Staff / El Diario de El Paso

domingo, 12 febrero 2023 | 08:25

Un juarense acusado del asesinato de un hombre en febrero de 2021 no podrá ser juzgado por ese caso criminal, en uno de los últimos capítulos de las irregularidades cometidas por la Fiscalía de Distrito de El Paso bajo el mando de Yvonne Rosales, quien renunció a finales del año pasado a su cargo en medio del escándalo.

La Corte de Apelaciones del Octavo Distrito falló en contra de la petición del Estado de Texas de volver a acusar a Iván Gabaldón, un hombre cuyo caso de asesinato capital fue desestimado por “vengatividad” de la Fiscalía en 2021.

De esta manera, el tribunal de segunda instancia avaló la decisión de la jueza Alyssa Pérez, de la Corte de Distrito 210, quien desechó los cargos por asesinato capital en contra del acusado.

Gabaldón fue arrestado en febrero de 2021. El entonces hombre de 20 años fue acusado de matar a Juan García Flores, de 63 años, luego de que los dos hombres supuestamente participaran en un encuentro sexual pagado.

Luego, el caso fue desestimado en diciembre de 2021, cuando el tribunal de primera instancia desestimó el caso por “vengatividad” de la Fiscalía.

El tribunal desestimó el caso después de que la Oficina del Fiscal de Distrito, entonces dirigida por Rosales, dijo que planeaba volver a acusar el caso como un asesinato capital, luego de que su solicitud de retrasar el juicio fuera denegada en el otoño de 2021.

En una presentación ante la Corte de Apelaciones, el Estado argumentó que el tribunal de primera instancia abusó de su poder al conceder la moción para desestimar el caso.

El ahora ex fiscal asistente Curtis Cox, entonces jefe de la División Superior de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de El Paso, admitió durante una audiencia en el caso que los fiscales manejaron mal el caso y que no se habían tomado medidas al respecto durante meses.

Estaba previsto que Gabaldón fuera a juicio en diciembre de 2021, pero los fiscales no estaban listos para juzgar el caso, según varias audiencias judiciales celebradas en el caso.

Luego, los fiscales volvieron a acusar a Gabaldón de un cargo de asesinato capital y declararon que iban a buscar la pena de muerte y, por lo tanto, necesitaban retrasar la fecha del juicio.

Los abogados defensores Denise Butterworth, Omar Carmona y Félix Valenzuela argumentaron que los fiscales buscaban la pena de muerte porque su cliente estaba ejerciendo su derecho constitucional a un juicio rápido mientras los fiscales intentaban retrasar el caso porque se había manejado mal.

Argumentaron que el nuevo cargo y los esfuerzos por buscar la pena de muerte eran venganza de la Fiscalía.

La juez Pérez estuvo de acuerdo con los abogados defensores y desestimó el cargo de homicidio capital contra Gabaldón en diciembre de 2021.

Los fiscales estatales luego presentaron una apelación ante la Corte de Apelaciones del Octavo Distrito de Texas alegando que Pérez abusó de sus poderes como juez al desestimar el caso.

Los jueces de la Corte de Apelaciones dictaminaron que la decisión de Pérez de desestimar el caso fue la decisión correcta debido a la “conducta atroz” de los fiscales estatales.

“El Estado volvió a acusar a Gabaldón de asesinato capital como castigo por su oposición a sus solicitudes de continuación”, afirman los jueces en su opinión. “Permitir que el Estado ahora vuelva a acusar a Gabaldón por asesinato sería darle al Estado exactamente lo que buscaba cuando tomó represalias: una continuación del enjuiciamiento por asesinato. El Estado tendría que volver a hacerlo. En consecuencia, encontramos que desestimar la acusación con prejuicio fue necesario para neutralizar la mancha de la conducta atroz del Estado en el caso. Por lo tanto, encontramos que el tribunal de primera instancia no abusó de su discreción”.

El caso Gabaldón jugó un papel importante en los esfuerzos del abogado Omar Carmona para destituir a Rosales de su cargo. Carmona presentó una petición en agosto de 2022 solicitando la destitución de Rosales debido a “mala conducta oficial e incompetencia continua”.

La petición citó varias razones por las que Rosales debería ser destituida de su cargo, incluido el “vengativismo fiscal” que llevó a la desestimación del cargo de asesinato de Gabaldón. Otras acusaciones incluyeron la desestimación de cientos de casos penales pendientes y acusaciones de “mal manejo” del caso del tiroteo masivo en Walmart.

Rosales luchó contra la petición y negó las acusaciones en su contra. Sin embargo, renunció a su cargo antes de que se llevara a juicio la petición para destituirla. Greg Abbott nombró de manera casi inmediata como fiscal de Distrito, tras la renuncia de Rosales, al abogado republicano Bill Hicks, quien prometió arreglar el desorden que dejó su antecesora.

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