Orlando Chávez/ El Diario

viernes, 16 octubre 2020 | 06:11

Chihuahua— La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación por Violaciones Graves 38VG/2020 al Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), General Luis Cresencio Sandoval González, al Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y al titular de la Fiscalía General de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, por agresiones en contra de tres personas, una de ellas menor de edad, en hechos ocurrido en el 2009.

Según el organismo existió la transgresión de los derechos a la libertad, integridad, seguridad personal y seguridad jurídica, y al acceso a la justicia de los tres jóvenes, por la detención arbitraria, la retención ilegal y actos de tortura, así como por la violencia sexual, además de que uno de ellos resultó muerto.

De acuerdo con la queja interpuesta por los padres del joven fallecido, el 26 de febrero de 2009, a las 23:45 horas, su hijo y otro menor de edad se encontraban frente a un negocio de comida, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando llegaron entre 45 y 50 soldados a bordo de 7 ó 9 camionetas, preguntando por el menor y subiendo a ambos a la caja de una camioneta.

Añadió que ambas personas fueron trasladadas a instalaciones militares en donde fueron agredidas físicamente para hacerles contestar preguntas sobre un secuestro. El menor de edad precisó que lo golpearon entre varias personas con puñetazos, cachetadas, patadas en la espalda, en los glúteos y en los testículos; lo hincaron y metieron su cabeza “a una cubeta de agua” alrededor de 15 ocasiones y, posteriormente, un militar le colocó una bolsa de plástico transparente en el rostro, mientras era cuestionado sobre un secuestro. El muchacho manifestó que escuchó que también golpeaban a su amigo.

El menor declaró que con motivo de la tortura el joven fallecido relacionó a un tercer amigo, por lo que junto con los militares fueron a buscarlo para también ser trasladado a las instalaciones militares donde fue golpeado. 

El menor refirió que el 27 de febrero de ese año, los elementos militares escucharon en la televisión que la madre del último joven exigía la liberación de su hijo, por lo que decidieron ponerlo a disposición del Ministerio Público ese mismo día, en tanto que los otros fueron golpeados nuevamente por espacio de 20 a 25 minutos.

El menor de edad escuchó a su amigo “como si le costara trabajo respirar”; cinco minutos después “ya no habló” y uno de los militares dijo “este buey ya se murió”. Posteriormente, escuchó una detonación de arma de fuego y logró percatarse que su amigo “tenía el balazo en la frente y un poco de sangre que le escurría del lado derecho de su cara”, más tarde escuchó que sacaron el cuerpo.

Precisó que en la madrugada del 28 de febrero de 2009, sacaron al menor de edad del cuarto para subirlo a la caja de un camión en donde lo dejaron solo y esposado. 

Después de cuatro horas, un soldado se le acercó, le colocó una pistola en la cabeza y abusó sexualmente de él, amenazándolo con matarlo si le decía a alguien lo que había sucedido. Días después lo dejaron en libertad en un terreno baldío a las afueras de la ciudad.

Durante la investigación, la Comisión Nacional acreditó que con el actuar de los elementos militares adscritos al 46/o Batallón de Infantería.

La CNDH consideró que tanto un agente del Ministerio Público Militar y los agentes del Ministerio Público Federal y de Chihuahua, violentaron el derecho de acceso a la justicia en agravio de las víctimas, en virtud de que el agente del Ministerio Público de Chihuahua no informó oportunamente la coincidencia del perfil genético de una osamenta que correspondía al joven fallecido, con los datos genéticos proporcionados por la Representación Social Federal, pese a tener conocimiento de ello. 

En tanto que a los agentes del Ministerio Público Federal de igual forma se les atribuye la inadecuada procuración de justicia en la investigación de los delitos cometidos en contra de los agraviados. 

La CNDH recomendó al Secretario de la Defensa Nacional, entre otras cosas, girar instrucciones para reparar el daño ocasionado al menor y a las víctimas indirectas de los otros dos jóvenes, conforme a la Ley General de Víctimas y colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia que esta Comisión Nacional formule ante la FGR, para que se investigue y determine conforme a derecho la responsabilidad de los elementos militares que participaron en los hecho.

También se solicitó coadyuvar en la investigación para la identificación de las personas que intervinieron en los hechos e impartir a cursos de capacitación en materia de respeto a los derechos humanos.

A la Fiscalía General de Chihuahua, se le está recomendando colaborar con esta CNDH en la presentación y seguimiento de la queja que promueva ante la instancia competente en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, por los hechos. 

ochavez@diarioch.com.mx