De la Redacción

viernes, 26 julio 2019 | 10:01

Ciudad Juárez.- La Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) denunció hostigamiento y criminalización de migrantes por redadas realizadas en refugios por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Juárez y Chihuahua; de la Guardia Nacional en Agua Prieta, Sonora, y de la Policía Federal en Saltillo, Coahuila.

Ante este señalamiento el titular de la FGE, César Peniche, mostró extrañeza pues dijo haberse reunido y mantener comunicación con el grupo Uno de Siete Migrando, en la capital, y sobre Juárez dijo que la FGE sólo actúa en apoyo cuando lo formula alguna otra autoridad y no directamente.

La Iglesia Católica expresó también, a través de una carta, su preocupación por “la insistencia” de dependencias gubernamentales como la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración “por obtener información que los albergues manejan de manera interna para salvaguardar la vida de las diferentes personas en tránsito”.

El posicionamiento está firmado por el obispo de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, en su calidad de responsable de Movilidad Urbana, y por el obispo auxiliar de Monterrey Alfonso Mirando, secretario general de la CEM.

Cuestionado en torno al tema, el fiscal Peniche se mostró sorprendido, pues comentó que en reciente reunión con representantes del grupo Uno de Siete Migrando, en la capital, se disiparon dudas sobre la entrega de documentos para la obtención de visas e incluso se intercambiaron teléfonos “sin discrepancias con ellos”.

Al hablar de la dignidad de los migrantes, como personas, los obispos manifestaron que “está siendo vulnerada, pues México se ha sometido a los criterios e imposiciones del Gobierno norteamericano aceptando la incoherencia de unir negocios con el derecho y la necesidad de migrar, buscando la oportunidad de una vida mejor”.

Se dijeron conscientes de la necesidad de evitar la imposición de aranceles comerciales “pero no en detrimento de la soberanía nacional, la dignidad y el respeto a los derechos humanos de los migrantes”.

Comentaron que las casas, centros de derechos humanos y personas laicas “están siendo objeto de actos de hostigamiento, criminalización y obstaculización de labores de asistencia, protección y defensa de derechos humanos, como en los casos ya mencionados, incluido Chihuahua”.

El su edición del 11 de julio El Diario publicó la irrupción de agentes de la delegación Chihuahua del Instituto Nacional de Migración (Inami) en el albergue Frontera de Gracias, donde detuvieron a 12 cubanos que habían solicitado asilo político en Estados Unidos.

El evento, registrado el 28 de junio pasado, fue confirmado por el titular del Consejo Estatal de Población (Coespo), Enrique Valenzuela, quien opinó que “en efecto no debió llevarse a cabo” y que no existían antecedentes similares.

Agregó que el albergue Frontera de Gracia, de la iglesia cristiana sede de la intervención, forma parte de la red de apoyo gubernamental que está recibiendo a los extranjeros que se registran en la lista de espera para solicitar asilo en EU y que “están sujetos a protección internacional”.

El operativo fue autorizado por César Olivas, representante en ese momento de la oficina local del Inami, pero al solicitar información en el departamento de Comunicación Social en la Ciudad de México y al delegado de la dependencia en Chihuahua, Héctor Padilla Delgado, no hubo respuesta.

Personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó que se interpuso una denuncia ante esa instancia por el incidente donde hubo claras violaciones a la ley de migración que serían investigadas y presumió falta de conocimiento de la ley por parte de los responsables del Inami en el estado.