Estado
Historial de un abuso

Ni aclaraciones, ni legalización de 'terreno caliente'

Javier Corral se hizo de un predio con décadas de problemas legales

Manuel E. Aguirre/ El Diario

miércoles, 11 mayo 2022 | 08:41

Ciudad Juárez.- A cuatro años de que el exgobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado tomara posesión física de un predio adyacente a una de sus casas en Juárez para ampliar su patio, no lo ha regularizado ante el Registro Público de la Propiedad (RPP).

A la operación inmobiliaria respectiva le antecede un largo historial de irregularidades.

La difusión de esas anomalías por parte de El Diario provocó un torrente de calificativos y múltiples amenazas del exgobernador contra esta empresa y sus directivos.

Interpuso inclusive una demanda por difamación contra El Diario en la Corte de El Paso, Texas, en su calidad de ciudadano estadounidense, pero a la fecha ni aclara a los chihuahuenses esa operación ni la ha formalizado legalmente.

El pasado domingo el Municipio de Juárez interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado contra Corral Jurado por los presumibles delitos de defraudación fiscal y falseamiento en declaraciones, originados justo en la adquisición de ese terreno.

El predio está ubicado en la calle Costa Rica casi esquina con Ignacio de la Peña de Ciudad Juárez. Son 277.64 metros cuadrados localizados pocos metros al sur del cruce con la avenida 16 de Septiembre.

Aún hoy ese predio aparece inscrito a nombre de tres personas ya fallecidas. Al menos uno de los posibles herederos lo ha reclamado por la vía legal. Nunca hubo nombramiento de albacea o proceso legal similar.

La documentación que El Diario ha recopilado desde entonces explica por qué Corral Jurado no puede inscribir ese lote a su nombre ante el Registro Público de la Propiedad.

El historial oficial de la cuestionada propiedad data de 1949, cuando la registró José Pérez Martínez, dueño original, según la escritura pública 846 volumen XII de la Notaría Pública 8.

Al fallecer éste se hizo un juicio testamentario y la propiedad se registró el 11 de noviembre de 1961 a nombre de su esposa, Francisca Muñiz viuda de Pérez, y de sus hijos Elia y Sergio, de apellidos Pérez Muñiz.

A la fecha, el terreno de la calle Costa Rica 179 ya forma parte de la propiedad del exgobernador, pero en la escritura 243 se menciona que, en la actualidad, pertenece a Francisca, Elia y Sergio, cada uno con una tercera parte.

La investigación periodística encontró que Sergio Pérez Muñiz hizo movimientos financieros en la década de los noventas. Por supuestas deudas se reflejaron embargos sobre el 33 por ciento de esa propiedad de la cual era dueño.

Esa tercera parte de dicho predio le fue embargada por un banco el 29 de junio de 1992 por un monto de 26 millones 966 mil 667 pesos (viejos pesos), de acuerdo con archivos del Registro Público de la Propiedad y del Notariado.

Otro embargo contra Sergio quedó registrado días después, el 15 de julio de 1992, por 58 mil 250 dólares, sobre el mismo lote.

Un tercer embargo a dicha tercera parte de la propiedad se detalla en el RPP con fecha de 16 de julio de 1992 a favor de Antonio Nevárez por 61 mil dólares y nuevamente en contra de Sergio Pérez Muñiz.

Los embargos

Debido a estos embargos, El Diario encontró en archivos oficiales del Registro Público que a partir de octubre de 1992 fueron promovidas demandas civiles que obligaron una sentencia de remate de los bienes de Sergio Pérez Muñiz, con fecha 22 de mayo de 1993, por 20 mil nuevos pesos.

De acuerdo con las leyes vigentes, cualquier sentencia en materia civil queda sin efecto en 10 años si no se ejecuta, más aún si se trata de una sentencia derivada de un juicio mercantil, como fue en este caso, donde únicamente tiene vigencia de tres años.

