión de la Corte Suprema protegió a 130 mil texanos que son parte de este programa. Millones de empresas en todo el país confían en los ‘dreamers’ como participantes calificados, capacitados y estables de la fuerza laboral”, expresó la Cámara de Comercio en un comunicado.

Los beneficiarios de DACA mayores de 25 años tienen una tasa de empleo del 93 por ciento y aportan 1.4 mil millones de dólares en impuestos federales, 2 mil millones de dólares en impuestos del Seguro Social y 470 millones de dólares en Medicare cada año, además de más de 2 mil millones de dólares por año en impuestos estatales y locales.

Esta protección, es un golpe para la administración Trump, ya que la reforma migratoria ha sido un eje central de su agenda antiinmigrante. Significa que, por ahora, los participantes en el programa pueden continuar renovando la membresía en el programa que les ofrece autorización de trabajo y protección temporal contra la deportación.

Por su parte, el Consulado de México en El Paso dijo que la Cancillería mexicana y la red consular de México se mantendrán atentas a la continuidad del Programa DACA. “En particular, se dará seguimiento al proceso de renovación de los permisos que se encuentran vigentes, así como cualquier cambio administrativo o acción legal que pudiera suscitarse con motivo del fallo de la Suprema Corte”, expresó en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La continuidad del Programa DACA es un reconocimiento al valor y trabajo de la comunidad inmigrante en Estados Unidos, particularmente, en el contexto actual de la pandemia de Covid-19. Aproximadamente, 205 mil jóvenes ‘dreamers’ trabajan en sectores esenciales para proteger la salud y seguridad de Estados Unidos. “Asimismo, resalta las contribuciones que realizan diariamente estos jóvenes en Estados Unidos.

A nivel nacional, se estima que los beneficiarios de DACA y sus familias pagan 5.6 mil millones de dólares en impuestos federales y 3.1 mil millones de dólares en impuestos estatales o locales. Por otra parte, más del 89 por ciento de ellos está empleado y 45.9 por ciento tiene licenciatura o un grado académico superior”, informó la SRE.

La Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) celebró la decisión de la Corte Suprema. 

“Esta es una gran victoria tanto para las personas como para las familias que han pasado años luchando por la justicia. A la luz de las desigualdades económicas y de salud sin precedentes que enfrentan nuestras comunidades”, expresó.

La BNHR está feliz con la decisión que brindará más certeza a miles de jóvenes en todo el país que han vivido y contribuido durante tantos años, dijo Fernando García, director ejecutivo de BNHR. 

“Estamos contentos de que, con esta decisión, la vida de estos jóvenes permanezca protegida por ahora. Por lo tanto, la Corte Suprema confirmó que el proceso en el que participó la administración Trump para cancelar el programa, fue defectuoso. Sobre todo, queremos que las leyes de inmigración sean reformadas y que esas reformas incluyan a todas las familias inmigrantes. Necesitamos una solución a largo plazo y pedimos al Congreso que actúe y brinde una solución sustantiva para los 11 millones de inmigrantes en este país”, agregó García.

DACA, establecido en 2012, está disponible para cualquier inmigrante indocumentado que haya venido al país menor de 16 años, que haya vivido en EU desde al menos junio de 2007, se haya matriculado en preparatoria o se haya graduado y no haya sido condenado por ciertas ofensas.

Los beneficiarios que cumplieron con los criterios se convirtieron en elegibles para subvenciones renovables de dos años de “Acción Diferida”. También eran elegibles para autorización de trabajo y números de Seguro Social. A cambio, sin embargo, tuvieron que proporcionar al Gobierno cierta información de identificación.

Después de que Trump asumió el cargo, el entonces fiscal general Jeff Sessions anunció que el programa se había creado “sin la debida autoridad” y sólo después de que el Congreso rechazara la legislación propuesta. Al día siguiente, Elaine Duke, entonces secretaria interina de Seguridad Nacional, anunció que se eliminaría gradualmente, señalando que tenía “defectos legales y constitucionales”.

Meses después, ya iniciados los desafíos legales, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, emitió un nuevo memorando que presentaba más justificaciones basadas en políticas para cerrar el programa. (Sabrina Zuniga/El Diario de El Paso)

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