Estado

'Corral nos ha hecho mucho daño'

Primero fueron víctimas de delincuentes, luego de las autoridades

Cortesía / Las víctimas utilizan botes para sentarse en la mesa y un colchón tirado en el piso es su cama

Luz del Carmen Sosa
El Diario de Juárez

sábado, 27 junio 2020 | 10:05

Ciudad Juárez— Fue su hogar hace tres años, ahora Nancy Collazo denuncia que la finca vandalizada es ocupada por consumidores de drogas, ante la ausencia de vigilancia ofrecida por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), a cargo de Irma Villanueva Nájera.

“Fuimos víctimas de delito, nos sacan del estado y nos abandonan, incumplen con todo y el expediente sigue sin avances. Estoy muy indignada con esta administración estatal y pido a Dios que se vaya el gobernador Corral, que más daño nos ha hecho a mí y a mi familia”, expresa Collazo.

La madre de familia es testigo protegido y víctima indirecta tras un atentado que sufrió su esposo, que lo dejó malherido y con secuelas.

De la agresión ocurrida en la ciudad de Chihuahua han transcurrido casi tres años, tiempo en el que la pareja y sus dos hijos menores fueron reubicados a otra entidad por las gestiones que realizó el abogado Jesús Eduardo Ramos Arenas, entonces integrante de la CEAVE, dice Nancy.

En ese lapso, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha capturado a los responsables del ataque, la carpeta de investigación está prácticamente en el archivo y la familia ha sido advertida que el apoyo económico de 8 mil pesos mensuales concluye en octubre.

Con serias consecuencias físicas, de salud y emocionales, la testigo regresó ayer a Chihuahua para solicitar una audiencia ante el juez de Control que tiene conocimiento del caso, a fin de solicitarle que comparezca la agente del Ministerio Público Olga Salcido Sánchez por las fallas en la integración de la carpeta de investigación.

“Queremos saber en qué va el expediente, por qué la única mujer detenida que identificó a los agresores fue liberada, por qué no han sido detenidos los policías implicados que dijo esa mujer”, se queja Collazo, nombre ficticio de la mujer que mantiene la figura de testigo protegido.

Narra que ella y su pareja vendían burritos en el exterior de un negocio cuando fueron víctimas de una agresión a mano armada. Previamente su esposo había interpuesto una denuncia por amenazas contra un hombre, el cual presuntamente lo mandó matar.

Luego del ataque la FGE investigó el caso y entre los presuntos responsables aparecen policías, por lo que ante el grado de riesgo que corría la familia, la CEAVE les ofrece sacarlos del estado, donde no les puede ofrecer ninguna garantía de seguridad. A cambio les ofrecen 8 mil pesos mensuales para apoyarlos –6 mil pesos de renta y 2 mil de alimentos–, obligando al padre de familia a trabajar pese a que recibió seis impactos de bala que le ocasionaron daños permanentes en diferentes partes del cuerpo.

El Diario solicitó información a la titular de la CEAVE, Irma Villanueva, y hasta el cierre de esta edición no respondía a los cuestionamientos enviados vía telefónica. Tampoco atendió las llamadas realizadas para conocer el estado del caso de la familia afectada.

“No puedo regresarme a mi casa porque ya no existe. La saquearon y vandalizaron, no hay detenidos, no tenemos seguridad y ahora resulta que nos van a quitar el apoyo económico; ante esto voy a recurrir al amparo”, dice la madre de familia.

La quejosa compartió las fotos de la vivienda en la que ha vivido por la falta de recursos.