Orlando Chávez/El Diario

sábado, 23 octubre 2021 | 09:52

Chihuahua, Chih.- Después de 13 meses de conflicto, la gobernadora Maru Campos, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y productores chihuahuenses de la región centrosur del estado, firmaron ayer un

acuerdo para concluir la confrontación por el agua de la presa La Boquilla.

El problema, iniciado en septiembre de 2020, provocó la muerte de una persona, Jessica Silva, y las secuelas por heridas de bala de su esposo Jaime Torres a manos de agentes de la Guardia Nacional.

Además llevó a prisión a tres productores del municipio de La Cruz: Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, asimismo al líder de los módulos de riego, Andrés Valles.En este contexto, Campos Galván y López Hernández, firmaron un convenio para establecer un marco de paz y canales de comunicación, con el fin de fijar por las vías legales la preliberación de los que se mantienen presos por el problema del agua, así como retirar el bloqueo de las instalaciones de La Boquilla, tomadas desde hace más de un año.

Al dar a conocer el acuerdo ayer tras salir de la reunión en la Secretaría de Gobernación, la gobernadora destacó que el convenio también incluye recursos económicos para la implementación de programas de apoyo de tecnificación de riego, así como la coordinación del Gobierno del Estado de Chihuahua con el Gobierno Federal para el manejo del agua.

“La política se trata de unir por encima de las diferencias y construir acuerdos; estamos aquí para darle vuelta a un instante complejo en la historia de Chihuahua, y poner en el centro lo que más importa, que son los ciudadanos”, mencionó.

Adelantó que esto marca la forma en que se gobernará en su administración.

Campos Galván agradeció la apertura del secretario de Gobernación por recibir al Gobierno del Estado de Chihuahua con puertas abiertas y voluntad; además, agradeció por su disposición humanista con altas miras y declaró estar convencida de que el camino a la solución de conflictos es la mediación, la conciliación y el diálogo.

Por otra parte, el secretario de Gobernación señaló que tanto la gobernadora como los productores de Chihuahua, son los defensores de este acuerdo logrado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, además reconoció esta defensa es en pro de su modo vida y la autenticidad de este movimiento social suscitado en la región centro-sur y en honor a ello, como representante de la Federación, se comprometió con los productores a brindar todas las facilidades para la solución de conflictos.

“Yo felicito la actitud de la gobernadora, su convicción, ella sabe hacer política, y a su equipo de trabajo, pero si no hubiese la convicción de ella con esa altura de miras, con visión social,

pues esto no hubiera sido posible”, agregó López Hernández.

El secretario de Gobernación señaló que la gobernadora chihuahuense le había realizado la invitación para firmar este acuerdo en Chihuahua, y aunque no fue posible, se comprometió a visitar la entidad antes que termine noviembre.

El conflicto por el agua tuvo sus inicios desde diciembre de 2019, con reclamos de los productores por el aprovechamiento del agua de las presas La Boquilla y Las Vírgenes.

En febrero del 2020 se dejaron las negociaciones y no hubo más acercamientos. Fue hasta septiembre de 2020 que se denunció que se extrajo agua de las presas El Granero y Las Vírgenes y eso generó una ola de protestas y movilizaciones con brotes de violencia.

El 8 de septiembre del 2020 se dio un estallido social luego de la llegada de la Guardia Nacional a La Boquilla en San Francisco de Conchos, esto generó confrontaciones en las cuales se dieron choques con los uniformados.

La noche de ese día, agentes de la Guardia Nacional dispararon contra una camioneta en la que viajaba Jéssica Silva y su esposo, dejando como saldo la muerte de ella y severas lesiones de por vida al marido.

En medio de las protestas que derivaron en la muerte de Silva en una aparente confusión, los agentes federales detuvieron a los tres productores a los que se las acusó de portar artefactos como granadas de gas lacrimógeno, acusación que los mantiene en prisión y a disposición de un juez federal.

Posteriormente, el 22 de julio de este año fue acusado y detenido el productor Andrés Valles en Delicias, a quien se le adjudican crímenes de motín y daños.

La preliberación de los detenidos, que hasta ayer no se sabía si sería por desistimiento del Ministerio Público Federal o mediante cuál vía, forma parte del acuerdo que pone fin a los 13 meses de tensiones y confrontaciones.