Estado

El 70% de la madera que se comercializa en el país es ilegal

Y proviene principalmente de Chihuahua, Oaxaca y Chiapas

Salud Ochoa/El Diario

martes, 17 septiembre 2019 | 06:55

Chihuahua.- Según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al menos el 70 por ciento de la madera que se comercializa en el país tiene origen ilegal. 

Y según el estudio Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las dos terceras partes de la madera que se comercializa en el país provienen de la tala ilegal ocurrida prioritariamente en los territorios de Oaxaca, Chiapas y Chihuahua, entidades que se erigen como las más afectados por dicha actividad.

La tasa de deforestación en México es 155,000 hectáreas por año, de las cuales 60 mil tienen su origen en la tala clandestina.

El informe Justicia para los Bosques, del Banco Mundial, establece que la tala ilegal genera ganancias anuales de entre 10 mil y 15 mil millones de dólares a nivel global para quienes se dedican a eso.

El ambientalista Arturo Limón, asevera que el clandestinaje forestal tiene “fuertes implicaciones” sociales, ambientales e institucionales ya que la producción y comercio ilegales se ven favorecidos por la nula regulación, la corrupción y la falta de supervisión en los canales comerciales”, alertó.

“Hay un impacto severo. Si una zona como la de San Juanito tiene 15 mil hectáreas perdidas estamos hablando de que el problema se multiplica si sumamos los municipios restantes. Pero si a la pérdida de árboles le sumamos la erosión, la situación es gravísima. Nos desgarramos las vestiduras por el Amazonas y nos mantenemos impasibles ante la tarahumara”.

La pérdida de bosque, indica el entrevistado no solo significa que haya menos árboles sino también menos agua lo que redunda en un impacto amplio del ecosistema.

“No se advierte que del bosque viene el agua que alimenta hogares no solo de Chihuahua sino también de Sinaloa y Sonora porque los ríos de la tarahumara van a dar allá. El impacto no solo es local sino ecosistémicamente amplio. Es algo que los tres niveles de gobierno deberían atender involucrando a la Semarnat, Profepa, Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, el gobernador y los alcaldes con el único objetivo de frenar la tala clandestina”.

Limón hace hincapié en que la Profepa por sí sola es incapaz de atender el problema ya que “un inspector tiene que medir fuerzas con un R-15”.

“Por su misma condición de poca fuerza que tiene y que se contrapone con las armas y el poder de los criminales, la Profepa no es capaz de dar una solución al conflicto.

Por eso es importante que todos levantemos la voz de preocupación, de alerta y acción para salvaguardar la sierra tarahumara. No podemos permitir que esto siga sucediendo si no queremos enfrentarnos a vivir en un estado que tenga poca posibilidad para ser habitado.

Estamos castigando al macizo boscoso más importante del país junto con Durango y hay intereses que deben ser valorados en términos del impacto. La madera no se volatiliza ni se desaparece, se va a un mercado. La pregunta entonces es ¿Quién regula ese mercado? Tiene que analizarse toda la problemática en su conjunto porque si rompemos los equilibrios tendremos que pagar los precios”, puntualiza.