Sin embargo, el remate de dicho terreno se hizo efectivo 25 años después de que un juez así lo determinara, según el expediente.

El primer juicio que le quitó a Sergio Pérez Muñiz su tercera parte de esa propiedad quedó asentado en el expediente 787/92 del Juzgado Cuarto Civil, donde se archivó el caso el 18 de enero de 1999.

La ejecución de esa sentencia había prescrito el 11 de agosto del 2003, según archivos del juzgado.

El Diario encontró que el 14 de agosto de 2018 (casualmente con Corral como gobernador), el dormido expediente despertó, pero ahora en el Juzgado Primero Civil por Audiencias, bajo el expediente E-4 787/92.

El documento refiere que fue notificado Sergio Pérez Muñiz el 22 de agosto de 2018 (como parte demandada) a través de una “recepcionista” que lo conoce “ampliamente”.

No obstante, El Diario descubrió, en un expediente de demanda de juicio testamentario promovido por José Ricardo Castro Pérez, sobrino de Sergio Pérez Muñiz, que este último había fallecido en El Paso, Texas, con fecha 18 de diciembre de 2016, casi dos años antes de que supuestamente fue notificado sobre la reactivación del juicio que embargaría sus bienes.

Otro dato descubierto en la batería de irregularidades es que el remate del terreno en todo caso hubiera contemplado sólo el 33 por ciento de la propiedad que correspondía a Sergio Pérez Muñiz, no sobre el restante 66 por ciento del terreno del cual son propietarias Francisca Muñiz viuda de Pérez y su hija Elia Pérez Muñiz, cuyos nombres no aparecen en ninguno de los embargos con inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

Heredero reclama patio

Luego de que El Diario comenzó a cuestionar públicamente algunos de estos hechos en septiembre de 2019, se conoció que el hijo de Elia –y a su vez nieto de Francisca– José Ricardo Castro Pérez había promovido meses antes un juicio testamentario ante el juez civil de Primera Instancia.

En el expediente 473/19, de fecha 23 de mayo de 2019, en su carácter de nieto, hijo y sobrino de los originales dueños del terreno en cuestión, consta que Ricardo contrató un despacho de abogados a efecto de reclamar los bienes de sus familiares ya fallecidos.

Ante el Juzgado de Primera Instancia por Audiencias, Ricardo menciona que sus ancestros dejaron como acervo hereditario el terreno urbano y finca de 277.64 metros cuadrados en la calle Costa Rica y que aún aparecen como copropietarios bajo la inscripción 87 folio 44 del libro 448 de la sección primera del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, y presentó copia certificada.

José Ricardo solicita en este juicio ser el albacea de ese terreno (ya adjunto al patio del exgobernador), y asegura ser el único familiar directo de los propietarios legítimos del inmueble y, por ende, heredero.

Pagó corral 10 mil pesos

Para apoderarse del terreno con el que agrandó su patio, el entonces gobernador Javier Corral pagó 10 mil pesos el 29 de octubre de 2018 a Ricardo Álvarez Chabre, quien se hizo de esos 277.64 metros cuadrados en una subasta apenas un mes antes de “negociarlo” con el entonces mandatario estatal.

Álvarez Chabre falleció el 25 de marzo de 2020, un año y cinco meses después de celebrar el contrato con Corral, según publicaciones en redes sociales.

El supuesto ganador de la subasta del terreno de Sergio Pérez Muñiz lo obtuvo con una postura legal de 136 mil pesos y lo cedió bajo contrato de promesa de compra a Javier Corral con sólo 10 mil pesos, fijando una futura compra de 200 mil pesos pagaderos a 12 meses.

Pero la subasta ocurrió 25 años después de que se emitió la sentencia de remate sobre dicho predio y pese a que el mandamiento judicial había prescrito en el año 2003, según la información documentada y de la cual Corral no ha dado una explicación a la fecha.

