Estado

Ceave, entre omisiones y señalamientos continuos

Aún esperan 80 desplazados de Saucillo cumplimiento de recomendación de la CNDH

El Diario

De la Redacción/El Diario

martes, 26 mayo 2020 | 15:25

Chihuahua, Chih.- Miembros del grupo de 80 personas desplazadas por la violencia en municipios del centro sur del estado denunciaron la falta de respuesta por parte de la autoridad, incluida la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas –Ceave-.

Los quejosos, de quienes se omite su nombre por su estatus de víctimas, dijeron que a pesar de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la situación para ellos no ha cambiado en nada.

La recomendación 94/2019 emitida por la CNDH, narra que los hechos ocurrieron en noviembre de 2010, cuando un joven del Municipio de Saucillo fue privado de su libertad por personas desconocidas, quienes recibieron 180 mil pesos de su padre a cambio de liberarlo. 

Según el documento, entre el 2010 y 2013, se registraron hechos delictivos contra el grupo familiar que produjeron la muerte de tres de sus miembros, el intento de homicidio de otro más, la muerte de cuatro personas que estaban en un inmueble del padre del joven, así como daños y robos en propiedades, provocando que 80 miembros del grupo familiar huyeran de sus lugares de residencia a causa de la violencia en su contra.

Por lo anterior, la CNDH pidió a la Ceave “diseñar un protocolo de actuación para el reconocimiento y registro de la calidad de víctimas de desplazamiento forzado para garantizarles el ejercicio de sus derechos y brindar medidas de ayuda y atención oportuna”, cosa que hasta el momento, según palabras de los afectados, no se ha cumplido y ellos siguen en riesgo.

Este lunes, El Diario buscó a Irma Villanueva titular de la Ceave con el objetivo de solicitar información respecto a la denuncia de las personas desplazadas de Saucillo; sin embargo, la respuesta oficial fue que “estaba en reuniones y no le era posible atender”.

Las personas desplazadas son originarias de los municipios de Saucillo, Delicias y La Cruz y de acuerdo con la CNDH, no sólo fueron víctimas de desplazamiento sino que además, les violentaron sus derechos de acceso a la justicia y a la verdad por la inadecuada procuración de la misma, atribuible a personal ministerial de la Fiscalía General.

El citado organismo derechohumanista dijo que el Gobierno y la Fiscalía estatales y los Ayuntamientos de Saucillo y Delicias violaron el derecho a la libertad de circulación y residencia de 80 personas desplazadas forzadamente, al no garantizar la seguridad pública de los habitantes, ni realizar labores de prevención de delitos y conductas antisociales, así como no auxiliar a las personas de las comunidades victimizadas a causa de la violencia.

De igual manera, se establece que las autoridades estatales como municipales también omitieron implementar acciones para la protección de las propiedades conformadas por bienes muebles e inmuebles de las personas desplazadas, de actos de destrucción y robo, antes y después de su desplazamiento, además, junto con la Ceave, omitieron implementar medidas para garantizar la seguridad y protección de las víctimas.

Por otra parte, la recomendación de la CNDH señala que la Comisión de Atención a Víctimas incurrió en dilación respecto del reconocimiento de 80 personas víctimas de violaciones a derechos humanos ante el desplazamiento forzado que vivieron, violando sus derechos a un nivel de vida adecuado, al trabajo, a la vivienda o alojamiento, a la salud y educación; además, dicha autoridad omitió implementar medida alguna de asistencia encaminada a superar los efectos del hecho victimizante.

El caso de Cruz Soto Caraveo 

En enero de 2018, seis meses después de que se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Cruz Soto Caraveo se había convertido en uno de los miles de chihuahuenses desplazados por la violencia generada por el crimen organizado en la región serrana de Chihuahua. Tenía 51 años y había huido de Monterde, municipio de Guazapares, para salvar a su familia y a sí mismo. 

El 13 de octubre de 2019, Cruz asistió a una reunión en Témoris acompañado de personal de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado.

Al concluir dicha reunión, según lo relató el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres quien pidió apoyo para su búsqueda, el hoy occiso y otra persona se dirigieron, solos sin ningún tipo de seguridad, a la comunidad de Los Llanos y en el camino fueron forzados a detenerse por unos sujetos desconocidos que no se identificaron, quienes le ordenaron que descendiera del vehículo, lo esposaron y se lo llevaron. 

En 2018 El Diario entrevistó a Soto Caraveo quien narró que en el 2015 tuvo que huir de noche junto con su familia prácticamente con lo que llevaban puesto debido al secuestro, despojo y amenazas de muerte de las que fueron objeto y que hasta ese momento continuaban.

Asilado en una casa de renta y en espera de que la autoridad diera seguimiento a su denuncia, la víctima señaló que su vida dio un giro de 180 grados al negarse a contribuir con el crimen organizado sin imaginar que estaba firmando su sentencia de muerte. Él esperaba que la autoridad hiciera su parte y el patrimonio robado le fuera restituido; sin embargo, ni la Fiscalía, ni la Comisión de Atención a Víctimas le dio una respuesta.

“Hace poco me mandaron decir que sí volvía me estaban esperando”, dijo Cruz en enero de 2018. Veintiún meses más tarde, y a pesar de ser parte de los desplazados por la violencia, los agresores cumplieron la amenaza.

El 15 de octubre de 2019, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres –Cedehm- denunció la desaparición de Soto Caraveo. 

De igual forma, indicó que en diferentes oportunidades, el ahora occiso y otros desplazados se habían entrevistado con autoridades para demandar la aprehensión del grupo del crimen organizado que operaba en la zona y así poder regresar en condiciones de seguridad a sus comunidades.

“Ante la gravedad de los hechos, que ponen en riesgo la vida de Cruz Soto Caraveo, solicitamos atentamente escribir de forma urgente a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del Estado de Chihuahua, demandando la inmediata localización de Cruz Soto y que se otorguen las medidas de protección necesarias para su familia y demás integrantes de la comunidad que se encuentran desplazadas forzadamente en Chihuahua”, demandó el Cedehm.

El cuerpo sin vida de Soto Caraveo apareció días más tarde.