Hérika Martínez Prado/El Diario de Juárez

viernes, 01 julio 2022 | 09:01

Ciudad Juárez.— Cuando Rafael ingresó a Estados Unidos, no sabía que una Corte de Apelaciones había obligado al Gobierno de Joe Biden a reimplementar el programa ‘Quédate en México’ de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), hasta que, después de permanecer dos días detenido, le dijeron: Bienvenido al programa MPP. 

Él es una de las mil 598 personas que han sido retornadas a través de Ciudad Juárez, parte de quienes permanecen todavía albergadas en esta frontera, en donde ayer celebraron que la Suprema Corte de los Estados Unidos falló a favor de ponerle fin al programa que los obliga a regresar a México y esperar aquí su proceso de asilo ante una Corte de Inmigración estadounidense. 

Los MPP, establecidos en la sección 235(b)(2)(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, son una política migratoria instaurada por el Gobierno del expresidente Donald Trump, a través de la cual de enero de 2019 a enero de 2021 retornó a las fronteras mexicanas a un total de 71 mil 036 personas, 22 mil 967 de las cuales contaban con un caso abierto en la Corte de Inmigración de El Paso, Texas. 

El 2 de febrero de 2021, a raíz de una orden ejecutiva emitida por el presidente Biden, se terminó el programa de retorno. Y, con ayuda de agencias de las Naciones Unidas, Estados Unidos les permitió cruzar la frontera a 13 mil 256 personas para esperar la resolución de sus casos de asilo, 5 mil 747 de ellas a través de Ciudad Juárez, entre febrero y agosto del año pasado. 

Pero, tras la orden de una corte federal de apelaciones, el 8 de diciembre dio inicio a la versión 2.0 de la política migratoria de Trump.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), del total de los retornados a Ciudad Juárez 49 han sido mujeres y mil 549 hombres, principalmente originarios de Nicaragua, Cuba y Colombia. 

Nuevos términos tras reimplementación

La reimplementación del programa se dio en acuerdo con México y bajo nuevos términos, como el que los solicitantes ya no serían retornados con citas para hasta un año después, sino que tendrán un proceso completo de espera de aproximadamente seis meses en este país. 

De acuerdo con la información del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), si el solicitante no habla inglés el Gobierno estadounidense le proporcionará un intérprete. Y si tiene miedo de estar en México, “debe comunicárselo a un oficial del Gobierno de los Estados Unidos. Puede hacerlo en cualquier momento cuando esté en los Estados Unidos, incluso durante su procesamiento o audiencias en el tribunal”. 

La OIM proporciona información básica sobre su situación, alimentos, les facilita la realización de una prueba Covid-19 y les ofrece transporte hacia el puente internacional cuando tienen sus audiencias en la Corte de la vecina ciudad. 

Rafael, quien huyó de la persecución del Gobierno cubano, que continúa buscándolo debido a que participó en las protestas en su contra el 11 de julio del año pasado, dijo que cruzó a Estados Unidos a través del río Bravo para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza sin saber que podría ser retornado a México. 

“Me sentí emocionalmente mal”, recordó ayer quien fue retornado a México el 9 de mayo con una cita para el 15 de junio pasado, a la cual acudió pero le pusieron cargos por haber ingresado de manera irregular a Estados Unidos, por lo que dijo haber pedido una prórroga para defender su caso. 

Su nueva cita la tiene para el próximo jueves 14 de julio, aunque espera que la nueva resolución dada ayer por la Suprema Corte le permita ingresar antes al vecino país. 

Después de 12 días en el Gimnasio Municipal ‘Kiki’ Romero fue trasladado a la Casa del Migrante, donde asegura vivir dignamente, pero lejos de su objetivo que es Estados Unidos y con el temor de estar en una ciudad peligrosa. 

“Me trajeron hacia la Casa del Migrante, aquí las personas te tratan bien. Aquí se siente mejor y más elaborada la comida, pero es muy difícil conseguir abogado desde México, he intentado contactar con abogados pero es difícil, muy difícil”, aseguró.  

De acuerdo con Ivonne López de Lara, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Casa del Migrante, actualmente esperan su proceso 22 personas bajo MPP dentro del albergue católico, quienes ayer se enteraron del próximo fin del programa a través de Internet.