Estado

Manipularon informes de expediente judicial

Fueron alterados, sesgados y recortados en perjuicio de niña

De la Redacción/El Diario
lunes, 11 noviembre 2019 | 09:29
El Diario

Chihuahua.- Informes rendidos al juez de una causa familiar fueron manipulados en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado, lo que derivó en primer término en que el juzgador les otorgara valor probatorio pleno, al ser emitidos por un órgano auxiliar del propio Poder Judicial, lo que ocasionó una clara desventaja para los particulares que resultaron afectados por esa alteración. 

Esta es una grave anomalía de la que puede ser víctima cualquier ciudadano, ya que por tratarse de un órgano auxiliar en la impartición de justicia, que cuenta con profesionistas especializados en la atención de menores (psicólogos). 

Los informes que emite el Centro de Convivencia, inclusive sus observaciones y recomendaciones, resultan incuestionables para los jueces de lo familiar, y frente a ello el ciudadano que acude en busca de impartición de justicia se encuentra indefenso cuando se presenta una situación como ésta.

 Sobre todo porque el padre o familiar que presenta al menor de edad para una convivencia supervisada no está presente durante su desarrollo y no se le da acceso a los audios y videos, e incluso, porque le se niega el derecho a grabar el momento de presentación del menor, llamado protocolo de abordaje. 

El señor Arturo Rico Pérez presentó grabaciones de audio donde su hija de 6 años de edad se niega a la convivencia con familiares de su expareja, una tía específicamente. 

Dichos audios demuestran que los informes transcritos al juez fueron manipulados en diferentes modalidades a fin de pr e sumi r que el progenitor de la niña la manipulaba para que ella se negara a ver a su pariente. 

Por ello Rico Pérez denunció la manipulación de los informes, abriéndose la carpeta de investigación núm.19-2019-0025514, pues su pequeña hija se ha visto afectada emocionalmente al ser forzada a acudir a esas convivencias, semanalmente, durante 8 meses. 

La pequeña ha manifestado que no recuerda a su tía, según consta en el expediente familiar, del que tienen conocimiento en el Centro de Convivencia, y a cada cita ha insistido a las supervisoras en no querer entrar a la convivencia con la mujer, pero lejos de ser atendida en sus peticiones, haciendo del conocimiento del juez de esta situación, le han dicho a la menor que sea ella la que acuda a hablar con el juzgador. 

Los audios originales -a los que El Diario tuvo acceso- muestran que la niña fue llevada por su padre a las convivencias que ordenó un juez como parte de un proceso judicial en materia familiar, pero ella se negaba o hacía expresiones de rechazo a la medida dictada, habiendo incluso manifestado a las supervisoras del Centro de convivencia que si no entendían que no quería volver ahí. 

Sin embargo, los informes que obran en el expediente judicial seguido en el Juzgado de lo Familiar, fueron alterados, sesgados y recortados, de tal forma que sepresentara como si el padre de la menor inf luyera para evitar que su hija viera a sus parientes maternos sin causa justa. 

Ganó la guarda y custodia definitiva, también la patria potestad Arturo Rico Pérez narró que obtuvo la guardia y custodia de su menor hija -cuyos datos generales se mantienen bajo reserva en apego a las leyes vigentes- luego de un proceso judicial que terminó con la sentencia a su favor. 

Explicó que después de la separación con la madre de su hija, enfrentó problemas para poder convivir con ella, por lo que en el 2014 tuvo que recurrir a un proceso legal para que le permitieran estar en contacto con la pequeña. 

Sin embargo en el 2015, cuando su hija tenía un año y medio de edad, fue llevada sin su consentimiento a los Estados Unidos. 

Ello derivó en un proceso legal por sustracción de menores que terminó en la pérdida de la guardia y custodia de la niña, así como de la patria potestad, derechos plenos entregados al padre. 

A Rico Pérez se le entregó la bebé, en ese entonces, el 2 de septiembre de 2016 en una ciudad de Estados Unidos, haciéndose cargo por completo de ella hasta la fecha. 

Rico Pérez sostuvo que su interés único es el bienestar de la niña y que no está en contra de que, por los medios legales, se fijen convivencias familiares si éstas repercuten en beneficio de la menor; sin embargo señaló que no puede estar de acuerdo en que la niña sea forzada a una convivencia que no desea, como lo ha expresado en presencia del personal judicial especializado en atención psicológica, debido a que no existen vínculos afectivos con la familia materna. 

