Blanca Elizabeth Carmona/El Diario

jueves, 01 agosto 2019 | 18:00

Juárez.- Uno de los funcionarios vinculados a proceso penal por el presunto robo de 2.9 millones de pesos en billetes de depósito propiedad de diversas víctimas, ayer fue inhabilitado para desempeñarse como servidor público hasta marzo del 2020. 

Alejandro E.P., quien había sido declarado sustraído, ayer compareció de forma voluntaria a una audiencia judicial para revisión de medidas cautelares y precisamente una de las medidas cautelares que ordenó el juez de Control Dirceu Ismael Solís Mendoza fue inhabilitarlo. 

Al momento de los hechos, Alejandro E.P., se desempeñaba como secretario del juzgado adscrito a la administración del Tribunal de Control con funciones de jefe de la Unidad de Causa y Gestión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ de Chihuahua). Cargo al que debía haber regresado hace unos días al concluirse la licencia que él solicitó antes de que el presunto robo de billetes saliera a la luz pública. 

Para evitar que volviera al mismo puesto porque como administrador contaría con una clave y podría modificar, alterar e incluso borra evidencia así como estar cerca de los testigos que lo señalan, ayer el juez Solís aceptó la petición del agente del Ministerio Público (MP) en el sentido de inhabilitarlo.

 El juez dijo que también continúan las medidas cautelares fijadas en marzo pasado cuando lo vinculó a proceso penal, que son la prohibición de salir del estado de Chihuahua, acudir a firmar cada mes ante el personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ) y no acercarse a varios funcionarios judiciales que tienen la calidad de testigos, todo para asegurar su presencia a juicio. 

El resolutor dijo que estas cautelares estarán vigentes hasta marzo del 2020, en una audiencia realizada ayer en la segunda sala de la “Ciudad Judicial”. El pasado 23 de marzo Alejandro E.P., fue vinculado a proceso penal por el delito de peculado, junto con él fue sujetado a proceso Jesús Eduardo R.R., quien era escribiente del Tribunal y tenía bajo su resguardo los bienes robados. 

En abril pasado también fue vinculado Julio O.C., mensajero del Tribunal, acusado de haber cambiado los certificados de depósito que presuntamente endosó Espino luego de que el escribiente se los facilitaba. Pero el único al que se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva fue a Jesús Eduardo R.R., a las otras dos personas se les permitió seguir en libertad.

En la acusación formulada por un agente del MP en contra de todos los servidores públicos se señala que Alejandro Espino Portillo firmó mil 81 certificados de depósito por 2 millones 931 mil 554 pesos. 

Al parecer Jesús Eduardo le entregaba los certificados a Alejandro para que él los endosara al mensajero Julio César O.C., y éste acudía a las cajas de Recaudación de Rentas para cambiarlos Alejandro E. P., fue vinculado a proceso penal por el delito de peculado pero en una revisión de segunda instancia realizada hace unas semanas, un magistrado reclasificó la presunta conducta a robo y uso indebido de documentos por servidor público. 

El magistrado también ordenó la revisión de las medidas cautelares, por ello se programó una audiencia para el pasado 16 de julio, pero Alejandro E.P., no acudió y el juez Luis Eduardo Valdez Barrón lo declaró sustraído. 

Ayer de forma voluntaria Alejandro E.P., acudió a una diligencia que se manejó con total hermetismo y que no fue incluida en la programación de audiencias