César Lozano/ El Diario

domingo, 20 septiembre 2020 | 23:00

Chihuahua, Chih.- Enoel Carrasco Jordán, Presidente del Gran Consejo Supremo Indígena de a Sierra Tarahumara, denunció que el gobernador Javier Corral y María Teresa Guerrero, titular de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas (Coepi), lucran con el fideicomiso de reparación de daño a las comunidades indígenas, formado a partir de los trabajos para construir en aeropuerto de Creel y que a pesar de la denuncia penal que interpusieron en contra del mandatario y la funcionaria, gozarían de impunidad a o largo de la actual administración.

Se trata de 65 millones de pesos que se destinaron desde la administración de César Duarte para la comunidad nativa indígena de la zona, perteneciente a San Elías, Repechique, Los Ojitos y otras comunidades, como reparación de daño al terreno ancestral, recursos que los apropió María Teresa Guerrero al formar la comunidad de Bosques de San Elías - Repechique, la cual no existía y, entre otros intereses, se formó para que la funcionaria pudiera apropiarse de 26 mil hectáreas, según Carrasco Jordán.

La denuncia penal data del 3 de marzo de 2020 y de acuerdo al líder indígena, no ha tenido avance alguno, a pesar de haber recurrido de manera directa con el fiscal César Peniche, con la presidencia del Congreso del Estado, con la Secretaría de Turismo Federal, la Auditoría y con el mismo Presidente López Obrador, quien dijo que solucionaría el asunto pero hasta el momento no ha girado instrucciones para su revisión.

Explicó que los 65 millones de pesos por concepto de reparación de daño se aplicarían en proyectos productivos en las comunidades nativas, y que ellos como San Elías solicitaron la construcción de un Centro Ceremonial, sin embargo, han preferido construir un centro de usos múltiples en la comunidad de Río Oteros, predios particulares de Fernando Cuesta, particular que nada tiene que ver con las comunidades indígenas, cercano a “Petty” Guerrero y al gobernador.

Detalló que a San Elías se le debe retribuir con al menos 40 millones de pesos, pero la titular de Coepi se empeña en manejar el fideicomiso de manera discrecional para favorecer sus intereses personales.

“Nos ha causado muchísimo daño esa comunidad inexistente, Bosques de San Elías – Repechique, no existe, ellos lo han hecho de esa manera para acreditarse 26 mil hectáreas”.

También dijo que la administración actual desapareció 78 millones de pesos que pagó la empresa TransCanadá por el daño ecológico de una franja de 15 kilómetros por 40 metros de ancho en San Elías, por donde pasaría el ducto de El Encino – Topolobampo, recursos de los cuales se han resistido a dar explicaciones.

“Resulta que ahí TransCanada, les dio 78 millones de pesos a la Coepi, a María Teresa Guerrero, para que otorgara en el trayecto del gasoducto El Encino – Topolobampo y ¿en dónde están? No hay ningún recurso, aunado a eso, les dan por supuestos daños que le hicieron a ellos, pero que enrealidad fueron a nosotros, 16 millones de pesos, y todavía no conformes, María Teresa Guerrero y el Gobernador, se unen con la empresa, se ponen de acuerdo, y les dan 11 millones de pesos para la reforestación en las áreas afectadas”, concluyó, señalando que todavía hay varias decenas de millones de pesos que ni e Congreso ni la Auditoría quieren investigar.