Estado

Abren proceso por tiradero de obras en Juárez

Exhibe secretario de Obras Públicas del Estado multimillonarias irregularidades en trabajos que dejó sin concluir Corral en la frontera

Eduardo Lara/ El Diario de Juárez

jueves, 28 octubre 2021 | 10:00

Ciudad Juárez.- La Secretaría de la Función Pública inició la integración de carpetas de investigación contra quienes resulten responsables por las omisiones en la construcción de la segunda ruta troncal en Ciudad Juárez.

En conferencia de prensa, funcionarios estatales dieron a conocer que los exsecretarios de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) y Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) serán notificados por la Función Pública del inicio del proceso de aclaraciones, que puede derivar en un proceso penal.

El actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Carlos Aguilar García, dijo que las obras del BRT-2 se llevaron a cabo sin proyectos ejecutivos completos, sin manuales de mantenimiento, sin permisos y hasta con irregularidades en los materiales utilizados y contratos otorgados.

Aguilar García hizo públicas las irregularidades detectadas, señalando que el proyecto “arrancó mal” debido que la Sedue, entonces encabezada por Luis Felipe Siqueiros, infringió los lineamientos internos al diseñar la obra, siendo la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas la facultada para ese proceso.

“Las inconformidades y molestias con respecto a la BRT por parte de los juarenses tuvieron su razón de ser, más allá de los inconvenientes naturales que genera una obra de esta naturaleza. Algunos de los hallazgos encontrados son que la Sedue infringió los lineamientos internos de Gobierno del Estado, porque es la SCOP la facultada para diseñar, proyectar y construir”, dijo.

Colectivos ciudadanos realizaron protestas y acciones legales sin éxito contra uno de los principales proyectos de obra pública del exgobernador Javier Corral Jurado en esta frontera. Incluso la semana pasada realizaron una nueva manifestación de repudio al proyecto y demandaron a la gobernadora María Eugenia Campos “que no le apueste a este proyecto fallido”, dijo Sergio García Rueda, representante de los colectivos “No al Vivebús” y “No a la Ruta Troncal”.

De acuerdo con Aguilar García, el proyecto careció de carácter ejecutivo al momento de su licitación debido a la falta de orden al resolver asuntos como el tráfico, afectaciones a servicios hospitalarios, gas, luz, entre otros, además de no contar con un estudio de afectaciones viales, las cuales han provocado alrededor de 500 accidentes en avenidas como Tecnológico y Gómez Morín.

Asimismo, detalló que el proyecto que arrancó el 13 de julio del 2020 careció de estudios de impacto ambiental, así como una propuesta y diseño para las condiciones climatológicas de Ciudad Juárez.

“La propuesta de diseño de la infraestructura de los paraderos no toma en cuenta el tipo de clima que hay en la ciudad, como usar puro acero, vidrio y laminados con un calibre muy bajo. El proyecto es de cerca de mil millones de pesos como para que estos materiales sean usados, pues pueden ser dañados hasta por el propio viento”, detalló.

Luego de un estudio realizado a las obras, se encontraron irregularidades en la altura de las plataformas, colocación de las guías podotáctiles, rampas de acceso, altitud de los techos, así como en el colado de concretos que tuvieron que ser reemplazados ya que presentaba fisuras u obstruían las conexiones para los sistemas de cobro.

Aguilar García aseguró que fue Sedue la que destinó casi 10 millones de pesos para la elaboración de al menos seis contratos para conformar el proyecto ejecutivo, documento que carecía de los requisitos mínimos para la correcta ejecución de los trabajos. También afirmó que la pasada administración intentó resolver varias de las observaciones sobre la marcha, lo cual, dijo, no debió ser así.

En lo referente al desarrollo urbano, el subdelegado en la Zona Norte abundó en que se encontró que no existe una propuesta de conservación y mantenimiento de la infraestructura del sistema BRT, así como la omisión de un plan definitivo de un sistema de cobro, además de que no se contó con la definición de las dimensiones y tipos de vehículos de alta ocupación para la construcción de las estaciones y carencia de una previsión de daños colaterales a edificaciones aledañas.

