Estado

Crean Unidad Especializada en Delitos Electorales a nivel estatal

Hasta 22 años en prisión a quien utilice recursos de origen ilícito para apoyar una campaña electoral

El Diario

Bernardo Islas/El Diario

martes, 16 febrero 2021 | 22:59

La Fiscalía General del Estado (FGE) creó la Unidad Especializada en Investigación y Persecución en Materia de Delitos Electorales, la cual inició su instalación el domingo 14 de febrero de 2021, según el Acuerdo A/001/2021 publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE).

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el Ley General en Materia de Delitos Electorales, en donde se establece que las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas deberán contar con fiscalías especializadas en delitos electorales, dotados de los recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación.

Por lo anterior, dicha unidad especializada en delitos electorales, recibirá y tramitará este tipo de denuncias, además en señala que la persona responsable de esta área se coordinará con los encargados de las fiscalías de distrito de las diferentes zonas del Estado.

Cabe señalar que la mencionada ley que sanciona los delitos electorales fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, por lo que desde dicha fecha se instruyó a las legislaciones locales a realizar las modificaciones a los mandatos legales, por lo cual hasta este 2021 la FGE creó dicha unidad especializada.

Las sanciones más graves contempladas en este ordenamiento está en su artículo 15, en el cual se establece que se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.

Esta pena se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral, por lo cual podrían ser hasta 22 años en prisión contra el infractor.

Esta ley dice que el Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por este tipo de delitos, además si se trata de servidores públicos los infractores, se les impondrá también la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo.

Asimismo se contempla imponer una multa de cuatrocientos a ochocientos días a quienes habiendo sido magistrados electorales, federales o locales, consejeros electorales, nacionales o locales, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral o cargo equivalente en los organismos públicos locales electorales, desempeñen o sean designados en cargos públicos por los Poderes Ejecutivo o Legislativo cuya elección hayan calificado o participado, asuman cargos de dirigencia partidista o sean postulados a cargos de elección popular, dentro de los dos años siguientes a la conclusión de su encargo.

En este contexto, según los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del mes de octubre de 2016 a diciembre de 2020 (Administración 2016-2021) se han abierto un total de 62 carpetas de investigación por algún tipo de delito electoral, de los cuales el 53.22 por ciento de los casos fue en el 2018, cuando se realizó la elección intermedia en el estado y la renovación de la presidencia de la república y del Congreso de la Unión.

El municipio de Chihuahua es donde más casos se han registrado con 23 investigaciones, seguido de Juárez con 21 y Cuauhtémoc con tres, el resto de las denuncias por delitos electorales fueron en otros 12 municipios de la entidad.