Estado

Especial: Las violentan en su hogar y sufren para denunciar

Víctimas de delitos esperan cuatro horas para ser atendidas en la Fiscalía Especializada de la Mujer

Por: Martín Orquiz /
La Verdad/ Especial para El Diario

lunes, 16 septiembre 2019 | 08:38

Para denunciar un delito ante las autoridades estatales, las mujeres víctimas de hechos violentos en la localidad se ven obligadas a esperar cuatro horas.

La situación para las afectadas se agrava por las tardes y durante los fines de semana, cuando el tiempo de espera para que sean atendidas en la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) se extiende y la diligencia puede completarse hasta días después, “por la falta de personal”, de acuerdo con testimonios de víctimas y agrupaciones consultadas.

“No es fácil, cuando ya no aguanté que mi pareja me pegara fui a denunciarlo, pero me dijeron que tenía que esperar, estuve casi mediodía ahí (en la FEM), pero mejor me fui”, cuenta Karina, una mujer de 24 años que pide resguardar su identidad.

El alto número de quejas formales contrasta con el insuficiente personal que tiene la FEM para atender el fenómeno de la violencia, advierte Imelda Marrufo Nava, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres (RMM), un organismo integrado por 10 organizaciones de la sociedad civil que atienden a las mujeres en temas de justicia, salud, educación, desarrollo comunitario, derechos laborales, derechos humanos y atención en situaciones de vulnerabilidad.

De acuerdo con datos oficiales, la FEM en Ciudad Juárez cuenta sólo con ocho agentes del Ministerio Público para recibir denuncias, quienes están repartidos en varios turnos y días y el año pasado se encargaron de recibir más de 5 mil acusaciones por violencia intrafamiliar; 558, por violación sexual, además de los reportes de desaparecidas, casos de abusos sexuales, hostigamientos y sexting, entre otros, que suman varios cientos más.

Esta circunstancia es considerada como grave, sobre todo porque se presenta en medio de un recrudecimiento de la violencia contra la mujer en la ciudad, alertan organizaciones sociales articuladas a la RMM, que cuestionan la condición en las que opera la instancia que debe procurar la justicia para este sector de la población.

En ese contexto, aseguran que algunas víctimas prefieren desistir, agobiadas por las implicaciones emocionales y los riesgos que enfrentan.

En ese caso se encuentra Karina, la mujer que luego de esperar medio día en la recepción de la FEM desistió en su intención de interponer una denuncia contra su pareja por violencia familiar.

El incidente de violencia que sufrió se registró en febrero pasado, pero por el tiempo que se pierde decidió mejor desistir de su denuncia, al menos por ahora, asegura la mujer que reanudó la relación con su pareja.

“Ya no me ha pegado, sabe que si lo hace lo voy a denunciar, aunque tenga que estarme ahí todo el día”, afirma mientras su mirada se pierde en dirección al final de la calle donde está la escuela donde acaba de dejar a sus hijas en el norponiente de la ciudad. Ella es sólo uno de los miles de casos que ocurren en la ciudad.

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Aun cuando reconoce esfuerzos impulsados por la FEM para mejor la atención a víctimas del delito, Marrufo Nava, coordinadora de la RMM, asegura que las mujeres que acuden a presentar denuncias esperan unas cuatro horas, lo cual es mucho tiempo, sobre todo para las que trabajan.

A pesar de esta situación, el personal de la FEM permanece sin incrementarse, dice.

“Todo el tiempo que se tardan para tomar una denuncia no es cosa menor, lo que vive una mujer para presentarla, el tiempo de tomarla, la distancia y además las consecuencias que les puede generar cuando se trata de violencia familiar, como represalias por parte de su agresor”, argumenta la también abogada.

La lentitud de los procesos y la falta de atención es lo que lleva a las mujeres a no presentar denuncias y, por supuesto, a que el sistema de impunidad prevalezca, dice.

Se solicitó una entrevista con la fiscal especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, Wendy Paola Chávez Villanueva, quien se disculpó debido a que se encontraba atendiendo a afectadas.