El titular de la SCOP destacó que aunque las omisiones de la pasada administración hacen parecer que son los contratistas “los malos de la película”, éstos sí tienen cierta responsabilidad en la ejecución de los trabajos, los cuales permanecen bajo revisión.

Explicó que ya se ha comenzado con la demolición de losas de concreto que fueron mal construidas. Asimismo, se ejecutarán las penas pertinentes por mala calidad de construcciones por parte de cinco contratistas, las cuales llegan a los 2 millones de pesos y se procederá con la rescisión de los contratos que sean necesarios.

Uno de los contratistas que se encuentra “bajo lupa” y con riesgo de caer en rescisión de contrato es Comercializadora, Infraestructura y Maquinaria El Alto S.A. de C.V., originaria de la ciudad de Chihuahua, encargada de realizar los trabajos del tramo 9 de la BRT-2, que comprende desde la avenida Lerdo hasta la calle Helio.

A dicha empresa se le otorgó el contrato 144-OP-0057/20-PIDOP-OBRA por un monto de 19 millones 934 mil 666.80 pesos con IVA incluido, además de que el plazo para terminar las labores venció desde el pasado mes de abril.

Fue a finales de septiembre cuando Aguilar García dio a conocer que empresas como Anglo, Constructora Norte Sur, DYM Ingenieros, Comagosa y Gema eran algunas de las compañías que podrían ser sancionadas debido a los retrasos en las obras de la BRT-2.

DYM, que construye el tramo 3 –que va de la avenida Del Charro a la calle Francisco Márquez– por 58.5 millones, llevaba a inicios de septiembre un avance del 76 por ciento, cuando de acuerdo con el contrato debió entregar la obra el 22 de diciembre del año pasado.

Comagosa, encargada de los trabajos del frente 2 –de Ramón Rivera Lara a Aguirre Laredo–, reportaba un 70 por ciento, aunque también debió terminar desde diciembre de 2020. A esta compañía se le están pagando 54.9 millones de pesos.

Constructora Norte Sur, que tiene el tramo 4 –de la calle Paseo de las Palmas a Teófilo Borunda– por 43.2 millones de pesos, no reporta avance, sin embargo, cumple al menos nueve meses de retraso.

Gema, que lleva a cabo la construcción subterránea de la estación Muref, en el Centro Histórico, tenía que entregar desde el pasado 12 de marzo de 2021. Estas obras están detenidas. Anglo construye el tramo ocho de la segunda ruta troncal sobre la avenida 16 de Septiembre, desde la calle Francisco Márquez hasta la avenida Lerdo.

El funcionario destacó que otro de los contratos que está siendo evaluado es el referente a señalización y semaforización debido a que a estas alturas la empresa debió haber ejercido un 92% de los conceptos contratos, sin embargo, el avance es de apenas el 20%.

Según el acta de fallo LO-908009996-E6-2021, referente a la construcción para la señalización y semaforización del corredor troncal Tecnológico y pretroncal Gómez Morín, los trabajos fueron adjudicados a Gema Constructora, en asociación con Cactus Traffic por un importe sin IVA de 101 millones 774 mil 052.39 pesos.

Proceso ante Función Pública

El subsecretario de fiscalización de la Secretaría de la Función Pública, Osiel Torres, detalló que el proyecto del sistema BRT no cumple con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en las que se incluyen obtención de estudios, permisos y licencias previos a la realización de los trabajos.

Asimismo, se indicó que dentro de los trabajos de entrega-recepción de la SCOP, el equipo de la nueva administración notificó al menos 30 observaciones globales, entre ellas la segunda ruta troncal.

Torres Molina indicó que el exsecretario de Obras Públicas, Gustavo Elizondo, ya fue notificado para que responda a las aclaraciones requeridas.

Por otra parte se destacó que la Función Pública ha iniciado con la integración de carpetas de investigación para determinar y llamar a quienes resulten responsables.

Aguilar destacó que son más los hallazgos encontrados en materia de obra como en lo legal, por lo que será la gobernadora quien anuncie las medidas a tomarse en cuanto a las construcciones pendientes e informará a la ciudadanía sobre las denuncias correspondientes.