Estado

Condena ONU impunidad en agresiones contra los defensores indígenas

Señala que en la entidad existía una grave situación de violencia contra los defensores de derechos humanos

El Diario

De la Redacción/El Diario

jueves, 11 febrero 2021 | 18:05

Hidalgo del Parral. - El andamiaje legal para protección de los defensores indígenas existe, sin embargo, es letra muerta.

En la sustentación jurídica que realizó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, luego del homicidio de Julián Carrillo en Colorada de la Virgen, Gpe y Calvo, expuso detalladamente los ordenamientos legales que le protegen, aun y después de fallecido.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los ataques contra las personas defensoras indígenas de derechos humanos “… se extienden más allá del impacto sobre la vida e integridad personal de la persona defensora misma.

Tienen consecuencias sociales y culturales significativas, ya que rompen con el sentido de comunidad que une a estos grupos en su lucha por la defensa de sus derechos humanos; y genera desplazamientos forzados y migraciones hacia las

ciudades…”.

Michael Forst y David Kaye, en su carácter de relatores especiales de la ONU, sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos y la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, así como del señor Edison Lanza, relator especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión, detallaron que en la entidad existía una grave situación de violencia hacia los defensores de derechos humanos que generalmente quedaba impune. 

De esta forma, el relator especial de Naciones Unidas, Michel Forst, en su informe final sobre su visita a México, expresó que los dirigentes comunitarios y los defensores de los derechos sobre la tierra y el medio ambiente que se oponen a proyectos a gran escala, se enfrentan a actos de violencia a manos de personas vinculadas a las empresas que participan en esos proyectos. 

A menudo, esa violencia queda impune y cuenta tácita o abiertamente con el apoyo de las autoridades locales. 

Las organizaciones de la sociedad civil documentaron al menos 109 casos de agresiones a defensores de los derechos ambientales en 23 estados mexicanos entre mayo de 2014 y junio de 2015.

Mientras que no se llegue a un amplio consenso con las comunidades afectadas en cuanto al enfoque de los proyectos de construcción, seguirá aumentando el número de conflictos.