Estado
Denuncian familiares

Abandonó la Fiscalía búsqueda de zacatecanos

Pusieron como pretexto la falta de una grúa; sólo dos rastreos se hicieron en 24 meses, acusan

Cortesía / Los ausentes
Cortesía / Las pesquisas para su localización

Salud Ochoa/El Diario

viernes, 17 septiembre 2021 | 11:05

Chihuahua– La falta de una grúa fue el último pretexto que la Fiscalía dio para no continuar con la búsqueda de Javier Muñoz Pérez, Juan Antonio Martínez Parra y Rubén Flores Cisneros, los tres jóvenes zacatecanos desaparecidos en Urique hace casi dos años. Lo anterior fue señalado por familiares de las víctimas, quienes acusaron también un total abandono del caso por parte de la extinta administración de Javier Corral.

Dijeron que lo último que supieron respecto al tema fue que la FGE estaba en espera de conseguir una grúa para descender a una mina en la comunidad de Monterde, donde presuntamente harían el operativo para buscar a los desaparecidos. Sin embargo, la administración de Corral terminó y el caso quedó pendiente de resolver.

Cindy Muñoz, hermana de Javier Muñoz Pérez, dijo que están buscando la manera de viajar a esta capital con el objetivo de solicitar una cita con la gobernadora María Eugenia Campos Galván, ya que durante los casi 24 meses previos no fueron escuchados.

“Ya no sabemos de qué forma hacernos escuchar. La intención nuestra es ir a Chihuahua e intentar una cita con la gobernadora. Estamos en un total abandono del caso y cuando se vino el cambio de gobierno, tomaron eso como pretexto para detenerlo todo”, señaló.

Erika Flores Cisneros, madre de Rubén, confirmó que a la fecha no hay ningún avance en la investigación y se ha llegado al punto en que ni siquiera les quieren responder las llamadas telefónicas que realizan para solicitar información.

“Pues hasta la fecha no hay nada, ya ni la licenciada encargada nos dice nada, a veces ya ni contestan. La verdad ya no sabemos qué hacer ni a quién acudir. Son casi dos años y ningún avance”, señaló.

Confirmó también lo dicho por Cindy Muñoz en cuanto a la posibilidad de un descenso a la mina aunque, dijo, de eso ya pasaron varias semanas y no se hizo nada. En torno al trabajo de la Comisión Estatal de Búsqueda, indicó que ha sido prácticamente nulo.

“Tengo entendido que la mina está en Monterde, donde según se los habían llevado. Por un rancho llamado Cruz de Piedra. En cuanto a la búsqueda yo nada más tengo conocimiento de dos rastreos que se hicieron, uno según casi al principio y el otro fue hace unos meses, pero nada más”, aseguró.

Tras 23 meses de que se tuviera el último contacto con ellos desde el poblado de San Rafael, en el municipio de Urique, la familia de las víctimas cuestiona el actuar de la autoridad investigadora, quien no sólo ignoró mensajes que indicaban el paradero de los jóvenes, sino que abandonó el caso, ya que no existen indicios del paradero de las víctimas y ya ni siquiera les responden las llamadas.

Erika Flores recuerda e insiste en que luego de la desaparición, la familia recibió mensajes de texto desde un número desconocido, en el que se les indicaba que su hijo –de entonces 17 años de edad– y sus acompañantes habían sido captados para llevarlos a trabajar en un rancho ubicado en la comunidad de Monterde en Guazapares, municipio serrano con antecedentes de presencia de grupos del crimen organizado y desplazamiento forzado de habitantes generado por actores del narcotráfico.

Pero además, esos mismos mensajes que llegaron durante los primeros días luego de la desaparición de los jóvenes, indicaban a la familia que el vehículo donde los hoy ausentes se transportaban, estaba “guardado” en una bodega hasta donde elementos de la Guardia Nacional y la Comisión Estatal de Seguridad Pública llegaban periódicamente a recoger un sobre presuntamente con dinero.

“Mi hijo y sus compañeros tenían una fecha para regresar pero pasaron como 6 días y no lo hicieron. Se seguían comunicando pero de pronto se cortó la comunicación, por lo que levantamos la denuncia. Nunca tuvimos datos de un posible secuestro porque no se pidió un rescate ni nada similar; sólo recibimos mensajes anónimos donde nos decían que se los habían llevado a un lugar llamado Monterde a trabajar”, narró. 

“En esos mensajes se mencionaba también a una persona de apellido Aparicio, a quien decían tener comprado. No sabíamos quién era. Le informamos a la Fiscalía pero no le dio seguimiento y hasta el momento no hay ningún avance en la investigación. La Fiscalía no ha dado ningún resultado, no tienen ningún rastro de ellos”, dijo Erika, quien actualmente radica en Estados Unidos.

“Ha sido muy pesado porque pasa el tiempo y no se sabe nada. Estamos haciendo el intento para seguir buscándolos para saber si alguien tiene algún dato. Ellos andaban en San Rafael, iban también a Batopilas y Creel, pero la última ubicación del teléfono fue en Urique. Es muy difícil, se imagina uno muchas cosas… no saber lo que está pasando. Ha habido muchos mensajes y comentarios de todo tipo pero realmente no sabemos cuál sea la verdad respecto a lo ocurrido”, afirmó.