Sin embargo, personal de la FEM dio a conocer un listado del personal con el que cuentan para atender a las víctimas de violencia en la Zona Norte, que exhibe el rezago denunciado.

De acuerdo con los datos entregados a La Verdad, para investigar la ausencia de personas la FEM cuentan con 10 agentes del Ministerio Público y 11 oficiales; para los casos de violencia intrafamiliar tienen 16 agentes del Ministerio Público y 10 oficiales, mientras que para delitos sexuales tiene 11 agentes del Ministerio Público y 10 oficiales.

Para indagar homicidios se cuenta con 14 agentes del Ministerio Público y 13 oficiales, para el Valle de Juárez son seis agentes del Ministerio Público y cinco oficiales, y en el área de detenidos trabajan nueve agentes del Ministerio Público.  

Los números más bajos de personal están en denuncias, donde laboran sólo ocho agentes del Ministerio Público, en trata (de personas) tiene a tres oficiales, sólo dos trabajadoras sociales y cuatro sicólogas, además de 10 administrativas.

Con esas cifras, afirma Marrufo Nava, se trabaja sólo a la mitad de la capacidad que se requiere.

Además de las condiciones en las que opera la Fiscalía, el Centro de Justicia para la Mujer, que conjunta las instancias gubernamentales que atienden la problemática, funciona con el 50 por ciento del personal que debería tener; eso incide en el tiempo que tiene que invertir una víctima, se informó.

“Yo sé que se ha hecho un esfuerzo muy significativo en el personal que está ahí por dar una mejor atención, inclusive por rebasar los horarios de trabajo, pero el caso es que hay muy poquita gente y al final de cuentas las víctimas, para una cita de carácter sicológico o cualquier otra, tienen que regresar después”, dice Marrufo.

Trabajadoras de la FEM, que solicitaron la reserva de sus identidades porque no están autorizadas a hablar sobre el tema, cuentan que muchas de las afectadas vienen de colonias alejadas a la institución, que se ubica sobre la intersección de la calle Cartagena y avenida Sanders de la colonia San Antonio, en el poniente de la ciudad.

“Vienen desde Riberas del Bravo, de colonias del suroriente, pierden todo el día o se tienen que ir sin completar el proceso, que dura varias horas”, comenta una de las entrevistadas.

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Debido a la situación de violencia que prevalece e incluso crece, el pasado 12 de julio la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) solicitó la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), ante el Instituto Nacional de las Mujeres, diligencia promovida por parte del Colectivo de Grupos Feministas de Ciudad Juárez (Colfemcj).

Quienes son objeto de la demanda para que se active un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres por parte de instancias creadas por el Gobierno, entre estas la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, la Fiscalía Especializada de la Mujer, el Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Chihuahuense de la Mujer, el Instituto Municipal de las Mujeres y el Movimiento Amplio de Mujeres de Ciudad Juárez.

Marrufo Nava comenta que en un lapso de dos a tres semanas habrá una respuesta a la solicitud que comenzó a ser generada desde hace meses ante la necesidad que existe para que los tres niveles de gobierno generen medidas en términos de inteligencia para realizar los programas de protección, pero también para que las acciones sean evaluadas.

“Esa es la única manera en que podamos revertir la tendencia que existe de delitos cometidos en contra de mujeres”, comenta.

La coordinadora de la RMM considera oportuna la solicitud de la alerta porque, en su primera etapa, deberá concluir con una serie de recomendaciones muy claras hacia los distintos órdenes de gobierno, pero también dirigidas a los distintos poderes que existen en Chihuahua.

A esta exigencia de Alerta de Género para la ciudad se sumó el Colectivo de Grupos Feministas de Ciudad Juárez (Colfemcj), que a través de un comunicado denunciaron el disimulo y la negligencia de quienes deben procurar y erradicar la violencia en contra las niñas y las mujeres.

Números rojos: 110 asesinadas

Para medir los delitos violentos cometidos en contra de mujeres, las organizaciones que las defienden crearon el Observatorio Ciudadano Especializado en Género (OCEG) del Sistema Judicial Penal Acusatorio en Chihuahua, a través del cual se obtiene información para medir el fenómeno y sugerir a las instancias de gobierno acciones para enfrentarlo.

