Estado

‘Fabrica’ Federación delitos a 3 agricultores

Quieren evitar que declaren en caso de pareja acribillada; acusa abogado irregularidades

/ El dictamen del forense determinó que las supuestas evidencias aseguradas por la Guardia Nacional no corresponden a explosivos

César Lozano / Heriberto Barrientos / El Diario de Chihuahua

jueves, 17 septiembre 2020 | 09:43

Chihuahua– Familiares y defensores de los tres agricultores detenidos por la Guardia Nacional acusaron que el Gobierno federal hace todo lo posible por hacerlos aparecer ante la opinión pública como terroristas y evitar a toda costa que declaren como testigos del ataque contra Jessica Silva y Jaime Torres.

Se trata de Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, acusados de portación de explosivos luego de la toma de La Boquilla el pasado martes 8 de septiembre, quienes de acuerdo con su abogado, Gerardo Navarrete, permanecen detenidos en el Cereso de Aquiles Serdán luego de que se abriera una etapa de investigación complementaria que tendrá una duración de tres meses.

La defensa mencionó que por varias vías se presiona al juez Nelson Pedraza para que actúe de acuerdo con los intereses políticos del Gobierno federal para sembrar un delito, a pesar de que, según los abogados de los detenidos, “no hay evidencias de su culpabilidad”.

 Ayer se presentó un dictamen de balística y criminalística emitido por el perito privado Víctor Hugo Vique Gutiérrez, quien aseguró no haber encontrado cargas explosivas ni explosivos en los artefactos que según la Guardia Nacional traían los inculpados, y que, de acuerdo con la defensa de los procesados, “les habrían sembrado al momento de la detención”.

Sorpresivamente, el juez de Distrito Néstor Enrique Pedraza Sotelo reclasificó y vinculó ayer a proceso penal por el delito de acopio y posesión de cartuchos, así como uniformes de uso exclusivo de las fuerzas armadas, a los tres agricultores originarios de La Cruz, que fueron detenidos el pasado 8 de septiembre por elementos de la Guardia Nacional.

En la audiencia, celebrada en el Centro de Justicia Penal federal en Chihuahua dentro de la causa penal federal 186/2020 –que inició ayer a las diez de la mañana y culminó pasadas las 14:00 horas–, se evidenciaron irregularidades en el proceso judicial, en el cual el juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la carpeta de investigación.

Los tres acusados, de entre 37 y 39 años de edad, regresaron al Cereso Uno de Aquiles Serdán.

Navarrete cuestionó la resolución del juez Pedraza Sotelo, debido a que tomó por cierto y como “armas letales” 18 latas de gas lacrimógeno que a decir de la Guardia Nacional traían los acusados al ser detenidos y que supuestamente se habían apoderado ilegalmente luego de la recuperación por parte de los campesinos de la presa “La Boquilla”, en San Francisco de Conchos.

La defensa de los tres agricultores, conformada también por los abogados Carlos Emanuel Aguirre, Hugo Padilla Aguirre y Karla Ríos Gachupín, presentó ante el juez federal el dictamen número 1409/2020 en materia de criminalística balística elaborado por Vique Gutiérrez –cuya copia obtuvo El Diario–, el cual, según narró el abogado, tuvieron muchos problemas para poder obtener, ante los obstáculos que generó la Guardia Nacional en la sede de la avenida Tecnológico.

El dictamen del forense determinó que las supuestas evidencias –aseguradas en la cajuela del vehículo Ford Focus matrícula EKN-8218– de la Guardia Nacional no corresponden a explosivos, de acuerdo con los criterios que se establecen en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y por lo tanto, no corresponden a un factor con el que se les pueda acusar, ya que todo se reduce a cilindros de gas lacrimógeno, que no se encuentran dentro de la clasificación de artefactos de riesgo total.

 “Se puso a disposición para su estudio y análisis un cubeta metálica de color gris con medidas 38.5 x 29.5 centímetros, debidamente embalada y sellada en su parte superior con una tapa de cartón y cinta adhesiva canela…”, se refiere en el dictamen, acompañado de evidencia fotográfica.

Una vez abierta se encontraron las 18 latas tipo contenedor cilíndrico de 11 x 5.5 centímetros y las cuales caben perfectamente en la palma de una mano, además con la leyenda “CM Riot Control CS Defense Tecnology”, asimismo con la especificación de que se trata de un artilugio mecánico utilizado para contener aglomeraciones a base de gases irritantes.

“Estos artilugios tienen una vida útil de cinco años como mínimo y no cuentan con explosivo alguno para su funcionamiento”, estableció el perito Víctor Hugo Vique en su informe.

Puntualizó: “un contenedor de gases irritante o más comúnmente conocido como granada lacrimógena o de humo es considerada como (armas) no letales…”.

Navarrete declaró a El Diario que todos estos estudios fueron presentados, estableciéndole al juez que no son armas peligrosas ni letales y no contienen explosivos, toda vez que son utilizadas recurrentemente por las fuerzas del orden para disuadir manifestaciones y disturbios civiles.

“Nos sentimos muy impotentes porque el juez prácticamente rechazó todos los argumentos que presentábamos, incluso el que no exista un informe de cadena de custodia desde el 8 de septiembre en que los detuvieron y presuntamente les aseguraron las latas de gas”.

El abogado indicó que incluso el juzgador reclasificó el delito, pues anteriormente habían sido apresados bajo el cargo de posesión ilegal de armas y explosivos de uso de las fuerzas armadas.

“Es una total injusticia, las latas de gas lacrimógeno no son artefactos bélicos ni de guerra, le expusimos todas las convenciones y consideraciones legales, pero no las tomó y decidió vincular a proceso a los campesinos de La Cruz, que son gente trabajadora y de bien. Su único defecto fue salir a defender el agua para sus cultivos y sus familias”, expresó. (César Lozano / Heriberto Barrientos Márquez / El Diario)

clozano@diarioch.com.mx