Además, la subasta comprendió el 100 por ciento de la propiedad, incluyendo el 33 por ciento perteneciente a Francisca Muñiz y el 33 por ciento que le pertenecía a Elia Pérez Muñiz, dicen los archivos oficiales obtenidos por El Diario.

Hasta febrero de 2022 no se encontraron datos en el Registro Público de la Propiedad de que ese terreno haya sido adquirido en subasta por Ricardo Álvarez ni algún registro de que pasó a ser propiedad del exgobernador, por lo que sigue a nombre de los Pérez Muñiz.

El contrato de promesa de compra que celebraron sobre ese predio Álvarez Chabre y Corral Jurado fue ante el notario público Ignacio Camargo Nassar, quien al ser entrevistado en su oportunidad por El Diario al respecto no quiso entrar en detalles. Todavía hoy guarda silencio.

Álvarez pidió Que le descontaran el predial

El contrato de promesa de compraventa del cuestionado terreno entre Corral y Álvarez fue celebrado el 29 de octubre de 2018 ante dicho notario público.

En la investigación de El Diario, sin embargo, pudo saberse que un mes después, el 30 de noviembre, cuando se supone ya estaba cedido el derecho del predio al entonces gobernador, el Ayuntamiento de Juárez condonó el 75 por ciento en recargos de impuesto predial.

Según el oficio TM/CJ/5680 de la Tesorería municipal, el descuento se otorgó en respuesta a una solicitud interpuesta por Ricardo Álvarez Chabre.

El Municipio recibió un pago a través de su oficina de Catastro por 20 mil 655 pesos para liberar los gravámenes del nuevo terreno de Corral que se generaron por el impuesto predial de los años 2013 al 2018.

Lo anterior consta en el recibo 28288 y que corresponde al lote urbano con clave catastral 01-034-064-006-0000.

Álvarez Chabre pagaría entonces 136 mil pesos por ese terreno en la subasta, más 20 mil 655 pesos de predial, que suman 156 mil 655 pesos y el contrato dice que vendió en 200 mil pesos el predio a Corral, por lo que únicamente obtendría de esa venta 43 mil 345 pesos en 12 meses que fue el plazo acordado de liquidación.

Según estimaciones de personas dedicadas al ramo inmobiliario, dicho terreno de 277.64 metros cuadrados, que permitió a Corral ampliar su casa, tenía, en 2019, un valor aproximado a 550 mil pesos.

En el contrato de promesa de compra también se especifica que una vez liquidado el impuesto predial del terreno en mención se procedería a hacer el pago correspondiente de la escritura pública para formalizar la compraventa prometida.

Nada. No ha sido protocolizada la compra de ese predio por parte del exmandatario, según recientes actualizaciones consultadas en el Registro Público de la Propiedad, por lo que se habrían estado evadiendo los impuestos correspondientes de esa transacción.

Corral, quien en el contrato con Álvarez se comprometió a pagar en 12 meses los 200 mil pesos del costo del terreno con el que amplió su patio trasero, habría evadido, desde hace casi cuatro años, los impuestos de Traslación de Dominio al Municipio, los derechos al Registro Público de la Propiedad y el Impuesto sobre la Renta, al no protocolizar –por alguna razón– el multicitado terreno, de acuerdo con las fuentes consultadas.

‘Tembló’ la casa de ‘mantequilla’ nápoles

A mediados de 2019, los cuadros del famoso pugilista José Ángel “Mantequilla” Nápoles comenzaron a moverse en el pasillo principal de la residencia de su viuda, Bertha Navarro, ubicada en la calle República de Chile 174.

Casada durante 30 años con el campeón de peso welter, Bertha tiene los retratos de su marido en acción boxística junto con los trofeos de sus 15 peleas donde defendió el cetro, que también comenzaron a temblar por razones

que en ese momento desconocían ella y su hijo Iván Navarro.