El padre de la pequeña expuso que la afectación emocional a la niña es inadmisible; y es evidente que forzarla a acudir a tener contacto con personas que no conoce ha afectado negativamente a la menor de seis años. Demandan convivencia 15 meses después Hasta un año y tres meses después de que Arturo Rico quedó a cargo de su hija, los familiares maternos buscaron la convivencia con ella. 

“Antes no se preocuparon por nada. Nadie se preocupó si la niña comía, si iba a la escuela, si estaba bien física y psicológicamente”, declaró. 

Fue la tía de la pequeña identificada como Ema Liliana quien demandó por la via familiar a Rico Pérez para lograr tener convivencias tres días a la semana de seis a 6:30 de la tarde sólo por los medios tecnológicos (videollamadas). 

Ante ello no accedió el padre de la menor por considerar que se ponía en riesgo la estabilidad de su hija, siguiéndose un proceso de recursos y reclamaciones ante la autoridad. 

Fue hasta el 28 de febrero de este año que hubo una resolución en un Juzgado de lo Familiar, para que la menor fuera llevada a convivencia con su tía sólo un día por semana por una hora. Las citas serían en el Centro de Convivencias Familiares ubicado en la Ciudad Judicial, pero desde el inicio la niña mostró nula disposición de hacerlo e incomodidad para aceptarlo, lo que llevó a Rico Pérez a buscar los recursos legales a su alcance para garantizar el bienestar de la niña. El caso llegó a la justicia federal mediante el amparo promovido por Rico Pérez contra la decisión de la justicia estatal de obligar a la convivencia, a pesar de la negativa de la niña. 

Gracias a ello se impusieron nuevas condiciones a la medida de las convivencias. Manipulación de los informes en perjuicio de la menor En los informes rendidos al juez por el Centro de Convivencias Familiares, de los que El Diario obtuvo una copia, puede leerse que la niña ha sido presentada por su progenitor, quien decidió comenzar a grabar audios con su celular de los encuentros realizados con el personal especializado de la justicia estatal para este tipo de casos. 

En el informe correspondiente al 9 de mayo se contiene una absoluta alteración en cuanto al orden de los hechos, pues se asienta que antes de que la supervisora abordara a la menor, su padre planteó diversas cuestiones y que posteriormente la niña se negó a la convivencia, generando la impresión de que la menor fue influenciada por la intervención del padre, cuando la realidad es que fue con posterioridad al abordaje y a que la menor se negó a la convivencia, que el padre habló con la supervisora, y en privado, para plantearle los trastornos que se le causaban a la menor al forzarla a acudir al Centro. 

Cabe destacar que de esas afectaciones a la menor de que se hizo conocimiento a la supervisora, esta no tomó ninguna medida al respecto, pues ni siquiera lo informó al juez de la causa, omisión que resulta grave en perjuicio de la menor, más aun cuando viene de profesionistas especializados en la atención del menor. 

E informes como los de los días 14 de marzo, 29 de agosto, 5 y 12 de septiembre y 10 de octubre muestran discrepancias entre los audios grabados por Rico Pérez -incluso en contra de las peticiones del personal judicial para que no grabara- y las transcripciones entregadas al Juzgado de lo Familiar. 

Hay frases que fueron mutiladas o cambiadas en las transcripciones que entregó el Centro de Convivencias, mediante las cuales la niña se niega a convivir con la tía que ni siquiera conoce. La gravedad de esa manipulación de los informes, consideró Rico Pérez, es que éstos tienen valor probatorio según el Código de Procedimientos Civiles y Familiares, al ser emitidos por un órgano auxiliar del Poder Judicial del Estado. 

Sin embargo no muestran toda la realidad y ello queda en evidencia con la intención, aseveró Rico Pérez, de cambiarle la acusación por la alienación parental. “Parece que no se dan cuenta que la principal afectada es la niña con esa manipulación de informes, cuando es el interés superior del menor lo que deben proteger”, criticó el afectado. 

El padre de la menor señaló que en pruebas psicológicas a la pequeña ha mostrado un desarrollo normal y adecuado para su edad, además de que se niega a la convivencia con las otras personas, lo cual pretende ser forzado por la justicia con el argumento de la protección de los derechos de la niña, algo que está totalmente alejado de la realidad. 

Por ello demandó que realmente se haga justicia y los jueces no se deben engañar con los reportes sesgados que se emiten del Centro de Convivencias Familiares, que en este caso evidentemente fueron manipulados en perjuicio de su menor hija.