Estado

Acumula Corral siete demandas

Son por desvío millonario de recursos, daño moral, peculado y traición a la patria

Archivo / El Diario de Juárez

Javier Olmos
El Diario de Juárez

jueves, 09 septiembre 2021 | 10:10

Al menos siete denuncias penales por desvío millonario de recursos, daño moral, peculado y traición a la patria pesan ante distintas instancias, federales y locales, contra el exgobernador Javier Corral Jurado, interpuestas en tiempos de su mandato.

Desde 2018 ya había sido denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) debido a que, con dinero público, presuntamente financió la Caravana por la Dignidad, que ese mismo año emprendió contra la Federación demandando 780 millones de pesos para el estado.

El archivo periodístico indica que en febrero de 2018 el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana denunció ante la Fepade a Corral por iniciar una “campaña de desprestigio” contra su antecesor César Duarte, por la colocación de espectaculares con su imagen en los que se solicitaba extradición a pesar de que no tenía sobre él una sentencia firme.

La denuncia incluyó notas periodísticas en las que se consignaba la colocación de espectaculares con la imagen de Duarte en vialidades de Chihuahua, mismas que incluso un juez ordenó al Gobierno estatal retirar.

Pero también fue acusado de utilizar recursos estatales para financiar la Caravana por la Dignidad, movimiento que inició el 20 de enero para reclamar a Hacienda la entrega de 780 millones de pesos, y que, asegura la denuncia, tenía fines políticos.

Entonces, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) acudió a la misma fiscalía para denunciar el presunto uso de recursos públicos en una campaña de desprestigio contra el PRI y para beneficiar al PAN.

Los priistas aseguran que, a través de medios de comunicación, se evidenció que en actos de Corral se entregaron artículos como gorras, camisetas y despensas con la tipografía de la precampaña presidencial de Ricardo Anaya, por lo que exigían abrir investigaciones en su contra.

El 15 de octubre de 2020, el político Fermín Ordoñez también denunció a Javier Corral y a su entonces “delfín” Gustavo Madero por el supuesto desvío de más de 20 millones de pesos que, alegó, se usarían en las campañas de 2021.

Esta denuncia se radicó en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (Seido) de la Fiscalía General de la República (FGR), en perjuicio de la Comisión de Seguridad Pública de Chihuahua, refieren notas periodísticas.

Para justificar la querella, Ordoñez presentó cheques, poderes y actas constitutivas de las empresas para sustentar la vinculación, recibiendo personalmente la denuncia por el titular de la Seido, Alfredo Higuera Bernal, 

Según dio a conocer, Rodolfo Aguirre, administrador de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), expidió cheques de la institución por más de 20 millones de pesos para invertirlos en negocios donde él mismo tenía participación como accionista, como bares, constructoras y proveedores del Gobierno local.

El quejoso destacó que existía un vínculo entre Romero Aguirre, la empresa Urbanizadora McAllen, el empresario Carlos Cuevas, Gustavo Madero y Marcela Ruiz, representante legal de Servicios de Previsión Integral, de la cual también es accionista y dueño el senador panista.

También pesa sobre el exgobernador la querella que interpuso a finales de mayo de este año el líder del Frente Nacional Ciudadano (Frena), Gilberto Lozano, ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de desvío de 500 millones de pesos que debieron recibir la Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. y el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

“Hay actos que reflejan delitos de cohecho, de abuso de autoridad y desvíos de recursos públicos del actual Gobierno de Javier Corral Jurado; la denuncia fue recibida en atención a César Augusto Peniche Espejel”, afirmó.

Todavía antes de terminar su gestión, el exmandatario fue emplazado a juicio por los abogados de Duarte, por el delito de daño moral.

“Esta tarde, al filo del mediodía, quedaron debidamente emplazados a juicio tanto el C. Javier Corral Jurado a título personal como el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua por medio de su representante, el C. Javier Corral Jurado”, precisó Juan Carlos Mendoza, representante legal del exgobernador.

“Este juicio consiste en la demanda de daño moral en favor del C. César Horacio Duarte Jáquez, y dicho juicio será  llevado a cabo en el Juzgado Sexto Civil por Audiencias de este Distrito judicial Morelos bajo el número de Expediente 674/2021”, añadió.

La demanda por daño moral se debe a que por cinco años Corral señaló al exmandatario como responsable de delitos, sin que hubiera un proceso legal de por medio, afectando su derecho a presunción de inocencia.

Mientras que, a tan sólo unas horas de terminar la administración, el diputado priista Omar Bazán ratificó la denuncia en contra del entonces todavía mandatario por posibles actos de peculado.

Se refiere que la denuncia original se presentó el pasado 21 de julio y contiene una lista de más de 100 probables irregularidades en el uso y manejo de recursos públicos. El monto total de las observaciones alcanzaría los 8 mil 398 millones de pesos, correspondientes sólo hasta la cuenta pública de 2018.

En este caso, el secretario de Hacienda, el corralista Arturo Fuentes Vélez, tramitó un amparo ante la autoridad federal para no ser detenido por posibles delitos financieros durante el desempeño de su cargo.

Y finalmente también enfrenta señalamientos penales por los delitos de traición a la patria, uso indebido de documentos y ocultar, alterar y/o negar la información que le sea legalmente requerida por la autoridad electoral competente, según una denuncia que interpusieron el empresario Otto Valles y su abogado Fernando Alarcón Martínez, ante la FGR.

En el documento, los promoventes refirieron que Corral Jurado contaba con dos documentos oficiales y públicos que señalaban que estaba amparado por el ius soli (criterio que otorga la nacionalidad a aquellos nacidos en territorio nacional) de dos países, esto es, que había nacido el mismo día y en la misma fecha en dos lugares distintos, lo cual es materialmente imposible y, al optar por registrar el documento extranjero en 1991 ante el Oficial del Registro Civil en Ciudad Juárez, con esto establecen que el acta de nacimiento que afirmaba que Javier Corral Jurado había nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua se trataba de un documento fraudulento por contener como hecho falso su lugar de nacimiento. 

Por este motivo, exigen que se inicie una investigación en contra del mandatario estatal, por haber ocupado cargos públicos sin cumplir con el criterio de la nacionalidad.