Fue este último quien decidió investigar el origen de los ‘minisismos’ y trepó a la barda de su patio trasero para observar cómo maquinaria pesada comenzaba a demoler la finca colindante, cuyo frente corresponde al numeral 179 de la calle Costa Rica.

En entrevista con El Diario con fecha de octubre de 2019, Iván aseguró que la cuadrilla de trabajadores que hacía esos trabajos era de migrantes contratados por una empresa, de cuyo responsable solicitó la presencia.

El jefe de la cuadrilla explicó a Navarro que la urbanización del terreno había sido ordenada por el entonces gobernador, Corral Jurado, cuya propiedad también está adyacente con la casa del extinto boxeador, quien había fallecido meses antes.

Dado que el peso de la maquinaria no sólo producía que su vivienda temblara, sino que ya provocaban grietas en casi todas las paredes, Iván se decidió llamar a la puerta de su vecino, Javier Corral, pero nadie le abrió.

“Buscamos varias veces a los responsables de esa construcción para decirles lo que estaba pasando, incluso nos tiraron escombro hacia nuestro patio y ni eso recogieron, no nos hicieron caso hasta la fecha”, dijo la viuda de “Mantequilla” Nápoles tras ser abordada por El Diario.

Aseguró que la maquinaria pesada hizo cimbrar el piso de su casa durante tres meses en el 2019 y las paredes de adobe lo resintieron, así como recientes remodelaciones que se habían hecho en su vivienda.

“Temblaba el piso a todas horas, incluso mi nieto (de un año de edad) se asustaba cada rato y lloraba en el andador”, comentó la mujer.

Aseguró que en la construcción no se exhibía algún permiso oficial y las camionetas de la compañía constructora tampoco tenían alguna dirección o logotipo, por lo que se vio impedido para dirigirse con el dueño de la constructora para hacer el formal reclamo y exigir un peritaje en la estructura de su vivienda.

“Tenían empleados a puros migrantes, eran cubanos y venezolanos, lo sé bien por el acento, y cambiaban de trabajadores cada semana, como que no les pagaban y se iban”, dijo el hijo del pugilista explicando que nadie respondió por las afectaciones.

Indicó que fueron tres meses donde, desde las 06:00 horas, los despertaban los ruidos de la maquinaria y el taladrar hacia la pared contigua a su vivienda.

“En una ocasión fui y les grité que no fueran abusones, que había gente mayor y niños que se estaban afectando en la propiedad vecina” pero ellos continuaron con la obra, dijo Iván.

Iván se enteró luego por las publicaciones de El Diario, que, efectivamente, el gobernador hizo la urbanización de dicho terreno para crecer su propiedad situada en el cruce de las calles Costa Rica e Ignacio de la Peña.

Cuestionan antecedentes en compra de Vivienda

Ante las publicaciones de El Diario que cuestionan las formas de cómo Corral se hizo del predio rústico para ampliar al menos 14 metros lineales –sobre la calle Costa Rica– el patio de su casa, surgió otro antecedente.

Yolanda Miranda denunció también al entonces gobernador por haberse aprovechado de su madre, Esperanza Miranda Molinar, para que le vendiera su casa en el año 2016.

Yolanda aseguró en entrevista con El Diario que la vivienda de la calle Costa Rica e Ignacio de la Peña, donde actualmente reside el exgobernador, era de su madre, una mujer de 92 años con afectaciones de ludopatía.

Aseguró que Corral fue “trabajando” a Esperanza para convencerla de que le vendiera en un millón 200 mil pesos dicha residencia, cuando al menos tenía un costo de 3 millones de pesos, según estimaciones de Yolanda.

La hija de la propietaria mostró a El Diario un certificado del psiquiatra Alfredo Espinoza, donde consta que Esperanza padecía un trastorno depresivo mayor y demencia senil, por lo que ya no estaba en condiciones de hacer tratos financieros.

