Estado

Crisis de constitucionalidad en el Congreso por caso Ramírez

Diputados del PAN presionan y se resisten en acatar resolución del Juzgado Octavo de Distrito

Archivo/ El Diario

De la Redacción/El Diario

miércoles, 25 marzo 2020 | 07:38

Chihuahua.- Hoy miércoles a las nueve de la mañana fueron convocados los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el piso 18 de la Torre Legislativa, donde abordarán exclusivamente la suspensión del amparo 072/2020, emitida por el Juez Octavo de Distrito Tomás José Acosta Canto, quien ordenó al Poder Legislativo de Chihuahua dejar sin efecto la declaración de procedencia por la que el magistrado de la Primera Sala Penal, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez fue separado de su encargo.

La presidenta de la Comisión Jurisdiccional, diputada Georgina Bujanda Ríos (PAN) y el secretario de la misma, René Frías Bencomo (Panal) enviaron desde ayer los citatorios correspondientes a los integrantes, cuyas copias obtuvo El Diario; donde citan a reunión, concluyendo la Jucopo.

Personal y líderes de fracciones parlamentarias –quienes pidieron reserva- revelaron esta mañana que la fracción del PAN se opone férreamente a dar cumplimiento a lo resuelto por el Juez federal, alegando “soberanía” del Poder Legislativo de Chihuahua; lo cual representaría una crisis Constitucional que podría llegar al desacato con alcances de destitución y hasta penales.

De cumplirse el mandato federal, el Congreso tendría que convocar de nuevo a  Pleno extraordinario para dejar sin efectos la declaración de procedencia, por la que fue separado -por mayoría de votos de los diputados - el 27 de febrero pasado Jorge Ramírez.

En este sentido la Comisión Jurisdiccional retrotraería el procedimiento hasta la etapa en que el fiscal general del estado, César Augusto Peniche hizo la solicitud de juicio de procedencia para retirarle el fuero Constitucional a Ramírez Alvídrez.

Lo anterior para posteriormente poderlo procesar por el delito de enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, previamente el Congreso tendría que notificar al magistrado para que de nuevo dé contestación a la solicitud, se desahogue luego el proceso de pruebas y se planteen los alegatos finales.

Todo ello y por los amparos en trámites tardaría meses en resolverse.