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‘Campo algodonero’, dos décadas de impunidad

Exfuncionarios acusados de abuso siguen libres y familias sufren duelo alterado

Omar Morales / El Diario de Juárez / Las cruces rosas se convirtieron en un símbolo nacional
Omar Morales / El Diario de Juárez / Memorial en honor a las mujeres asesinadas

Sandra Rodríguez
El Diario de Juárez

sábado, 06 noviembre 2021 | 07:31

Ciudad Juárez.— A 20 años del hallazgo de ocho cadáveres de mujeres en el predio conocido como “campo algodonero”, el crimen múltiple continúa sin castigo, los exfuncionarios señalados por abuso de autoridad e inculpaciones falsas están libres y las familias de las víctimas, se informó, resintiendo en la salud el impacto de la impunidad.

“Cuando se acerca la fecha en la que desaparecieron o la fecha en la que encontraron sus cuerpos, ellas (las madres de las víctimas) presentan enfermedades psicosomáticas, invariablemente; si tienen alguna enfermedad, se empieza a recrudecer, empiezan con insomnio, depresión”, dijo Ivonne Mendoza, representante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de las familias de tres de las ocho víctimas.

“Obviamente esto es porque tienen el duelo alterado, no han podido cerrar su duelo aunque han sepultado los restos de sus hijas y conmemoran su fallecimiento; todavía no saben qué pasó, no saben por qué sus hijas desaparecieron, quién las privó de la vida o por qué, todas esas preguntas que están sin respuesta son las que alteran su duelo, no pueden cerrar, porque siguen esperando conocer la verdad de los hechos”, agregó.

Información de la Fiscalía General del Estado (FGE) entregada a través de la vocera, Sahira Castro, indicó ayer que sólo por el crimen de Mayra Juliana Reyes Solís hay sentencia, mientras que los asesinatos de las otras siete víctimas continúan en etapa de “investigación” o impunes.

De acuerdo con la sentencia emitida en 2009 por la CIDH, el 6 de noviembre de 2001, en el predio ubicado entre el norte de la avenida Ejército Nacional y el oriente del Paseo de la Victoria, se encontraron los cuerpos de quienes luego fueron identificadas como Claudia Ivette González, de 20 años; Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años; y Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17.

El día siguiente, en el mismo lugar, se encontraron los cuerpos de quienes los archivos periodísticos citan como Mayra Juliana Reyes Solís, de 17 años; María de los Ángeles Acosta Ramírez, de 19; Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz, de 17; María Rocina Galicia y una más no identificada.

En entrevista, Mendoza expuso que la FGE mantuvo todavía hasta inicios del anterior sexenio estatal la línea de investigación de los ocho asesinatos como si fueran casos aislados, por lo que el resultado, dijo, fueron consignaciones como las de 2001 contra Víctor García Uribe y Gustavo González Meza, el primero liberado en 2005 y el segundo fallecido en prisión, mientras que un tercer detenido en 2011, Eduardo Chávez, fue exonerado en segunda instancia en 2018.   

En 2009, luego de la interposición de una denuncia por parte de las familias de las tres mujeres encontradas aquel 6 de noviembre, la CIDH emitió una sentencia declarando que el Estado mexicano violó los derechos a la vida, la integridad y libertad personal de las víctimas, además de que incumplió su deber de investigar los crímenes, con lo cual violentó también los derechos de acceso a la justicia y protección judicial, entre otros.

A la fecha, agregó ayer Mendoza, el Estado mexicano sigue sin cumplir diversas partes de la resolución internacional, sobre todo lo relacionado con la investigación del crimen y el acceso a la justicia, pero también con el castigo a los exfuncionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy FGE) señalados por abuso de autoridad e imputaciones falsas y que, aun cuando fueron arrestados en 2015, salieron libres por la prescripción del delitos, además de que dos siguen prófugos.

Sobre estos exservidores públicos, Mendoza dijo que se trata de José Manuel Ortega Aceves, Jesús Manuel González Guerrero, Jaime Gurrola Serrano, Zulema Bolívar, César Octavio Rivas, mientras que Sergio Tomás García y Ciro Andrés Loera se encuentran sustraídos de la justicia.

“Es uno de los casos emblemáticos en torno al manejo del Estado con respecto al problema de la violencia hacia las mujeres; es un caso que ilustra la falta de atención, de prevención y de interés alrededor de la violencia hacia las mujeres”, señaló Mendoza.

Las víctimas

• Claudia Ivette González

• Esmeralda Herrera Monreal

• Laura Berenice Ramos Monárrez

• Mayra Juliana Reyes Solís 

• María de los Ángeles Acosta Ramírez

• Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz

• María Rocina Galicia 

• No identificada