No obstante, el entonces gobernador cerró el primero de marzo de 2016 un contrato de compraventa con doña Esperanza, que, a diferencia del predio con el que amplió esa misma vivienda en 2019, sí lo registró en el Registro Público de la Propiedad.

Corral se dijo calumniado... pero no aclaró

Pese a que El Diario puntualizó, con entrevistas y documentos oficiales, cada uno de los movimientos que cuestionan la manera en que Corral se hizo de las propiedades en referencia, el exgobernador se sintió afectado en su reputación y entabló una demanda en marzo de 2020 contra El Diario en la vecina ciudad de El Paso, ya que estimó que su reputación estaba en juego.

Refirió que no había sido buscado en un derecho de réplica, pese a que desde el primer día de las publicaciones que al respecto se hicieron en septiembre de 2019 le fue pedida su opinión en conferencia de prensa, a lo que prefirió salir por la puerta trasera de las oficinas de Gobierno en Ciudad Juárez.

El 22 de septiembre de 2019 varios reporteros, incluyendo a los de El Diario, lo abordaron sobre el tema del terreno que había anexado a su propiedad.

En lugar de informar a detalle, el entonces mandatario estatal se limitó a descalificar la línea editorial de este medio evadiendo los cuestionamientos directos sobre el tema.

Un día después, y tras la insistencia de los representantes de los medios de comunicación, Corral expuso: “No tengan la más mínima duda de que todo lo que he hecho es absolutamente legal y de cara a la sociedad, porque lo he hecho siendo gobernador y puedo acreditar todos y cada uno de los pasos en la adquisición de mi casa”. Se quedó en promesa…

Pidió el PRI investigación

Las informaciones manejadas por El Diario hicieron concluir al entonces presidente estatal del PRI, Omar Bazán Flores, que Corral incurrió en conflicto de interés, “al menos”.

Bazán, actual diputado local, interpuso el 24 de septiembre de 2019 una solicitud de investigación sobre los hechos ante la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Mónica Vargas Ruiz en dicha fecha.

El exdirigente del PRI presentó la solicitud a través de un oficio del cual El Diario obtuvo una copia, según archivos periodísticos.

En el documento, Bazán Flores solicitó textualmente a la funcionaria estatal que “tenga a bien investigar los hechos denunciados en el periódico El Diario y otros medios de comunicación, en los que se hace mención a que el C. Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, donde se adjudicó un terreno de 277.64 metros cuadrados aledaño a una de sus propiedades en Juárez”.

“Dicho predio se encuentra ubicado en la calle Costa Rica #179, entre la 16 de Septiembre e Ignacio De la Peña”. Bazán refirió en el escrito la necesidad de aclarar los hechos que relacionaron al entonces gobernador por interés de la ciudadanía.

Encontró necesario que “se lleve a cabo la investigación correspondiente para determinar la veracidad de los hechos y deslindar de responsabilidades al gobernador, o en su caso, proceder de la manera que lo marque la ley”, dijo Bazán en el documento, mismo que fue sellado de recibido en la SFP.

Debido a que la corralista Mónica Vargas Ruiz no notificó durante la pasada administración estatal algún avance en la posible investigación, o si ésta se abrió, Bazán Flores sigue insistiendo en su postura.

En un escrito con fecha del pasado 8 de febrero, dirigido a la actual secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado, María de los Ángeles Álvarez Hurtado, Bazán solicitó le sea informado el estado que guarda la petición que hizo en 2019.

El priista ha pedido a la responsable de la Función Pública que busque en los archivos de la dependencia y se le informe del estatus que guardaría la posible investigación contra Corral Jurado, ante la posibilidad de omisiones.

El Diario tiene también copia de esta solicitud recibida en la SFP el pasado 10 de febrero del año en curso.

En archivos periodísticos no fue hallado ningún seguimiento por parte de la SFP en la pasada administración, a cargo de Vargas Ruiz, sobre estos hechos. Así ha sido el historial de ese “terreno caliente”.