El diagnóstico, explica Marrufo Nava, permite obtener datos que les ayudan a trabajar no sólo con la FEM, sino también con el Poder Judicial porque es de suma importancia cómo se están juzgando los delitos, por ello la RMM se vincula desde hace años para insistir que se resuelva desde una perspectiva de género. 

“Lo estamos planteando en la Red y el diagnóstico nos da este tipo de información para poder incidir y generar propuestas para que, desde ese otro poder, se puedan llevar esos procesos”, añade.

Entre los datos consignados en el OCEG con relación a los asesinatos considerados como feminicidios, se indica que del 2014 al 2018 se cometieron en el estado 271; mientras del primero de enero al 31 de julio del 2019 se tipificaron 24 casos con esa característica.

Datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la FEM establecen que desde el inicio del presente año a esta semana son 110 en total las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.

La cifra de muertes de mujeres durante lo que va de este año es superior a la que se registró a lo largo del 2018, cuando mataron a 105 mujeres, establecen datos oficiales.

Los índices del 2019 incluyen 14 mujeres asesinadas en enero, ocho en febrero, nueve en marzo, 13 en abril, 17 en mayo, 15 en junio, 21 en julio, 10 en agosto y tres en lo que va de septiembre.

El OCEG establece que de noviembre del 2017 a diciembre del 2018 fueron 63 mujeres víctimas de feminicidio en Chihuahua, en ese mismo período la FGE detuvo solamente a 17 probables responsables de esos delitos.

Indica que Chihuahua es la entidad con más víctimas de trata con relación a su población femenil con 1.38 mujeres por cada 100 mil, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En segundo sitio se ubica la Ciudad de México con 0.74 víctimas mujeres por cada 100 mil y posteriormente Zacatecas, con una relación de 0.48; pero en términos absolutos, el estado es la segunda con más casos al acumular 27 víctimas mujeres de enero a abril del presente año, mientras que la CDMX registró 34 casos en el mismo período.

Con relación a la desaparición de mujeres, son 164 las que permanecen bajo ese estatus en la entidad acumuladas desde hace años; sobresale la Zona Norte –donde se ubica Ciudad Juárez– con 111, mientras que en Centro son 17, en Occidente 28 y ocho en Sur.

Además, Chihuahua ocupa el primer lugar a nivel nacional en la comisión de violaciones sexuales, de acuerdo con el reporte del SESNSP.

Tan sólo en el primer trimestre del 2019 se registraron 260 violaciones sexuales en el territorio chihuahuense.

De enero a mayo del 2019, indican datos del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo, el estado de Chihuahua ocupó el segundo lugar nacional en llamadas al 911 por violencia de pareja con un total de 13 mil 653.

También quedó en el quinto sitio en llamadas al 911 por violencia familiar con 20 mil 521; con ambos rubros sumaron 34 mil 174 solicitudes de auxilio al número de emergencia en esos cinco meses.

Tras esas intervenciones iniciales de la autoridad, fueron abiertas 4 mil 233 carpetas de investigación, más otras 11 por el delito de violencia de género.

Se suman otras 783 indagaciones por incumplimiento de obligación alimentaria, lo que da un total de 5 mil 027 expedientes formalizados.

Es muy importante subrayar que los distintos programas de atención, de prevención y de coordinación se deben de coordinar, porque lo que ocurre es que se generan acciones muy desarticuladas y eso no nos ayuda, opina Marrufo Nava.

“Creo que el Gobierno se tiene que alinear y no aislar y dividir sus actividades porque al final de cuentas el recurso se pierde”, advierte.

Para la activista también se debe sumar el Gobierno Federal, porque en los meses que lleva la nueva administración nacional existe poca atención al conflicto. 

“Estuvimos en un foro en agosto del 2018, donde hubo promesas por parte Secretaría de Seguridad Ciudadana en el tema de prevención y atención contra la violencia hacia las mujeres y, hasta ahora, no pasó nada”, dice.

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