La historia

Según el reporte de desaparición que yace en la Fiscalía, Javier, Juan Antonio y Rubén salieron de Tepechitlán, Zacatecas el 17 de octubre de 2019 y llegaron a Chihuahua el 18 de ese mes. Conducían una camioneta Toyota pickup color verde cabina y media con camper color plata modelo 1991 con número de serie JT4VN93D0M5018095 y placas del estado de Zacatecas ZA3308A.

La información establecida en el reporte con número de caso 65 2019 0000069 indica que la última vez que se tuvo comunicación con ellos fue el 31 de octubre en el poblado de San Rafael, municipio de Urique, a donde llegaron a vender cobijas y blancos, actividad que realizaban –por lo menos Javier– desde dos años atrás en la Sierra de Chihuahua y Durango.

La denuncia por la desaparición se realizó primero ante la Fiscalía del Estado de Zacatecas el 9 de noviembre de 2019 y 5 días después, el 14 de noviembre del mismo año, fue ratificada ante el fiscal Francisco González Arredondo en la Fiscalía de Chihuahua. 

El documento señala que por información de redes sociales, proporcionada por clientes del desaparecido Javier Muñoz, se supo que dejó un remolque tipo traila en el hotel Rayenali de San Rafael. Mientras que previo análisis de las líneas telefónicas, que llevó a cabo la Fiscalía de Chihuahua, se ubicó la última comunicación del celular de Javier en el Cañón de Urique a las 00:15 minutos del 1 de noviembre. De igual forma, se indica que en la comunidad de Bahuichivo –cercana a San Rafael– estuvieron desayunando en el citado hotel. Allí fue la última vez que se les vio. A la fecha no hay rastro de ellos.  

‘Busque apoyo con los militares’  

“Busque apoyo con los soldados si quiere que salgan de aquí”, decía uno de los mensajes que las familias de Javier Muñoz, Juan Antonio Martínez y Rubén Flores recibieron en el lapso de una semana posterior a su desaparición en octubre de 2019. 

En esos textos –comentaron los familiares de las víctimas– había señalamientos directos sobre la relación que el Gobierno de Chihuahua, la Comisión Estatal de Seguridad y la Policía ministerial tenían con los grupos del narcotráfico que operan en la región serrana y cómo los elementos policiacos avisaban de inmediato a los delincuentes todo lo que ocurría a cambio de un pago.

Por eso, según la lógica de los emisores del mensaje, era necesario que los familiares buscaran a las fuerzas castrenses, ya que sólo ellos podrían ayudarles debido a que los elementos de seguridad del estado destacados tanto en Urique (donde desaparecieron) como en Témoris (donde presuntamente los habrían llevado), tenían nexos con la delincuencia.

En dichas misivas se indica que los policías estuvieron en Bahuichivo –lugar donde las víctimas desayunaron en el restaurante Rayenali– y no sólo dieron cuenta de la presencia de los sicarios, sino que hasta intercambiaron saludos con ellos.

De igual manera se habla de que los jóvenes habrían sido trasladados a un sitio llamado “Cruz de Piedra”, mientras que la camioneta en la que viajaban se quedó en una bodega en el poblado de San Rafael, tal cual se asienta en el reporte con número de caso 65 2019 0000069, que primero se hizo ante la Fiscalía de Zacatecas y posteriormente fue ratificada en la Fiscalía de Chihuahua.

La desaparición de las 3 víctimas dio pie también a los intentos de extorsión desde números diversos, que ya no se ubicaban en la Sierra de Chihuahua y a través de los cuales se pedía dinero a las familias, para que los jóvenes regresaran con vida.

Tanto la familia de Javier Muñoz como de Rubén Flores coinciden en que la autoridad investigadora no dio seguimiento ni a los primeros mensajes que involucraban directamente a los cuerpos policiacos con la desaparición, ni a los segundos que pedían dinero a cambio de información de las víctimas.

El 25 de octubre de 2019, a las 11:10 de la mañana, Javier Muñoz Pérez tomó una fotografía donde se veía trabajando en la venta de cobijas en la zona serrana de Chihuahua. Es una de las últimas imágenes que la familia tuvo de él y sus compañeros. 

EL CASO

• Rubén Flores Cisneros, Javier Muñoz Pérez y Juan Antonio Martínez Parra salieron de Tepechitlán, Zacatecas el 17 de octubre de 2019 y llegaron a Chihuahua el 18 de ese mes.

• Conducían una camioneta Toyota pickup color verde cabina y media con camper color plata modelo 1991 con número de serie JT4VN93D0M5018095 y placas del estado de Zacatecas ZA3308A.

• La última vez que se tuvo comunicación con ellos fue el 31 de octubre en el poblado de San Rafael, municipio de Urique, a donde llegaron a vender cobijas y blancos.

 

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