Estado

Califican de ‘barbaridad’ regreso de funcionario

Vuelve exsecretario de Salud tras múltiples escándalos

Tomada de Twitter

César Lozano/ El Diario

jueves, 03 septiembre 2020 | 06:21

Chihuahua— “Cuando no se conoce la administración pública, el servicio público, entonces vienen y cometen una serie de barbaridades porque quieren venir a administrar como si fuera una empresa, y el Gobierno no es una empresa privada”, dijo ayer la diputada Rocío González (PAN) respecto del regreso de Ernesto Ávila Valdez a la Secretaría de Salud.

La legisladora externó que el Gobierno tiene otro tipo de lineamientos, “y, además, sobre todo, tenemos que ser conscientes que el dinero no es de una empresa sino de la ciudadanía”. 

Comentó que, si bien se trata de alguien que tiene un conocimiento amplio en el tema de salud, en el tema administrativo falló “y por eso lo tuvieron que destituir”.

La recontratación de Ernesto Ávila Valdez en la Secretaría de Salud del Estado, por parte del gobernador Javier Corral, se da pesar de haber sido señalado por actos de corrupción cuando fungía como el titular de dicha dependencia.

Ávila Valdez presentó su renuncia al cargo de secretario de Salud el 30 de agosto de 2018 tras 22 meses en el cargo en medio de distintos escándalos por actos de corrupción, como demandas, adeudos y déficit en los sistemas estatales de Salud.

Rocío González, secretaria de la Comisión de Fiscalización, recordó que durante la gestión de Ávila Valdez al frente de la Secretaría de Salud estatal se hicieron varios señalamientos de malos manejos y de incidentes de discriminación por motivos de género por parte de colaboradores cercanos. 

Su reincorporación

El lunes pasado el gobernador Javier Corral anunció su reincorporación a la secretaría, en un puesto creado para el seguimiento y supervisión de proyectos especiales y de infraestructura.

Ávila Valdez fue noticia nacional por autootorgarse un estímulo de 102 mil 874 pesos a tres meses de haber iniciado la administración de Corral, justo cuando anunciaban medidas de austeridad y falta de recursos para abastecer hospitales. 

Este mismo estímulo se entregó a 20 funcionarios, entre mandos altos y medios de la Secretaría de Salud, que significó al erario un millón 830 mil pesos; sin embargo, al ventilarse el asunto ante la opinión pública, Gobierno informó que estos recursos habían sido devueltos, sin explicar en qué o a dónde se asignaron. 

El 14 de agosto de 2018, durante la comparecencia del secretario de Salud con diputados, para explicar el manejo de la institución, el doctor Pedro Ramírez Godínez llamó “pendeja” a la diputada Rocío Sáenz, quien lo denunció ante diferentes instancias. 

El hijo de Ramírez Godínez fue el funcionario dentro de la secretaría que tramitó el bono, y el hijo de Ávila Valdez también se encuentra en la nómina estatal del DIF. 

Además, la Procuraduría General de la República (hoy FGR) abrió una investigación en su contra por un adeudo fiscal de más de 100 millones de pesos del impuesto sobre la renta (ISR) retenido a trabajadores.

Ernesto Ávila fue acusado de actos de corrupción al favorecer presuntamente a la farmacéutica Egro, que había reclamado el pago de facturas de 2016 y 2017 por un contrato de adjudicaciones directa por 80 millones de pesos; finalmente esta empresa denunció a la Secretaría en junio de 2018 por la falta de pago de 20 millones de pesos.

Por lo anterior, tramitó un amparo federal para evitar su detención y negó haber incurrido en actos de corrupción, desvío de recursos y tráfico de influencias al adjudicar contratos sin licitación en favor de la empresa de la cual tiene vínculos Luis Reza, sobrino de Francisco Barrio, quien a su vez es consuegro de Ernesto Ávila.

Asimismo, el ahora encargado de Proyectos Especiales de la Secretaría de Salud, a tres meses de su gestión al frente de dicha dependencia, diciembre de 2016, recibió un bono especial por más de 100 mil pesos, el cual era ilegal por lo cual fue devuelto, según versión de Gobierno del Estado cuyo argumento fue: “Me dejé llevar”.

Para el mes de mayo y junio de 2017, los problemas de desabasto de medicamentos en hospitales estatales comienzan a generalizarse y se elevaron las quejas porque no se surtían las recetas que mandan los médicos.

Además, las denuncias apuntaron a la farmacéutica Egro, una pequeña farmacia que se abrió en San Felipe y que sustituyó a las farmacias oficiales. Egro comenzó a suministrar a la Secretaría de Salud como intermediaria.

Tras el secuestro del doctor Blas Juan Godínez Loya en el municipio de Gómez Farías, el 8 de noviembre de 2017, llevó a la Secretaría de Salud a sacar de manera urgente a pasantes de medicina que hacían su servicio en unidades de la dependencia, lo que obligó a cierres de operaciones de algunos centros en toda la región noroeste.

El 23 de noviembre de ese año, el exsecretario de Salud se reunió con personal de dicho nosocomio, a quienes les dijo: “A ver, entonces díganme, ¿qué puedo hacer yo? No puedo estar aquí de guardia, no puedo estar cuidándolos, ya les dije que yo no puedo brindar seguridad, hay que organizarnos”.

Aunado a esto se le suma el despido de 56 médicos en un año y medio de la actual administración, marzo de 2018, a lo cual Ávila Valdez dijo que depende de los diputados la contratación de más personal, ya que ellos son quienes autorizan en presupuesto.

Dos semanas antes de su renuncia, 15 de agosto de 2018, el director ejecutivo de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud, Pedro Ramírez Godínez, llamó “pendeja” a la diputada Rocío Sáenz Ramírez, presidenta de la Comisión de Salud del Legislativo, durante una comparecencia del doctor Ávila Valdez, ante lo que el titular de la dependencia no reaccionó, pese a los reclamos de legisladores y grupos de mujeres. Tres días después dejó el gabinete estatal y ayer fue presentado por Corral nuevamente como funcionario en el mismo ramo.