Estado

Desplaza violencia a más indígenas

Ni autoridades civiles ni eclesiásticas hacen algo por esta comunidad, acusan

Salud Ochoa/El Diario
domingo, 20 octubre 2019 | 08:15

Chihuahua— El desplazamiento forzado de comunidades indígenas que habitan en la región serrana se agrava de tal forma que, mensualmente llega a la capital del estado un promedio de 60 familias afectadas por la inseguridad y violencia que prevalece en la zona. 

Los grupos criminales que operan en la sierra despojan de sus propiedades tanto a mestizos como indígenas obligándolos a emigrar no sólo para buscar trabajo sino para preservar su vida.

Así lo señala el sacerdote Manuel Granados, párroco de San José de los Tarahumaras, y agrega que las “oleadas” de desplazados están generando una problemática cada vez más fuerte en los asentamientos indígenas de la ciudad que se han convertido en una “olla de presión”.

“La huida a gran escala de los habitantes de la sierra sigue. Llegan oleadas de indígenas y mestizos que dicen que ya no se puede vivir allá por la violencia. Nada más de tarahumaras tenemos entre 60 a 100 familias de por lo menos 4 miembros cada una, arribando a los asentamientos donde hay un hacinamiento que crece exponencialmente”.

Granados explica que son los propios indígenas quienes le han confirmado la llegada y establecimiento de organizaciones desconocidas en los poblados, obligándolos a emigrar desde diversos puntos den municipios como Chínipas, Batopilas y Guachochi.

“Los relatos coinciden aunque no sean del mismo lugar. Llegan con temor porque han sido amagados. Me dicen que han perdido todo lo que sus padres les habían dejado y que abandonan las comunidades por temor, porque no quieren volver a ser perseguidos. Cuando hablan de delincuentes ellos les llaman “organizaciones desconocidas”, dicen que son los que llegan y les arrebatan casa, animales, tierra de siembra y en ocasiones hasta sus hijas. Les dicen que se van a casar con ellas y ellos aceptan porque igual se las llevan por la fuerza, entonces allí hay hasta tráfico de personas, no porque los padres quieran sino porque los obligan. Nunca las vuelven a ver. Los indígenas callan porque no quieren tener problemas con la justicia, no les gusta pelear ni tener problemas con segundas o terceras personas. Callan pero sufren en su corazón”.

Granados abundó en que actualmente en la región serrana, “sí hay atentados y despojos en contra de los rarámuris,  por lo que están siendo vulnerados tanto en materia jurídica como alimenticia y tenencia de la tierra”.

Agregó que las familias están llegando a la ciudad en situación de miedo, atemorizadas porque piensan que los vienen siguiendo.

“Piensan que los persiguen como si hubieran cometido un delito cuando no es así”.


Urgente, abrir nuevos asentamientos 

La sobrepoblación y hacinamiento en el que viven las familias indígenas en la capital, deja en evidencia la necesidad de abrir nuevos espacios para que cuenten con una vivienda digna, ya que el hacinamiento demerita mucho la calidad de vida porque pueden desarrollarse enfermedades y se dificulta la profilaxis.

“Es urgente que se abran nuevos asentamientos, tenemos sobrepoblación. Algunos de los desplazados por la violencia tienen aquí parientes, llegan con ellos y allí se van quedando. La familia no puede cerrarles la puerta”, dice el párroco Granados y agrega que esta situación dificulta las cosas de tal manera que cuesta mantener desde la limpieza hasta el respeto entre las personas.

“Es difícil hasta para hacer el aseo y mantener la limpieza y el respeto a las personas, para evitar el maltrato a los niños y jovencitas. Ya es necesario que Desarrollo Urbano vaya pensando dónde reubicar a estas personas que están llegando. Estos nuevos asentamientos tendrían que surgir con nuevos criterios en un lugar que tuviese agua, con vivienda digna y sobre todo, basados en una ley con rostro humano, una legislación propia de la etnia rarámuri. El Congreso actual no está legislando en esos puntos. La ley creada por legislatura anterior es letra muerta, duerme el sueño de la paz”.

Los asentamientos de mayor problema de sobrepoblación, indica Granados, son el Oasis, el Pájaro Azul y Pino Alto. En la ciudad de Chihuahua, existen alrededor de 20 asentamientos registrados, aunque existen otros en formación debido a la población que va en aumento.

“Están rebasados, ya no hay lugar para aceptar más gente. El Oasis, Pájaro Azul, Tarahumara, La Soledad, Carlos Arroyo y Carlos Infante tienen más de 20 años de fundados pero hay otros como Ladrillera Norte y La Noria, que está al pie del cerro grande, que son más nuevos y están en crecimiento”.

La problemática de violencia y drogadicción en estos sitios, abunda el entrevistado, ha logrado paliarse un poco pero, las condiciones de vivienda están literalmente “para el arrastre”.

“El rarámuri se ha detenido, hemos logrado disminuir un poco la violencia y vemos que en ese aspecto se han pacificado pero, en el aspecto material, sí enfrentan problemas graves, los asentamientos están destruidos, las casas están en muy malas condiciones por eso urge que se les ponga atención. Se requiere de espacios dignos y que se atienda la problemática en todos los aspectos, incluido el educativo porque hay un índice muy bajo de niños que sí van a la escuela y en contraparte hay mucha deserción”, dijo.

En este contexto, no se avizora una pronta solución a la problemática diversa que afecta a la comunidad indígena ya que, de acuerdo con el sacerdote, no existe siquiera la intención de hacer algo al respecto.

“No hay ningún intento de solución ni en la sierra ni aquí en Chihuahua. No he tenido conocimiento que las autoridades civiles ni eclesiásticas estén haciendo algo. Las condiciones son cada vez peores tanto en las comunidades rurales como en la ciudad. Es una situación muy lamentable. Las autoridades solo se asoman a los asentamientos pero no aportan ninguna solución, dan una mirada a lo que hay y solo dicen: vamos a ver qué hacer. Las soluciones no llegan”, enfatiza.