Estado

Dan 14 años de prisión al homicida del activista Juan Ontiveros

Ademas deberá realizar un pago de más de 380 mil pesos por la reparación del daño

Jorge Salayandia / El Diario

jueves, 08 julio 2021 | 19:20

Fiscalía de Derechos Humanos obtiene condena histórica por el homicidio del activista Juan Ontiveros

Rosalío Joel M. P., fue sentenciado por homicidio calificado y privación ilegal de la libertad.

Compurgará una condena de 14 años, 4 meses de prisión y deberá realizar un pago de más de 380 mil pesos por la reparación del daño.

Como parte de la sanción deberá ofrecer disculpa pública la familia de la víctima traducida a lengua indígena.

En una audiencia de procedimiento abreviado, el imputado Rosalío Joel “N”, fue sentenciado por un Tribunal Penal del Distrito Judicial Hidalgo, con sede en el municipio de Parral, a una pena de prisión de 14 años, 4 meses, por su participación en la privación de la libertad del activista Juan Ontiveros y su hermano Isidro, y posterior homicidio del defensor, la tarde del 31 de enero de 2017.

La resolución judicial, contempla además una sanción económica de 381 mil 979 pesos por la reparación del daño y gastos funerarios, así como una cantidad adicional por concepto de multa.

Como parte del fallo, el Tribunal resolvió que el ahora sentenciado deberá ofrecer una disculpa pública traducida a la lengua de las víctimas indirectas como medida de satisfacción.

Juan Ontiveros, fue un importante líder indígena de la comunidad de Choréachi, reconocido por su arduo trabajo en la defensa de la tierra, territorio y recursos naturales de la Sierra Tarahumara de nuestro Estado.

Las investigaciones fueron realizadas de forma priorizada y bajo un enfoque de pertinencia cultural, por un equipo multidisciplinario compuesto por fiscales, policías investigadores y analistas de contexto integrantes de la Fiscalía de Derechos Humanos, quienes cuentan con alta formación y especialización en el tratamiento de casos penales que implican violaciones graves a derechos humanos.

Los datos recabados por la autoridad investigadora establecen que el ahora sentenciado y un diverso involucrado, interceptaron a las víctimas Juan e Isidro Ontiveros por el camino rural de Coyachi, Comisaría de Pino Gordo, en el Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

La información, señala que obligaron a los afectados a abordar un vehículo en contra de su voluntad y posteriormente los llevaron a la localidad de Napuchi, privando de la vida al conocido defensor.

Durante el procedimiento penal, existió la colaboración activa de las organizaciones de la sociedad civil “Alianza Sierra Madre” y “Centro de Derechos Humanos de las Mujeres” (CEDEHM), quienes se desempeñaron como representantes legales de la víctima y acusadores coadyuvantes del Ministerio Público ante los Tribunales. Dicha intervención permitió que los afectados de tan lamentables hechos, en respeto de su derecho fundamental de acceso a la justicia, tuvieran una participación plena y directa en la resolución del caso.

En los últimos meses, la Fiscalía de Derechos Humanos suma tres sentencias condenatorias con perspectiva integral en materia de reparación del daño, que incluso ha contemplado sanciones a entes públicos con el fin de garantizar la no repetición de este tipo de hechos que vulneran la seguridad comunitaria de las familias que habitan la zona serrana de Chihuahua.

Además, se han resuelto mediante la obtención de sentencias condenatorias en contra de los responsables dictadas por parte de los Tribunales de Chihuahua, los homicidios de los también defensores de los derechos de los pueblos indígenas Isidro Baldenegro y Julián Carrillo, así como del activista de las personas desplazadas de la Sierra Tarahumara, Cruz Soto Caraveo.

La Fiscalía General del Estado a través de su Fiscalía de Derechos Humanos, y como parte de su Plan Estratégico de Persecución Penal, reafirma su compromiso de impactar la impunidad de los hechos delictivos que implican violaciones graves a los derechos humanos, como aquellos perpetrados en contra de los líderes, defensores y activistas de los pueblos y comunidades indígenas de nuestra Entidad, quienes además por su valiosa actividad gozan de protección constitucional reforzada.