Estado

Costó violencia a cada chihuahuense 14 mil 650 pesos en 2018

Según un informe de la agencia de EU para el Desarrollo Internacional

Archivo / El Diario de Juárez

Manuel Quezada Barrón
El Diario

sábado, 19 octubre 2019 | 06:13

Chihuahua— El impacto económico del delito y la violencia por cada chihuahuense oscila entre los 14 mil 650 pesos anuales, considerando que según la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo Internacional (Usaid) en México estimó un costo total de 52 mil 105 millones 807 mil 462 pesos durante 2018 y en la entidad se tiene una población de 3.5 millones de hombres y mujeres.

Según la fuente, el costo total de la delincuencia para las personas, empresas y los gastó directos e indirectos así como en contención del Gobierno en Chihuahua, es equivalente al 7.3 por ciento de su producto interno bruto.

Usaid informó que el impacto económico del delito y la violencia en todo México para el año 2018 se ha estimado en el presente estudio en 1,517,700,263,891 pesos (o alrededor de 1.52 billones de pesos), lo que corresponde a 6.8% del PIB nacional. 

La cifra de impacto económico del delito y la violencia en la entidad, es mayor en 15.5 veces al presupuesto de egresos que ejerció el municipio de Chihuahua durante el año pasado por tres mil 277 millones 391 mil 423 pesos, aprobado por el Cabildo.  

De acuerdo con el informe que analiza el costo del delito y la violencia en México, y en específico, de Baja California, Michoacán, Nuevo León, Chihuahua y Jalisco, el impacto económico promedio por  persona mayores a 18 años en la entidad fue de 243 mil 490 pesos, la cifra más grande que el registrado en las entidades analizadas y  la media nacional que fue de 143 mil 365 pesos.

En 2018 la población chihua-huense tuvo un costo total de 29 mil 931 millones 045 mil 992 pesos por el delito y la violencia.

Según la proyección de USAID el costo del delito y la violencia por persona en Baja California fue de 201 mil 985 pesos durante el año pasado, en Nuevo León fue de 158 mil 332; por 38 mil 058 pesos en  Jalisco y de 38 mil 058 en Michoacán.

A su vez, el costo del delito y la violencia por empresa en Chihua-hua fue de 23 mil 730 pesos, una cifra menor al promedio nacional que fue de 29 mil 004 pesos.

El costo empresarial de la entidad fue superado por Nuevo León que registró 34 mil 162 pesos, seguido de Jalisco por 22 mil 166, Michoacán con 21 mil 637 y Baja California con 20 mil 945 pesos.

Por lo que hace al costo promedio directo e indirecto al Gobierno por causa del delito y la violencia en Chihuahua fue por 93 mil 774 pesos. En Nuevo León se registró por 106 mil 555 pesos; Baja California con 89 mil 492 pesos, Jalisco con 45 mil 460 y Michoacán por 25 mil 612 pesos. La media nacional fue de 60 mil 738 pesos.

En tanto el gasto del Gobierno en contención del delito y la violencia en Chihuahua fue por 62 mil 888 pesos durante el año pasado, en Nuevo León la cifra fue por 208 mil 105 pesos; 131 mil 315 en Michoacán, 99 mil 332 pesos en Jalisco y 60 mil 513 en Baja California. La media nacional fue de 56 mil 727 pesos.

A decir de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) en México, la violencia se ha convertido en uno de los problemas más graves para la población mexicana, así como una amenaza directa al desarrollo de las instituciones y al Estado en su conjunto. 

Precisa que en México los homicidios son la tercera causa de muerte en niños y jóvenes de 5 a 14 años, pero es la primera entre la población de 15 a 24 años y en adultos de 25 a 44 años. Asimismo, representa la cuarta causa de muerte en personas de 45 a 54. 

Si no se modifica esta tendencia, en el año 2020 los homicidios serán la cuarta causa de muerte en todo el país y se colocará solamente por debajo de la diabetes, la hipertensión y la enfermedad cerebrovascular. 

Dejó claro que la dimensión real de la violencia no se ve reflejada en las cifras de homicidios, ya que por cada acto violento hay un número mayor de delitos y lesiones físicas, además de daños invisibles e importantes secuelas que recaen sobre las empresas, las personas y el Gobierno.

Tan solo durante 2018, por cada homicidio se registró: un funeral, dos violaciones, dos personas con discapacidad, cinco extorsiones, cinco robos de autos, 10 amenazas verbales, 15 daños en propiedad ajena, 17 golpes y lesiones físicas; 23 robos a transeúntes, 25 fraudes; 28 robos a negocios, 30 hospitalizaciones, 72 otros delitos, 70 otros tipos de robos y 300 atenciones médicas por lesiones.

Medir el impacto económico de la violencia en México es útil para reconocer si las medidas para reducirla son funcionales o no y, al ser un problema que causa daños directos e indirectos, es muy importante entender su dimensión económica, indicó.

Estimar el precio de la violencia permite entender el impacto económico de este problema para las empresas, las personas y el gobierno. También ofrece oportunidades para fortalecer la seguridad y el desarrollo del país.

Detalló que el impacto económico del delito y la violencia en México para el año 2018 se ha estimado en el presente estudio en 1,517,700,263,891 pesos (o alrededor de 1.52 billones de pesos), lo que corresponde a 6.8% del PIB nacional. 

Si se considera dividir este monto entre el total de empresas o unidades económicas del país (5,078,737), el costo anual por cada empresa asciende a 298,834 pesos. 

Observó que si se considera que existen 11,528 empresas grandes (mayores de 251 empleados), las que producen 60% del PIB nacional, el costo para cada una de estas empresas grandes alcanza un total de 131 millones de pesos anuales.

Esta cifra representa para cada uno de los 84,852,044 mexicanos mayores de 18 años, un costo por persona de 17,886 pesos. Asimismo, el costo por cada uno de los 34,098,181 hogares del país es de 44,509 pesos por año.

La publicación es parte de la estrategia de generación de conocimiento del programa Juntos para la Prevención de la Violencia (JPV) de USAID y contribuye al fortalecimiento de los sistemas locales de prevención integrados por actores del sector público y privado, organizaciones de la sociedad civil y académicos, en su capacidad para diseñar, implementar y evaluar políticas y prácticas de prevención de la violencia.