Estado

Libres, mayoría de acusados de corrupción

Los funcionarios que han logrado beneficios en los llamados “criterios de oportunidad”, se encuentran libres y/o bajo medidas cautelares de menor peso

El Diario

De la Redacción/El Diario

sábado, 11 julio 2020 | 15:00

Chihuahua, Chih.- Desde que comenzó formalmente la denominada “Operación Justicia Chihuahua” el 27 de marzo de 2017 con la captura del ex alcalde Javier Alfonso Garfio Pacheco, se han ejecutado a la fecha más de 47 órdenes de aprehensión con su respectiva vinculación a proceso, en contra de exfuncionarios de la pasada administración “duartista” así como sobre algunos empresarios.

Sin embargo a la fecha menos de una decena de acusados se encuentran recluidos en prisión sujetos a proceso penal, pues la mayoría han logrado beneficios en los llamados “criterios de oportunidad”, encontrándose libres y/o bajo medias cautelares de menor peso; así mismo otros fueron sentenciados pero gozan de libertad condicional.

La Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que a la fecha han sido asegurados más de 52 bienes dentro de las carpetas de investigación por actos de corrupción, de igual manera se han obtenido ocho sentencias condenatorias.

Entre quienes obtuvieron su libertad, están inicialmente el ex alcalde capitalino Javier Garfio Pacheco el cual aceptó sorpresivamente durante juicio, que cuando era secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en la administración de César Duarte, autorizó la venta de 16 terrenos ubicados en el ejido “Labor de Terrazas” mismos que inicialmente estaban destinados para la construcción de viviendas populares.

Dichos terrenos le fueron vendidos a la empresa denominada “Grupo Industrial y Constructor S.A. de C.V.”, por un monto de 99 millones 151 mil 026 pesos, cuando el avalúo era de 427 millones 840 mil 691 pesos; obtuvo la libertad el 22 de octubre de 2017 al presuntamente colaborar con las autoridades en la entrega de información y pese haber sido sentenciado a más de tres años prisión.

El caso del exdiputado local Fernando Mariano Reyes Ramírez, fue también sobresaliente debido a que logró que el juez local Octavio Armando Rodríguez Gaytán le concediera el beneficio de salir en libertad, aún siendo sentenciado a más de tres años de prisión.

Lo anterior por la acusación de peculado agravado, y donde el exlegislador de Movimiento Ciudadano devolvió la cantidad de 2.4 millones de pesos, que aceptó durante juicio haber recibido como “ayuda” por problemas económicos que enfrentaba y ante lo cual pidió auxilio al exmandatario César Duarte. El 22 de junio de 2017 dejó la prisión.

El profesor Diógenes Bustamente Vela,fue detenido mediante orden de aprehensión el 27 de junio de 2018 y en primera instancia se le acusó por el desvío de 1.2 millones de pesos, ya que durante su encargo en el gobierno “duartista” como funcionario de Educación; en presunta complicidad con Marcelo G. T. y Martha B. realizaron los trámites pertinentes para la compra de agendas edición 2015 como regalo al personal del magisterio, pero no se pudo comprobar la adquisición ni entrega.

Debido a la avanzada edad del político príista (80 años), éste logró evadir la cárcel y fue enviado a su casa; al igual que la ex administradora Martha Patricia B., ésta última depositó durante juicio la reparación del daño por 50 mil pesos y obtuvo al igual que Diógenes la libertad.

La exadministradora de la Secretaría de Educación, Karla Jurado Bafidis, fue la primera mujer detenida en los llamados “Expedientes X” en junio de 2017 y recibió en diciembre de ese mismo año una sentencia de tres años de prisión tras aceptar su culpabilidad en juicio abreviado de participar en el desvió de 246 millones de pesos de recursos públicos a favor del PRI.

Meses después declaró en un medio de comunicación nacional que había sido presionada por la FGE para asumir la responsabilidad; “tuve mucho miedo de pasar 12 años en la cárcel. Yo jamás supe de ese dinero. Estaba a cargo de una oficina, no de la administración de la Secretaría, como lo han presentado”, afirmó.

