Luz del Carmen Sosa/ El Diario de Juárez

domingo, 21 julio 2019 | 18:43

Juárez- Juárez es el municipio que registra el mayor número de víctimas del delito de trata de personas en el presente año, establecen datos de la Fiscalía General del Estado (FGE). 

Las estadísticas oficiales, que comprenden los meses de enero a mayo del año en curso, indican que el delito de explotación sexual prevalece por encima de la laboral. Además, las mujeres son las principales agraviadas, revela la Fiscalía.

El pasado mes de enero, el fiscal general César Augusto Peniche expuso que la trata de personas era un tema que avanzaba de manera lenta y no se había respondido como sociedad en la medida de lo necesario.

“Es preciso ver esta temática con perspectiva de género y tutelar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, así como proteger a los que menos tienen, menos saben y menos pueden”, dijo en esa ocasión el servidor público. 

Para mayo, último mes del reporte que concentró las estadísticas oficiales, la representación social no había obtenido una sola sentencia condenatoria por trata de personas. 

Las cifras oficiales obtenidas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, exponen que la explotación sexual y laboral se concentra, al menos este año, en 13 de los 67 municipios de Chihuahua. 

Los datos Según la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.

Recientemente la FGE, a través de la Unidad de Información, da a conocer que del primero de enero del 2012 al 31 de mayo del 2019 fueron iniciadas 114 carpetas de investigación por el delito de trata: 95 correspondieron a la explotación sexual y 19 por explotación laboral. De ese total, 63 fueron iniciadas por hechos denunciados en Juárez, 36 en Chihuahua, 3 en Delicias, dos en Cuauhtémoc, dos en Parral y dos más en Saucillo En Carichí, Belisario Domínguez, Aldama, Meoqui, Camargo, Chínipas y Bocoyna, se abrió una carpeta de investigación por municipio. 

Durante el transcurso de esos ocho años 138 mujeres, 21 hombres y 2 integrantes de la comunidad LGBT fueron víctimas del delito de trata. Actualmente el estado de Chihuahua cuenta con un Consejo para la Prevención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas y Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas. 

Está integrado por 23 consejeros de organismos públicos y privados, de la sociedad civil, así como de instituciones educativas, quienes trabajarán en torno a seis comisiones previstas en la Ley Estatal en la materia: 1.- Atención y Protección a Víctimas, 2.- Capacitación, 3.- Enlace con las organizaciones de la sociedad civil, ONG y de Participación Ciudadana, 4.- Difusión, 5- Jurídica y 6- Evaluación. 

La esclavitud, propiciada por narcotraficantes Las estadísticas excluyen el caso más reciente de explotación laboral detectado por la FGE en campos de cultivo de amapola, en la región serrana del estado, que muestra cómo los hombres son privados de su libertad y obligados a realizar labores de campo en condiciones inhumanas. 

El fiscal general, César Augusto Peniche Espejel explica cómo inició la investigación que derivó en la liberación de 21 jornaleros obligados a trabajar en plantíos de amapola en los límites de los municipios de Ocampo y Uruachi.

“Desde hace varios meses habíamos tenido Información de un campamento, se preparó desde entonces un operativo que duró varios días. Encontramos indicios de la existencia del campamento, incluso alimentos y cobijas, pero no dimos con personas privadas de la libertad. 

Se hizo una búsqueda posterior sin resultados”, dice. “Recientemente tuvimos acceso a una persona que nos dio nuevos datos de dónde estaría ubicado el campamento. Esa persona narra haber estado ahí y haber logrado escapar. 

Se ordena una nueva incursión con la Agencia Estatal de Investigación y en esta ocasión se logra detectar al grupo y rescatar a las personas. Los captores lograron escapar a través de la sierra”, agrega. 

En este caso los delitos que se acreditan son la privación ilegal de la libertad y la trata de personas. Peniche Espejel refiere que por la región donde fueron los hechos y la ubicación del campamento, está involucrado el cartel de Sinaloa, por lo que trabajan en determinar con precisión quienes conforman este grupo. 

Un factor que favoreció a los delincuentes a mantener esclavizados a los jornaleros fue la geografía de los campos de cultivo la sierra de Chihuahua. “La gran extensión de la sierra en Chihuahua dificulta la detección de esa actividad. 

Regularmente la siembra de estupefacientes se da en zonas de difícil acceso donde solo se accede a pie después de varias horas de recorrido. La sierra es inmensamente extensa y hay grandes extensiones de terreno donde solo se llega a pie o a caballo”, detalla.

De momento la representación social no tiene evidencia de que alguna empresa funja como reclutadora de los trabajadores agrícolas a los que les ofrecieron entre 200 a 350 pesos diarios.