No fue sino hasta el mes de junio de 2020, cuando el portavoz de la FGE, Carlos Huerta confirmó la liberación de la referida funcionaria tras haber purgado su pena.

Otros de los personajes liberados por la actual administración estatal panista son el empresario Iván Eli Sánchez Jasso (socio del diputado Fernando Reyes) quien también recibió sentencia a tres años de cárcel y el ex secretario de Finanzas de CDE del PRI, Pedro Mauli Romero Chávez, éste último encontrado culpable por los tribunales federales en la comisión de delitos electorales en millones de pesos recibidos de la nómina de retenciones indebidas que se hacían a trabajadores estatales, ambos gozan de condenas condicionales en sus respectivos domicilios.

Entre los casos de mayor escándalo en cuanto a la liberación de personajes involucrados en graves casos de corrupción en la administración pasada, está el del ex secretario de Educación, así como ex titular del Instituto de la Vivienda, Ricardo Yáñez Herrera.

Fue el 22 de agosto de 2019 cuando se le concedió sorpresivamente la libertad, pese a estar condenado a más de cuatro años de cárcel en 2017, al recibir los beneficios de los llamados “criterios de oportunidad”. Se acordó que pagaría la cantidad de 246 millones de pesos como reparación del daño por el desvío de recursos públicos, en varias parcialidades hasta concluir el año 2021, pero a la fecha no se han mostrado las fichas de depósito.

En este 2020, Ricardo Yáñez tendría que haber hecho depósitos a la Secretaría de Hacienda Estatal los días 28 de febrero y 30 de mayo, por las cantidades de 7 y 20 millones respectivamente; pero hasta antes de cierre de esta edición a ninguna autoridad estatal, ni su abogado Hugo Perea Arballo, extrañamente han dado a conocer el cumplimiento de dicha medida a la opinión pública.

Cuando obtuvo Ricardo Yáñez, el 22 de agosto de 2019, Viridiana Molina, representante de la Secretaria de Hacienda, en calidad de víctima, estuvo de acuerdo con el plan de pagos propuesto por la defensa del ex funcionario.

El exoficial mayor del Ayuntamiento, Enrique "Kike" Valles fue otra persona detenida en cumplimiento de una orden de aprehensión el 16 de agosto de 2019.

En la acusación, el agente del Ministerio Público señaló que Valles desvió la cantidad de 2 millones 616 mil 72 pesos, como intermediario, en el proceso de compraventa del edificio Scotiabank del centro histórico en la administración de Javier Garfio.

Fue nuevamente el Juez de Control, Octavio Armando Rodríguez Gaytán quien concedió el benefició de que el político priista enfrentará el proceso en libertad.

Otro de los personajes quien logró librar la prisión tras una dura batalla en contra del Estado, fue el empresario y político coahuilense Alejandro Gutiérrez Gutiérrez alias “La Coneja”, ex secretario general adjunto del CEN del PRI en la presidencia de Manlio Fabio Beltrones.

Tras nueve meses recluido por el presunto desvío de 250 millones de pesos a través de una triangulación desde la Secretaría de Hacienda encabezada por Jaime Ramón Herrera (actual testigo protegido en la administración de Javier Corral), y que fueron destinados a campañas del PRI a nivel nacional en la denominada “Operación Zafiro”; Gutiérrez fue puesto en libertad bajo la medida cautelar de arraigo con el dispositivo legal del brazalete el 28 de septiembre de 2018.

El presidente de la Liga Estatal de Beisbol, Sergio Medina Ibarra, detenido y acusado del presunto desvío de 379 millones de pesos en la pasada administración, fue otro de los beneficiarios a quien se le quitó la prisión preventiva por mandato del juez federal en febrero de 2019 y está actualmente en su casa.

Los únicos exfuncionarios públicos y empresarios que actualmente están en prisión bajo proceso penal en los denominados “Expedientes X”, son; Marcelo González Tachiquín; Alejandro Villareal Aldaz, Antonio Tarín García, Agustín Fong, Guadalupe Medina Aragón, Mayra Julieta V. (viuda de Carlos Hermosillo), Germaín Lezama y el ex auditor Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores.